Dos proyectos de ley de Perú Libre y Avanza País buscan establecer desde el Congreso parámetros para la revisión del sueldo mínimo. Pero, de aprobarse, transgredirían facultades actualmente exclusivas del Consejo Nacional del Trabajo.
Mientras la discusión en torno al aumento de la Remuneración Mínima Vital (RMV) avanza en el Consejo Nacional del Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE), en el Congreso avanzan a la par dos iniciativas legislativas que podrían transgredir facultades actualmente exclusivas de dicho Consejo, en materia del sueldo mínimo.
Uno de los proyectos, presentado por la congresista María Agüero (Perú Libre), propone que el Ejecutivo revise y determine anualmente el monto de la RMV, considerando variables como el costo de vida, la inflación, la productividad y las “necesidades de los trabajadores”, entre otros.
La otra iniciativa, impulsada por el legislador Alejandro Cavero (Avanza País), también busca establecerle parámetros al Ejecutivo. Para ello, propone que la revisión del monto de la RMV se lleve a cabo cada dos años. “Los aumentos de sueldo mínimo coinciden con períodos de baja aprobación presidencial. No suele ser una decisión técnica”, argumenta Cavero.
Al margen de las diferencias, ambos proyectos congresales invaden una facultad que actualmente es exclusiva del Ejecutivo, en coordinación con los trabajadores y los empleadores. La Ley N°28318 establece expresamente que es competencia del Consejo Nacional del Trabajo —que, a su vez, es un órgano consultivo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo— regular las remuneraciones mínimas. En ese sentido, el abogado laboralista Jorge Toyama considera que el Congreso debería limitarse, como máximo, a “establecer que, cada dos años, las partes sociales lleguen a un acuerdo”.
El Consejo Nacional del Trabajo debe presentar su informe técnico sobre el posible aumento de la RMV, a más tardar, el 24 de septiembre. Al respecto, tanto ComexPerú como la Cámara de Comercio de Lima —gremios que participan en el CNTPE— consideran que cualquier iniciativa que busque actualizar el sueldo mínimo debe nacer de dicha instancia y no de un poder del Estado. “Si la presidenta Dina Boluarte sigue con esos márgenes de desaprobación, va a buscar en esto una herramienta”, advierte Alicia Jiménez, asociada de Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría, quien considera que el Ejecutivo debería liderar la discusión, sin que eso suponga necesariamente un alza del sueldo mínimo.
