Luis Fernando Macías, socio de PPU y experto en derecho ambiental, dio sus apreciaciones sobre la creciente demanda de servicios legales ambientales.
Una de las prácticas que más ha evolucionado en los últimos años a nivel global es la ambiental. Esto obedece a una creciente demanda de las empresas en temas relacionados al medio ambiente, siendo un aspecto que atraviesa diversos sectores económicos, según explicó Luis Fernando Macías, socio de la práctica de Derecho Ambiental y Desarrollo Sostenible de Philippi Prieto Carrizosa Ferrero DU & Uría (PPU). Prueba de ello es la facturación anual que obtuvo la práctica, la cual alcanzó aproximadamente US$1 millón.
¿Cuál es el panorama de la práctica ambiental hoy en día?
La práctica del derecho ambiental se ha venido desarrollando bastante en los últimos años. Inicialmente, el derecho ambiental se ejerció como una visión de consultoría y no era muy tenida en cuenta desde el punto de vista jurídico. Hoy, las firmas que han venido abriendo esta práctica se enfocan principalmente en temas de recursos naturales, lo cual es una parte del derecho ambiental, sin embargo, es un tema más amplio.
Teniendo en cuenta lo anterior, ¿Cómo ha evolucionado esta práctica?
La evolución de la práctica ambiental se da, entre muchos aspectos, por los mecanismos de participación ciudadana. Además, la actuación de las autoridades y que Colombia tiene un sistema institucional fuerte ha sido fundamental. Esto ha hecho que las personas y las actividades económicas tengan que, de una u otra manera, entrar en el mundo jurídico del derecho ambiental, sumado también a las exigencias internacionales que ha adquirido el país en este aspecto.
Aunado a esto, son cada vez más las personas que se especializan en este tema porque las universidades han incursionado en maestrías y especializaciones en derecho ambiental.
¿Cómo ha sido el desempeño de la práctica ambiental y desarrollo sostenible en PPU?
La práctica llega por causa de la integración entre PPU y Macías Gómez, una firma que yo tenía y que fue la primera especializada en derecho ambiental. Incorporamos la práctica que teníamos y se ha venido desarrollando. Esta integración supone diversas áreas, pues nuestros clientes van desde los bancos hasta el agro, pasando por sectores mineros, de hidrocarburos, construcción, energéticos y hasta personas naturales. Es una práctica variada, ya que no está enfocada únicamente en los llamados recursos naturales y está extendida a todas las áreas y actividades económicas.
Ya que menciona estas actividades, ¿Cuáles son los retos que tiene la práctica en derecho ambiental frente a estos sectores?
Hemos desarrollado una labor pedagógica junto a todos nuestros clientes. El derecho ambiental no es un derecho transaccional, pues responde al derecho público y se debe entender su evolución global. En ese sentido, nuestro gran reto es que se entienda la dinámica del derecho ambiental en el país. En cuanto al tema penal, es importante que se entienda que a las empresas puede afectarlas, no desde acá, sino desde el exterior, ya que hay una corriente que está proponiendo que algunos delitos ambientales sean considerados de lesa humanidad, vinculándolos a la vida y a la salud. Adicionalmente, es importante puntualizar que el cambio climático va a cambiar muchas de las realidades contractuales del mundo.
¿Qué cifras puede destacar respecto a la facturación que genera la práctica?
El mercado se mantiene estable. Aproximadamente, la facturación anual es de US$1 millón.
¿Cuáles son las proyecciones que tiene PPU respecto a la práctica ambiental?
En primera medida buscamos ampliar la práctica, pero, también, queremos hacer llegar el mensaje de que, hoy en día, el derecho ambiental es transversal. No se puede hacer un contrato si no se tiene en cuenta el derecho ambiental. No se puede comprar una casa o realizar inversiones si no se tiene esta variable en el radar. A medida que se entienda que las transacciones tienen un componente ambiental, la práctica seguirá creciendo.
