“…El momento político y cultural (irrupción de la Inteligencia Artificial) es propicio para abordar esta reforma. Los recientes cuestionamientos transversales a casos de corrupción o abuso de licencias médicas han generado un clima favorable para discutir una modernización del empleo público. Es una oportunidad que debe ser aprovechada antes de que nuevas urgencias desplacen el tema de la agenda”.
El sistema de empleo público en Chile arrastra una severa inconsistencia entre sus principios fundacionales y las necesidades actuales de un Estado al servicio de la ciudadanía. Lo que fue diseñado en un contexto que buscaba proteger la carrera funcionaria frente a vaivenes políticos ha terminado por generar estructuras rígidas que limitan su capacidad de adaptarse. Al mismo tiempo, la proliferación de mecanismos transitorios, como el abuso de las contratas y la proliferación de los honorarios, ha creado nuevas zonas de precariedad e inequidad dentro del propio aparato estatal.
Las recientes controversias por el uso irregular de licencias médicas, el abuso de las horas extras o los debates en torno a la doctrina de la “legítima confianza” han vuelto a poner el tema en la agenda. Se trata de síntomas de un problema estructural que hace tiempo amerita una reforma integral.
El Estatuto Administrativo vigente, que data desde 1989, es una normativa anacrónica para los desafíos de una administración pública moderna. Las inamovilidades, los sistemas de calificación ineficientes, las bonificaciones mal diseñadas y los incentivos poco alineados han terminado por obstaculizar el desarrollo de una función pública ágil, profesional y obviamente centrada en el servicio a las personas.
Frente a este diagnóstico, es tiempo de discutir seriamente un nuevo régimen de empleo público. Una de las opciones es avanzar hacia un sistema basado en el Código del Trabajo, aunque con adaptaciones: reforzamiento de los deberes y prohibiciones propias de la función pública, fortalecimiento de las normas sobre probidad e integridad, y mantenimiento de ciertas incompatibilidades y abstenciones (conflictos de interés) necesarias para resguardar la ética administrativa.
Al mismo tiempo, se eliminarían diferencias innecesarias con el sector privado, como la duración de la jornada laboral, y se aprovecharían normas ya aplicadas de hecho en la administración, como las que protegen la maternidad. No hay que olvidar que el Código del Trabajo opera hoy expresamente como derecho común en las relaciones laborales, complementando al estatuto en materias no reguladas. Existen precedentes en Chile de este tipo de esquemas híbridos, como en el Servicio Nacional Forestal, la Corporación de Asistencia Judicial o el Consejo para la Transparencia.
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