Una vez más las aguas se revuelven en el mundo pesquero. Este lunes 21 de enero de 2021, las Comisiones Unidas de Pesca y Constitución de la Cámara de Diputados aprobaron en particular el proyecto de ley que busca la anulación de la Ley N° 20.657, ley que incorporó las mayores modificaciones a la Ley General de Pesca y Acuicultura, contenida en la Ley N° 18.892, junto a sus indicaciones, por lo cual el proyecto pasó a segundo trámite legislativo ante el Senado.
Frente a este avance, representantes de la pesca industrial y del sector artesanal del Biobío coincidieron en condenar los hechos de corrupción que en su origen tuvo la norma legal vigente y expusieron sus aprehensiones sobre los riesgos que implica para dichos sectores, así como para la economía regional, el desmantelamiento de este ordenamiento jurídico que pondría en riesgo unos 6.500 empleos directos y más de 11 mil indirectos en la región y a una actividad que es clave en la matriz productiva regional y nacional.
LOS IMPACTOS
Los pescadores industriales del Biobío, representados por su presidenta, Macarena Cepeda, advirtieron que “es importante considerar el negativo impacto para el país y su institucionalidad actual y futura, el permanente impulso parlamentario de proyectos que violan el ordenamiento jurídico, en este caso, la anulación de leyes”.
El país, explicaron, necesita proyección, estabilidad, respeto por las normas y decisiones políticas animadas por el largo plazo y no por la urgencia de réditos cortoplacistas derivados de ciclos electorales próximos. Llamaron al Parlamento “a no seguir torciendo la legalidad vigente y en su lugar, discutir una gran reforma a la Ley de Pesca, de cara a la ciudadanía y de frente a la sustentabilidad y que coloque en valor a todos los actores que participan de la actividad pesquera y no sólo privilegiando a un sector particular de la pesca artesanal”.
NUEVOS DELITOS
Asimismo, reafirmaron su rechazo frente a la corrupción y a los delitos que se asocian a la actual Ley y llamaron a todos los actores a condenar, denunciar y perseguir con la misma fuerza los nuevos delitos del mundo de la pesca: el incumplimiento de las cuotas pesqueras, la pesca ilegal artesanal de la merluza, el robo en las áreas de manejo y las mafias que prestan la logística para toda esta cadena de ilícitos.
Lamentaron el que se haya impuesto una vez más la lógica política y electoral-populista en la regulación de temas pesqueros, como ocurrió en el pasado reciente con la denominada “Ley de la Jibia”, que dejó más de 2.500 personas cesantes y que terminó con la cadena productiva de este recurso, cuando se entregó en exclusiva a las mismas organizaciones artesanales que hoy impulsan la anulación de la Ley de Pesca.
“Nuestro acceso a pescar y mantener el abastecimiento permanente de nuestras plantas es fundamental para nuestra supervivencia. La idea de privilegiar el abastecimiento industrial a través del sector artesanal significará la desaparición de esta actividad que genera empleo, desarrollo y prosperidad a lo largo de toda la costa de Chile, tal como ocurrió con la ley de la jibia. Los graves efectos de esa ley demuestran que las decisiones y cambios en la administración pesquera deben considerar a todos los actores del ecosistema pesquero, de lo contrario solo se precariza a la pesca en su conjunto”, afirman.
Sostuvieron que “parlamentarios de otras regiones, nuevamente ponen en riesgo a la actividad pesquera de esta parte del país motivados por intereses electorales, poniendo en peligro más de 6.500 puestos de trabajo directo y unos 11.500 empleos indirectos en otros sectores de la economía vinculados con la pesca industrial”.
Al respecto, Mario Tapia, abogado socio de PPU y experto en temas de pesca y acuicultura, explica que el proyecto de ley, una vez aprobado, entraría en vigencia publicada la ley que sustituya o reemplace la Ley General de Pesca y Acuicultura (Ley N° 18.892 y sus modificaciones), en un plazo no superior a dos años.
TRANSPARENCIA
El presidente del directorio de Ferepa Biobío, Hugo Arancibia Zamorano, coincide en que “se debe trabajar una nueva Ley de Pesca que regule con transparencia la actividad pesquera del sector artesanal e industrial y que, a la vez, precise, exactamente el rol de la Subpesca y de Sernapesca, estamentos que no han cumplido con su papel de proteger los recursos pesqueros, fiscalizar las prácticas y técnicas de captura, de trabajar por la sustentabilidad de los recursos y junto con ello con la cadena alimentaria de recursos frescos y saludables para la vida de la población. Esto también falló en su contra”.
RESGUARDAR LOS AVANCES
“Creemos eso sí, que debemos ser lo suficientemente cautos en resguardar los avances que la ley actual consagró para nuestro sector; como la generación de la milla de protección para embarcaciones menores de 12 metros de eslora en todo el litoral del país; inculcamos la certificación de las descargas de las capturas para embarcaciones de 12 a 18 metros de eslora; la instalación de un sistema de posicionamiento satelital para embarcaciones de 12 a 18 metros; pago de patentes; seguro de vida obligatorio para el pescador artesanal y por la mantención de los comité científicos y de manejo para la asignación de cuota de pesca, entre otros”, precisó el dirigente de la pesca artesanal.
Junto con ello, señaló que ante la decisión que determine la Cámara de Diputados, y si es que se anula la Ley, se dicte una Resolución Exenta que ampare la práctica de las actividades pesqueras y la actividad pueda continuar. “Nos preocupa lo que va a pasar si se aprueba su nulidad, porque puede desatar la llamada carrera olímpica y nos preocupan las concesiones acuícolas, las áreas de manejo, entre otros temas que pudieran resultar dañados”.
NULIDAD LEGISLATIVA
El abogado Mario Tapia, precisó que la nulidad legislativa no existe (no está en el ámbito de competencias del art. 66 de la Constitución Política de la República, donde se permite aprobar, modificar o derogar un texto legal). Pero sí existen herramientas en el texto constitucional que permiten solucionar los vicios que pudieron afectar el texto legal al tiempo de su formación.
“Como se ha indicado por especialistas en la materia durante la discusión de este proyecto de ley en la Comisión de Pesca primero y luego en las Comisiones Unidas de Constitución y Pesca, el control de los vicios se radica en el Tribunal Constitucional, el que se puede ejercer preventivamente como a posteriori. En consecuencia, pareciera ser, a raíz de las exposiciones y los debates en la Comisión, que las motivaciones para anular la ley 20.657 obedecen más bien a un imperativo de un “deber ser”, pero al margen de toda institucionalidad.
EFECTOS PRÁCTICOS
El nuevo ordenamiento pesquero que reemplazaría a la Ley de Pesca, a la luz de las indicaciones propuestas, parecería ser muy similar al existente, salvo en lo que dice relación con la existencia y vigencia de las licencias transables de pesca y con el fraccionamiento entre los sectores artesanales e industrial. Son las instituciones que más se ha escuchado querer cambiar, eliminar y/o corregir en las exposiciones presentadas en la Comisión.
Mario Tapia, detalla que más allá de los efectos que una ley de esta naturaleza provocaría en el ordenamiento pesquero nacional existe un efecto práctico no menor.
“Si este proyecto fuese aprobado hoy, pero con vigencia en un par de años todos los actos desde su entrada en vigencia hacia atrás adolecerán de nulidad. El problema no ocurre con los actos previos a la aprobación, pero sí de aquellos entre la aprobación de la ley y su entrada en vigencia, pues estaremos ejecutando actos que, a sabiendas, adolecerán de nulidad (contratante de mala fe), por ejemplo, la venta de LTP en el período de 2 años. Lo mismo para los órganos del Estado, que podrían estar ejecutando actos durante ese tiempo a sabiendas que adolecen de nulidad, por ejemplo, en la determinación la cuota global de captura de una determinada pesquería, lo que los ubica nuevamente en una situación de mala fe”, sentenció el experto de PPU.
