«Esto podría implicar que la autoridad no intervenga en la aprobación o que pueda ser menos rigurosa [la aprobación], porque estamos hablando de un porcentaje pequeño de la empresa [..] [Además] Si se aprueba, estos trabajadores se quedarán sin indemnización», resalta Katy Noriega, asociada senior del estudio Philippi Prietocarrizoza Ferrero DU & Uria.
El riesdo que se correría con esta medida es que, al momento de negociar una contratación, una empresa pueda exigirle a los trabajadores que acepten que se paguen las gratificaciones de una manera específica. «[Los empleados] van a tener menos posibilidad de negociar con el empleador. La empresa puede ser muy clara [al decir que] pagará el salario y las gratificaciones de esa manera y sería un «tómalo o déjalo» para el trabajador», afirma Noriega.
