Frente al auge en el consumo de contenidos digitales a través de internet, existe una discusión respecto de quién debe asumir los costos asociados a la infraestructura que soporta las conexiones que nos permiten disfrutar los contenidos y aplicaciones que hacen parte de nuestra vida digital.
El debate respecto del fair share o “contribución justa” pone en tensión los intereses de los operadores de telecomunicaciones y las plataformas digitales. Esta propuesta pretende que las grandes plataformas digitales que generan el mayor tráfico en internet paguen una tarifa a los operadores de telecomunicaciones por el uso de sus redes. Esta medida ha sido impulsada bajo el argumento de que estos operadores asumen grandes costos para mantener y expandir la infraestructura digital, mientras que las empresas tecnológicas son las que se benefician de la red sin aportar directamente a su expansión o mantenimiento. En esencia, el fair share busca asignar de manera más equitativa los beneficios económicos generados en el entorno digital, con el fin de fomentar inversiones en infraestructura y contribuir al cierre de la brecha digital.
Entre los argumentos a favor se destaca que esta medida podría fortalecer la infraestructura de telecomunicaciones, permitiendo tanto inversiones en tecnologías emergentes como 5G y fibra óptica, así como en proyectos de inclusión digital. Sin embargo, también se advierten riesgos. Una implementación inadecuada podría desincentivar la innovación, generar barreras de entrada para nuevos actores, trasladar costos a los usuarios finales y afectar la neutralidad de la red.
Desde hace algunos años, la discusión sobre la contribución justa ha estado a la orden del día en varios países y, por el momento, solamente Corea del Sur ha establecido esta tarifa. Colombia no ha sido ajena a este debate. En septiembre de 2025, la CRC publicó un estudio denominado El rol de los servicios OTT en el sector de las comunicaciones en Colombia – 2024. Este documento contiene conclusiones relevantes sobre la relación entre el tráfico en internet y la inversión en infraestructura, las dinámicas entre los diferentes actores del ecosistema digital y los efectos simbióticos de estas interacciones.
Respecto de la contribución justa, la CRC concluye que, si bien las plataformas OTT concentran una porción significativa del tráfico, no existe evidencia técnica que justifique cobros por el uso de la red. La CRC destaca que el tráfico en internet sigue creciendo, pero que la tasa de crecimiento se ha desacelerado sustancialmente: en 2021 alcanzaba tasas de crecimiento superiores al 100 %, mientras que en el último trimestre de 2024 la tasa de crecimiento bajó hasta el 10 % respecto del mismo periodo en 2023. Según la CRC, esta realidad desvirtúa el argumento de que exista un riesgo de congestión inminente de las redes.
Así pues, la CRC considera que, en el caso colombiano, actualmente no existen fundamentos técnicos ni económicos que justifiquen la implementación de un esquema de contribución justa en el corto plazo. No obstante, reconoce la importancia de continuar el análisis y promover un diálogo entre todos los actores del ecosistema digital, con el fin de diseñar políticas que respondan a los retos actuales del mercado colombiano.
Dada la relevancia de los servicios digitales, cualquier medida regulatoria que, como la contribución justa, pueda alterar el funcionamiento del ecosistema sin que se hayan comprobado fallas de mercado, debe surgir de un proceso concertado entre el Estado, las plataformas digitales y los operadores de telecomunicaciones. La ausencia de este consenso podría derivar en medidas desproporcionadas, con efectos adversos sobre la dinámica del ecosistema digital y el acceso abierto a los contenidos infinitos en internet.
