Estas son las firmas de abogados más grandes del país en 2022

Por primera vez en la historia, Colombia tiene un presidente de izquierda. Gustavo Petro ganó las elecciones y sus propuestas estaban enmarcadas en un discurso de cambio y transformaciones.

Tras su triunfo y una vez en la Casa de Nariño, inició la implementación de sus propuestas. En apenas mes y medio de mandato, su Gobierno ha lanzado iniciativas transformadoras, revolucionarias, que buscan la equidad, pero también muy polémicas.

Apenas un día después de su posesión, presentó ante el Congreso de la República su primera gran reforma: la tributaria, que busca recursos por 25 billones de pesos y en la que uno de los principales focos es eliminar las exenciones existentes.

Posteriormente se revivió el debate sobre la transición energética y el futuro del petróleo y el carbón, hoy protagonistas principales de las finanzas públicas, las exportaciones nacionales y el desarrollo de regiones.

Las señales para esos sectores no han sido las mejores. En campaña y ahora ante las Naciones Unidas, Petro los comparó con la cocaína; en materia de impuestos, la reforma amenaza –a juicio de las empresas de estos sectores extractivos– su viabilidad y competitividad. Además, el Gobierno impulsó un proyecto de ley contra el fracking y no habrá nuevos contratos de exploración petrolera. Se abrió la puerta a la compra de gas de Venezuela, lo que para muchos pone en riesgo la autosuficiencia energética, y está por verse cuál será el camino de la moratoria a la minería que anunció en campaña el hoy presidente.

En ciernes están reformas a la salud –en medio de un debate por el recorte en el Presupuesto General de la Nación a este sector y el futuro de las EPS–, una iniciativa laboral que busca ajustar los contratos, los horarios y las cargas en los trabajos, y hace pocos días anunció una reforma pensional para garantizar el pago de una mesada de 500.000 pesos mensuales a 3 millones de adultos mayores.

También unas fundamentales, como la agraria y el impacto que tendrá sobre la tierra, a la que se suman las reformas política y a la justicia, entre otras.

“El Gobierno nacional ha propuesto una serie de cambios en diversos sectores y aspectos sociales, económicos y culturales, con el objetivo de encontrar soluciones y ajustes a diversas fallas estructurales, lo cual es muy positivo. Sin embargo, encontramos que entre dichas propuestas algunas tienen mejor justificación y soporte desde lo técnico y otras han sido apresuradas sin medir las consecuencias que podrían traer dichos anuncios, impactando negativamente al país, por lo que es de suma importancia la concertación con diversos sectores sociales y económicos para así concretar puntos de encuentro”, asegura Jaime Herrera, socio de Posse Herrera Ruiz.

Sin embargo, si bien las reformas son transformadoras, para muchos los retos estarán en el día a día, en los ajustes a las normas que hará el Gobierno, en el aumento de algunas exigencias en los trámites y a la velocidad a la que se moverán. También a decisiones sorpresivas como, por ejemplo, el anuncio que hizo el presidente Petro de intervenir la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) para hacer frente al incremento tarifario.

En este nuevo escenario tendrá que moverse ahora el sector legal, cuya dinámica no ha parado, incluso en medio de la pandemia y los bloqueos del año pasado. Deberá monitorear permanentemente los cambios –grandes y pequeños– que tengan impacto en las decisiones de sus clientes, empresas y personas naturales.

“Son varias las reformas que el nuevo Gobierno busca implementar para hacerle frente a la reducción de la inflación, el desempleo y el déficit fiscal. Sin duda el sector legal enfrentará retos en varios sectores: en el laboral relacionados con los cambios en el sistema pensional, la regulación de los contratos de prestación de servicios y modificaciones a la jornada laboral; en el tributario, relacionados con limitaciones de rentas exentas, aumento a las tarifas para ganancias ocasionales, impuestos a las exportaciones de petróleo crudo, carbón y oro, entre otros. En el económico, el sector legal deberá trabajar de la mano con inversionistas ya establecidos en Colombia y con los que busquen establecerse en el país con el propósito de apoyar los nuevos focos de inversión promovidos por el Gobierno. En el ambiental, promoviendo energías limpias y nuevas regulaciones ambientales”, explica Carlos Umaña, socio gerente de Brigard Urrutia, la firma del sector legal más grande del país por su facturación.

Pero el Gobierno apenas está empezando y será necesario decantar algunas de sus propuestas y su viabilidad. “Es prudente esperar el curso de las reformas presentadas y propuestas por el actual Gobierno para poder hacer un análisis del impacto real de las mismas en las diferentes industrias y específicamente en el sector legal en Colombia. Hemos venido avanzando en el fortalecimiento del sector y en escenarios de incertidumbre como el que se genera en momentos de transición como este. Seguimos al lado de nuestros clientes para ayudarlos a avanzar de la mejor manera en los escenarios futuros que se puedan dar una vez aprobadas las reformas”, dice Alejandro Mesa, socio director de Baker McKenzie.

La expectativa es alta y se espera espacio para el debate. “Para la comunidad jurídica es muy importante sentir y reflejar la confianza debida en las instituciones colombianas. Existe mucha expectativa respecto de las grandes reformas que se avecinan y quizás lo más importante es que haya un muy buen espacio de discusión y debate y que el producto final sea absolutamente conforme con los principios constitucionales y democráticos colombianos”, señala Martín Acero, socio director de PPU.

En medio de este panorama de reformas, también se ven las posibilidades. “El presidente Petro ha sido claro en que sus líneas principales de trabajo serán, las reformas tributaria, laboral y pensional, la limitación a la exploración petrolera y la migración hacia energías limpias. Todos estos planteamientos generan oportunidades de trabajo”, advierten desde la firma Muñoz Tamayo & Asociados.

Este tsunami de reformas llega en un momento complejo para la economía. El país, en medio de los vientos de recesión que soplan en el planeta, ha logrado mantener una mayor tracción en el consumo y en la dinámica productiva. Este año tendrá uno de los mayores crecimientos del planeta, llegando a 7 por ciento, gracias al impulso y los vientos de cola que trae desde 2021 y que se mantuvieron en el primer semestre de este año.

Sin embargo, ya empezó la desaceleración. El crecimiento acelerado del costo de vida, con una inflación que no se veía desde hace más de 20 años, la volatilidad del dólar, el anunciado aumento en los precios de la gasolina y el incremento de las tasas de interés (que para este mes puede llegar a doble dígito) le empiezan a quitar brillantez a la economía.

De hecho, ya se empiezan a conocer las proyecciones de analistas para lo que resta de este año y el próximo y las expectativas son complejas. Por ejemplo, J. P. Morgan advirtió que la economía en el país está dando serias señales de desaceleración. Esta firma espera que el año cierre con un repunte del 7,7 por ciento, mientras que para 2023 su perspectiva pasó apenas al 1,7 por ciento.

La desaceleración global afectará las compras y los precios de productos clave para la economía colombiana, como el carbón y, en especial, el petróleo. E internamente, la inflación –que quizá quede a final del año por encima de 11 por ciento– tendrá nuevas presiones como el aumento en el valor de la gasolina, el impacto del invierno en los alimentos –por las cosechas y el transporte–, la volatilidad del dólar, que está por encima de los 4.300 pesos, y la discusión del aumento del salario mínimo.

Además, la incertidumbre por el impacto que pueda tener la nueva reforma tributaria en las personas naturales, que afecte su gasto, y en las empresas, que ponga en espera sus proyectos de inversión, también pesará en el crecimiento de la economía nacional para el año entrante.

Mientras tanto, paradójicamente, los niveles de inversión y negocios se mantienen. Todo indica que es la suma de varios factores: empresarios colombianos que quieren vender, inversionistas internacionales que ven oportunidades de largo plazo en el mercado colombiano, con un dólar que hace los activos más baratos y atractivos, y una reforma tributaria que, independientemente de cómo quede, se aplicará a partir del año entrante, por lo que de aquí a lo que resta del año podría verse un pequeño boom de movidas.

La radiografía

Según Claudia Amore, directora ejecutiva de la Cámara de Servicios Legales de la Andi, la dinámica del sector ha venido cambiando por varios factores que van desde el impulso de la inteligencia artificial hasta la participación de las nuevas generaciones, el cambio en las dinámicas de trabajo generado por la pandemia y las nuevas áreas de práctica.

Algunas cifras lo reflejan. De acuerdo con un estudio de la Andi, en 2021, 715 empresas ubicadas en todo el país integraron el mercado de servicios jurídicos en Colombia y sus ventas alcanzaron 3,04 billones de pesos y presentaron un crecimiento del 19 por ciento, considerando firmas con ingresos operativos superiores a mil millones de pesos.

Las firmas de abogados ubicadas en Bogotá representaron el 90 por ciento de los ingresos generados por el sector y se observa un crecimiento relevante en la participación de las firmas regionales en los últimos años.

Actualmente, dice el estudio, 125.632 personas se desempeñan en servicios legales. “Resulta preocupante el alto nivel de informalidad laboral en el mismo, el cual cerró en 2021 cuatro puntos por encima del ejercicio de 2019 y alcanzando el 49 por ciento. Es importante resaltar que en el sector de servicios legales el principal costo es el de personal”, dice Amore.

En materia de género, se observa que las mujeres que estudian Derecho vienen incursionando cada vez más en el sector. En 1972, las tarjetas profesionales de abogadas representaban el 11 por ciento, y en el último año se presenta un ascenso con un 56 por ciento de graduadas en la carrera.

La oferta de asesoría jurídica en Colombia está combinada por firmas de origen local, que mantienen el liderazgo, y bufetes internacionales que actualmente representan 12 por ciento del mercado, señala el análisis de la Andi.

Los estudios de abogados que ofrecen a las empresas una oferta de múltiples servicios para atender las necesidades de los negocios reportaron un crecimiento del 20 por ciento, lo que presenta un cambio en la tendencia de los últimos años, donde se identificaba una mayor demanda en prácticas concentradas en pocas áreas de especialización.

Desde el punto de vista de compras públicas, el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP) registró que, en Colombia, el año pasado, los contratos por asesorías jurídicas crecieron 36 por ciento en cuantía y 18 por ciento en número de contratos, y se identificó que el 80 por ciento de la contratación pública de servicios legales está concentrada en personas naturales.

“Lo anterior nos muestra que en Colombia existe un mercado muy activo en servicios legales, aportando cada día más en términos de experiencia, formación y conocimiento, lo cual sin duda favorecerá el desarrollo de la industria para los próximos años”, puntualiza Amore.

Mientras el sector legal sigue creciendo, tendrá un nuevo reto: ser el soporte para el entendimiento de las reformas y los cambios que vienen en esta nueva etapa del país.

Esto son los grandes negocios que se pactaron el año pasado en Colombia

Los movimientos en el sector energético y las opa marcaron el ritmo de los negocios durante 2021. Estas fueron las transacciones más destacadas y las firmas de abogados que las asesoraron.

El 2021 fue un gran año para los negocios en Colombia. Conforme se fue recuperando la actividad económica y las restricciones por la pandemia se convirtieron en cosa del pasado, así mismo se reactivó el volumen de los grandes negocios.

Según Transactional Track Record (TTR), durante 2021 se dieron 232 transacciones de las cuales se completaron 195, lo que representa el 84 por ciento. En total, el valor de estas transacciones alcanzó los 13.004 millones de dólares, lo que muestra un aumento del 166,24 por ciento con respecto al año 2020. De las 195 transacciones completadas, 87 fueron de fusiones y adquisiciones, 8 de capital privado, 79 de capital de riesgo y 21 de adquisición de activos.

Como es habitual, las fusiones y adquisiciones tuvieron un gran protagonismo. En el análisis por subsectores se evidencian millonarias movidas en algunos, como tecnología, con 73 transacciones que representaron 1.747 millones de dólares; financiero y seguros, con 40 transacciones que representaron 2.290 millones de dólares; internet, con 27 transacciones que representaron 760 millones de dólares, y distribución y retail, con 23 transacciones que sumaron un valor de importe de 476 millones de dólares.

El sector energético tuvo grandes movidas durante 2021; esto se reflejó en la operación que se quedó con el primer lugar por el precio de su importe. Se trata de la fusión por absorción que llevó a cabo Emgesa sobre Enel-Codensa, Enel Green Power Colombia y Essa. Esta operación tuvo un importe total de 8.915 millones de dólares y contó con la participación de la firma Posse Herrera Ruíz que asesoró al Grupo Energía Bogotá. En la misma operación también participó la firma Garrigues Colombia como asesor de Enel.

En el segundo lugar se ubicó el negocio que quizás tuvo más titulares de prensa, ya que fue considerado como una de las jugadas maestras del Gobierno nacional para conseguir caja sin perder el control de sus compañías. Se trata de la compra de Interconexión Eléctrica (ISA) por parte de Ecopetrol. En el negocio, que tuvo un valor de 3.686 millones de dólares, participó Posse Herra Ruiz como asesora del Gobierno y Baker Mckenzie como asesora de Ecopetrol.

El tercer lugar se lo llevó la compra de la farmacéutica Procaps Colombia por parte de Union Acquisition Corp. Detrás de la movida, que tuvo un importe de 1.125 millones de dólares, estuvieron las firmas PPU como asesores de Procaps y Posse Herrera Ruiz como asesores de Union Acquisition Corp.

En el cuarto lugar se ubica la primera oferta pública de adquisición (opa) del Grupo Gilinski sobre Nutresa con la que se adquirió un 27,6 por ciento de la empresa. La operación, que tuvo un importe de 969,9 millones de dólares tuvo la intervención de la firma Gómez-Pinzón como asesores del comprador Nugil Overseas.

El top cinco lo cierra la opa del Grupo Gilinski sobre Grupo Sura, con la que adquirió el 25,42 por ciento de la firma paisa y que alcanzó un valor de 952,7 millones de dólares; en esta la firma Gómez-Pinzón intervino como asesor legal del Grupo Gilinski.

Si bien durante 2021 se demostró que el temor que tenían algunos inversionistas por cuenta de la pandemia ya es cosa del pasado, con la llegada del nuevo Gobierno el país enfrenta otros retos en materia de fusiones y adquisiciones. En este sentido, se están dando dos fenómenos: el primero es que los jugadores locales están quietos ante la incertidumbre que produce la próxima reforma tributaria y otros factores como el manejo del sector de hidrocarburos en el país, de hecho, muchos estarían viendo cómo venden sus activos.

El segundo fenómeno es el de los inversionistas internacionales, los cuales se pueden ver beneficiados por factores como la tasa de cambio y el afán de los locales por salir de sus activos. Sea cual sea el caso, se espera que en el segundo semestre del año se dé una nueva dinámica, sobre todo teniendo en cuenta que la próxima reforma tributaria aplicaría desde 2023, lo que haría que muchos se decidan a comprar y vender en este año para evitar pagar más impuestos de renta y sobre sus ganancias ocasionales.

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