Desarrollar proyectos que involucran predios fiscales sigue siendo un camino lento y costoso. Para gestiones que debieran resolverse en semanas, hoy se requieren meses o años, con un esfuerzo desproporcionado para obtener información básica que, en pleno 2026, debiera estar ordenada y disponible.
La raíz del problema es conocida por cualquiera que trabaje en minería, energía o infraestructura: la magnitud y dispersión de la información predial fiscal y la falta de un catastro único, actualizado y confiable. Nadie, ni siquiera el propio Estado, puede afirmar con certeza cuántos y cuáles derechos existen sobre un área determinada, si el Fisco sigue siendo el dueño en su totalidad, qué gravámenes están vigentes, qué terceros podrían verse afectados o cuál es el marco de compensaciones o indemnizaciones históricamente aplicado en la zona. Para dilucidar lo hay anterior hay que echar mano a inscripciones eternas, anotaciones marginales ininteligibles y expedientes que viven en oficinas y formatos distintos. El resultado es predecible: incertidumbre jurídica, sobrecostos transaccionales y proyectos que pierden tracción.
La buena noticia es que la solución no requiere inventar nada exótico. Bastaría con una decisión política para (i) catastrar integralmente los predios fiscales, (ii) centralizar, estandarizar e interconectar los registros relevantes y (iii) poner esa información a disposición, con niveles de acceso y resguardo adecuados. Un registro único y público, con capas georreferenciadas, estado de dominio, cargas, derechos constituidos o en tramitación, restricciones sectoriales y trazabilidad de avalúos y compensaciones, reduciría drásticamente la asimetría de información, ordenaría expectativas y evitaría la reinvención de la rueda en cada proyecto. No es solo eficiencia: es transparencia, competencia y mejor uso del patrimonio fiscal.
Sobre las servidumbres en particular, no soy partidario de eliminar su tramitación ante tribunales. El control judicial cumple un rol: asegura debido proceso, ponderación de afectaciones y proporcionalidad en la cuantía. Pero el proceso debe ser más expedito y predecible. Una vía razonable es que los tribunales oficien a una única institución técnica encargada del catastro unificado que consolide, valide y entregue toda la información relevante del área impactada: dominio, gravámenes, servidumbres comparables y parámetros de valorización utilizados. Con esa base objetiva, las partes litigan sobre lo que importa: procedencia, extensión y cuantía, con incentivos claros para llegar a acuerdos y con tiempos sustantivamente menores.
Hay, además, espacio para estandarizar. Fichas técnicas por tipo de infraestructura y ecosistema, bandas de referencia para valorizaciones según impacto y guías de buenas prácticas para mitigaciones y servidumbres complementarias, todo sustentado en datos públicos y auditables. Esto no reemplaza el juicio; lo hace más informado y menos errático. Y, de paso, alinea a las autoridades sectoriales y a Bienes Nacionales con un mismo lenguaje, evitando requisitos redundantes que solo encarecen y dilatan.
Modernizar la administración de predios fiscales es, en definitiva, una política proinversión y pro Estado. Reduce la discrecionalidad, eleva los estándares y acelera proyectos sin debilitar controles. Si sabemos dónde estamos parados, discutimos mejor, transamos mejor y decidimos mejor. Lo demás es seguir pagando la ineficiencia como si fuera un impuesto inevitable.
