Las energías renovables, una gran apuesta que aún tiene tareas pendientes

Colombia inició una revolución energética: el desarrollo de nuevos proyectos de energías renovables no convencionales. En tres subastas se adjudicaron proyectos de energía eólica y solar por más de 2.888 megavatios (MW) y más de 3.000 millones de dólares en inversiones. Este ha sido uno de los principales ejes en el proceso de transición energética. Sin embargo, su desarrollo tiene grandes retos. Por una parte, la viabilidad en los puntos de conexión. El caso más evidente es el de la línea Colectora que sacará la energía renovable que se genere en La Guajira. Pero todavía no está en operación; está retrasada por temas sociales y ambientales, y los proyectos no se han podido conectar.

Por otra, en el campo internacional también vienen presiones. Con la tendencia de transición energética y las tensiones originadas por el conflicto entre Rusia y Ucrania, para no depender ni del gas ni del petróleo ruso, los países –en especial los europeos– están acelerando la incorporación de estas tecnologías con lo que se dificulta el abastecimiento y se elevan los precios de los insumos.

Para Juan Pablo Gutiérrez, asociado principal del área de energía y recursos naturales de Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU), actualmente el desarrollo de los nuevos proyectos de generación de energía renovable requiere de un acompañamiento permanente del Gobierno nacional y de un marco jurídico que solucione los eventuales retrasos en la construcción y entrada en operación comercial de los proyectos de generación producto del tiempo excesivo en el momento de surtir la consulta previa y de obtener el licenciamiento ambiental. “De igual manera, se necesita una solución a las líneas de transmisión que se requieren para entregar a los usuarios la energía eléctrica generada por las nuevas fuentes. A modo de ejemplo, el proyecto Colectora 500 kv, que se requiere para transportar la energía que será generada por fuentes eólicas y fotovoltaicas desde La Guajira presenta ya un atraso de más de dos años, lo cual debe ser solucionado”, agrega.

También ahora, en momentos de discusión de la reforma tributaria y cuando se estudia la viabilidad de las exenciones e incentivos, para distintos analistas consultados es clave mantener los incentivos para estas energías renovables no convencionales y los que se han incorporado al sector de movilidad eléctrica. La claridad normativa y la seguridad jurídica respecto de la efectiva y oportuna viabilidad de implementación de los proyectos son retos claves en este desarrollo.

“Existen aspectos esenciales en materia jurídica que constituyen y continuarán marcando la discusión en esta materia. La suficiencia del marco jurídico sectorial para garantizar el desarrollo efectivo y oportuno de la transición energética; la claridad en las regulaciones de manera tal que los inversionistas nacionales y extranjeros puedan implementar los proyectos sin contratiempos, y la mejora en los procesos de licenciamiento y consulta con comunidades, son algunos”, dice José Zapata, de Holland & Knight.

Sin embargo, no son los únicos puntos de discusión. Para Zapata, también hay otros: la oportuna respuesta de las autoridades competentes para atender las dificultades asociadas con la construcción y entrada en operación de los proyectos, de manera tal que no se termine presentando un escenario de ejecución de garantías sin desarrollo de los proyectos; la estabilidad y la seguridad jurídica en cuanto a la normatividad aplicable a los proyectos correspondientes y el entendimiento y la comprensión de los jueces del contexto en una realidad litigiosa. Pero, además, situaciones coyunturales, como la discusión tarifaria están creando otras tensiones que podrían generar riesgos para la sostenibilidad de los proyectos a futuro.

Precisamente, una de las mayores preocupaciones jurídicas está relacionada con el anuncio del presidente Gustavo Petro de intervenir a la Creg, en el caso de las tarifas. “No ha debido llegarse a este anuncio. Es claro que el regulador debe anticiparse de manera más efectiva y oportuna a la realidad del mercado y las condiciones de los consumidores. El anuncio no materializado constituye un marco desafortunado en cuanto a la política en el sector y la seguridad jurídica requerida”, concluye Zapata.

Esta situación podría poner en riesgo la institucionalidad de un sector que logró recuperarse del apagón de 30 años atrás y ha salido fortalecido. También inquietan las tensiones sociales que no solo afectan el desarrollo de los renovables sino también la operación de plantas ya establecidas, como sucedió recientemente con los bloqueos en las vías a la Central Hidroeléctrica de El Guavio y se ha repetido en algunas térmicas. Incluso, algunos consideran que podría desembocar en acciones jurídicas contra el Estado.

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