Iniciativa aprobada por el Congreso de la República exige que los planes de ordenamiento territorial sean aprobados por la PCM antes de ser ejecutados.
El gobierno central tendrá una hegemonía más fuerte en el nuevo Sistema Nacional de Ordenamiento Territorial (Sinadot), cuya ley de creación acaba de ser aprobada por el Congreso con una serie de importantes modificaciones a la propuesta formulada por el Ejecutivo en agosto del 2023.
El dictamen aprobado señala que los gobiernos regionales elaborarán y aprobarán los planes de ordenamiento territorial que corresponden a sus jurisdicciones, en línea con los criterios que fije el Sinadot. Así, definirán qué procesos productivos se pueden realizar en un territorio. Dichos planes, sin embargo, serán elevados a la PCM, que deberá emitir una opinión previa para su ejecución final.
La propuesta del Ejecutivo no contenía esta disposición. Mediante cartas enviadas al Congreso, gremios como Confiep, Comex y la SNMPE han alertado de esta situación, así como la superposición de funciones entre los distintos niveles de gobierno que planteaba la norma. Entre los cuestionamientos se señala que los gobiernos subnacionales tengan la facultad de priorizar inversiones. “Este nivel de incertidumbre comprometería la predictibilidad que las empresas necesitan tener al momento de tomar sus decisiones de inversión”, dice la carta de Comex, que sugirió tomar medidas para evitar decisiones arbitrarias de los gobiernos subnacionales.
La centralización de la aprobación de cada plan de ordenamiento regional en la PCM generaría mayor carga burocrática, advierten expertos consultados. La institución no tendría la capacidad de revisarlos todos al mismo tiempo. “Tendríamos planes aprobados regionalmente, pero dormidos en el Ejecutivo. La mayor limitación es esta noción de opinión previa sobre los planes de ordenamiento”, sostiene Raúl Molina, exviceministro de Gobernanza Territorial de la PCM.
La PCM deberá coordinar con cada una de las instituciones que forman parte del Sinadot antes de emitir su opinión sobre los casos. “Los planes tendrán alrededor de 15 reglas sectoriales a la vez. La PCM tendrá que ir a esas 15 entidades antes de aprobar, lo que elevará la burocracia. La PCM es el rector del Sinadot, pero no le quita rectoría a cada sector”, dice José Luis Gargurevich, exconsultor de la PCM.
Finalmente, podría darse un conflicto de competencias entre los distintos niveles de gobierno y entre las entidades públicas. “Para que la PCM otorgue el visto bueno, previamente los sectores van a tener que confirmarle. Todos van a querer opinar. No es como en la primera versión, en la que no se necesitaban todas las opiniones”, agrega Gargurevich.
Otro cambio de la versión final de esta ley es la eliminación del carácter vinculante del ordenamiento territorial. Así, podrían limitar su efectividad en casos específicos. Por ejemplo, si los funcionarios de un Gobierno Local aprueban la licencia de uso de tierras a una empresa minera en un territorio donde no se puede realizar dicha actividad. “La ley dice que el ordenamiento territorial no asigna uso ni excluye usos, sin mayor explicación ni detalle. Eso puede desencadenar en que los actores no entiendan para qué se hace el ordenamiento territorial si no será vinculante”, remarca Molina.
Por otro lado, la iniciativa aprobada tampoco es explícita sobre cómo los planes de desarrollo urbano sostenible que realizan las municipalidades distritales se vincularán a los lineamientos del Sinadot. “No queda claro cómo se van a ejecutar o relacionar operativamente estos planes que ya fueron aprobados por la ley de desarrollo urbano. Es como si la norma se hubiera aprobado sin considerar el marco anterior”, cuestiona Luis Aliaga, asociado principal en Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría.
