Si bien existe un problema de incumplimiento de plazos, la reorganización del Senace ha despertado más dudas que certezas en torno a su motivación.
El proceso de reorganización del Servicio Nacional de Certificación Ambiental (Senace), ordenado de forma súbita por el Ejecutivo, podría desembocar en una pérdida de credibilidad sobre sus decisiones vinculadas a la viabilidad de diferentes proyectos de inversión. Si bien la entidad arrastra un problema de incumplimiento de plazos, la decisión de reorganizarla por completo ha generado incertidumbre sobre el futuro de su autonomía.
El fin de semana pasado, el Ministerio del Ambiente (Minam) decretó una reorganización del Senace por 90 días, proceso que estará a cargo de una comisión integrada por funcionarios del Minam y el Senace. El principal motivo del sector para tomar la decisión fue el infrecuente cumplimiento de los plazos en la evaluación de los Estudios de Impacto ambiental (EIA). “Desde el 2016, sólo el 14% de los EIA evaluados por Senace fueron aprobados dentro del plazo legal [156 días hábiles para los EIA detallados]”, afirma el ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro, en entrevista con SEMANAeconómica.
Desde su creación, en el 2015, el Senace asumió la evaluación de los EIA de minería, electricidad, hidrocarburos, transportes, agricultura y residuos sólidos, pero luego asumió los de vivienda y construcción, y saneamiento. Y aún están pendientes los de industria y pesca. “Hace un gran esfuerzo para cumplir. Lo que pasa es que cada vez más sectores van siendo llevados al Senace. Entonces, se complica internamente”, dice el socio de Ambiental de CMS Grau, Vito Verna. “No tienen un plazo corto. Habría que buscar cómo acercar a la administración del Senace a la posibilidad real de cumplirlos. Puede ser con mayor cantidad de personal, así como mejorar la información [requerida] en los EIA”, agrega Julián Li, socio del área de Medioambiente y Desarrollo Sostenible de Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría.
Además de las dilaciones, la sustentación del decreto alude a que “muchos de los estudios presentados [a Senace] carecen de idoneidad”, lo que incrementa la cantidad de revisiones y, con ello, los plazos para culminar la evaluación de los EIA. “La demora en esos casos no es atribuible a Senace, sino a los estudios deficientes. El pedido de información complementaria es porque la presentada no es suficiente”, sostiene el exviceministro de Gestión Ambiental, José De Echave.
En ese sentido, en el 2018 la OCDE advirtió que el Senace no sólo debía ser ágil, sino también independiente. Por el contrario, en el último tiempo la institución ha mostrado una debilidad institucional recurrente, debido a la constante rotación de su directorio. Sólo este año hubo tres directores distintos de la institución, además de un concurso público para asumir el cargo que fue declarado desierto. Una situación que, en el marco de la reorganización, podría ser aprovechada con motivaciones políticas. “El riesgo es la pérdida de autonomía de una entidad que ha mejorado los procesos de evaluación de los EIA”, advierte el exministro del Ambiente, Gabriel Quijandría. El ministro Castro, por su parte, niega esa posibilidad. “La Comisión va a establecer los nuevos instrumentos de evaluación necesarios [que se deben adquirir] para que los evaluadores puedan ser más eficientes. El sindicato nos lo ha pedido”, argumenta.
Ahora, el éxito del proceso dependerá de que se siga un camino técnico para actualizar los instrumentos. “Al final, si el producto que saca Senace no es uno creíble para la sociedad, que no te genere conflicto, se va a seguir retrasando”, concluye Verna.
