El MEF ha puesto la mira en la compra y venta de certificados de inversión en Obras por Impuestos (OxI). Pero una eventual regulación excesiva podría frenar el avance del mecanismo.
A raíz del auge del mecanismo de Obras por Impuestos (OxI), que alcanzó récords de adjudicación en 2024 e impulsó el mercado transaccional de los certificados de inversión pública obtenidos por las empresas, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) buscará ahora transparentar estas operaciones.
La iniciativa propugna darle trazabilidad a los certificados de inversión pública y mitigar riesgos como el lavado de activos a través de una plataforma digital creada con la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), pero existe la posibilidad de que una excesiva regulación y/o burocracia en la plataforma termine por ralentizar el avance del mecanismo de OxI. “Si la plataforma aporta transparencia y es sencilla, será positiva. Si genera sobrecostos, puede detener el mecanismo”, advierte el socio de infraestructura de Cuatrecasas, Aldo Reggiardo.
En 2023, una modificación a la Ley de OxI habilitó la negociación de los Certificados de Inversión Pública Regional y Local (CIPRL) y del Gobierno Nacional (CIPGN). Estos documentos, que certifican la inversión privada en proyectos OxI, funcionan como crédito fiscal contra el Impuesto a la Renta y disminuyen el monto a pagar por este tributo.
Actualmente, algunas empresas financistas de OxI que buscan liquidez optan por vender los certificados descontando su valor nominal. De esta manera, un certificado con valor de S/100 se puede transar por S/98. El problema para el MEF es que la cantidad de transacciones de estos certificados hoy resulta desconocida. “Tanto empresas como entidades públicas nos han manifestado la necesidad de contar con mayor trazabilidad en la información relacionada al mercado de los CIPRL y CIPGN para evitar barreras que impidan su circulación eficiente”, informó ProInversión a SEMANAeconómica.
Desde un punto de vista económico, los referidos certificados funcionan como títulos de crédito. “Cada vez que hay un activo cuyo valor puede llegar a ser significativo y cuya transferencia es muy sencilla (sólo se necesita endosar en la página electrónica del MEF), hay un riesgo de que haya una movilización de fondos que cubran no sólo operaciones legales, sino ilegales”, dice el Tax Services Partner de EY Perú, Manuel Rivera.
Esta falta de trazabilidad abre la puerta a que, por ejemplo, una empresa dedicada al lavado de activos pueda adquirir un certificado valorizado en S/100 por S/98 y revenderlo posteriormente a S/99. “La transparencia es necesaria para que el mecanismo no sea desvirtuado”, afirma el socio de Phillipi, Prietocarrizosa, Ferrero, DU & Uría, Ronald Fernández Dávila. Esta revista contactó al MEF para obtener más detalles sobre la iniciativa, sin respuesta al cierre de esta edición.
