El súbito giro de timón visto en la postura del Ejecutivo sobre la reforma de APP escondería una historia de tensión y pugnas al interior del gabinete, en la cual el nuevo titular del MEF logró imponerse.
El desarrollo de proyectos de infraestructura mediante la modalidad de acuerdos de Gobierno a Gobierno (G2G) ha vuelto a ser la principal prioridad de la presidencia de Dina Boluarte y de la gestión del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), ahora bajo el mando de Raúl Pérez-Reyes. Ello como parte de un repentino giro de timón del gobierno —puesto en evidencia al observar la autógrafa de la ley de reforma de las Asociaciones Público-Privadas (APP)—, que viene precedido por una serie de desavenencias entre carteras clave del Gabinete Ministerial, de las cuales pudo tener conocimiento SEMANAeconómica a través de distintas fuentes involucradas en estas.
El sector privado, mediante la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN), fue un activo promotor de la reforma de APP en el Legislativo. El 9 de mayo, la autógrafa llegó al Ejecutivo. Allí, recibió la opinión favorable de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), ProInversión y el MEF. Esta última cartera, entonces liderada por José Salardi, había reiterado su interés por encumbrar a la agencia y convertirla en el ente rector del sistema.
Sin embargo, el lunes 12 de mayo, cuando la masacre de 13 personas en Pataz ponía en duda la continuidad de Gustavo Adrianzén como titular de la PCM, la Oficina General de Asesoría Jurídica del MTC —entonces liderado por el ministro Pérez-Reyes— remitió una carta al MEF. El MTC argumentaba que la autógrafa vulneraba sus competencias, pues le daba a ProInversión el poder de decidir qué proyectos serían ejecutados por APP, cuando la cartera era la entidad competente para liderar y aprobar proyectos de infraestructura. Horas después de la entrega de la carta, Pérez-Reyes asumiría como sucesor de Salardi en el MEF.
El lunes 26, el flamante nuevo ministro se reuniría con representantes de la Administración Nacional de Ferrocarriles (NRA) de la República Popular China. De acuerdo con las fuentes a las que accedió esta revista, Pérez-Reyes manifestó su interés en llevar a cabo los seis proyectos de ferrocarriles anunciados en 2024, tras el viaje de la presidenta Boluarte a China. “Como la ley decía que ProInversión decidiría qué proyectos irían como APP, no se iban a poder realizar todos los ferrocarriles. El ministro tiene la prioridad de sacar sus G2G”, explica una fuente de alto nivel del MEF, sin autorización para declarar. El ministro Pérez-Reyes también planteó construir un tren que una a Brasil y Chancay. “El MTC tiene una cartera amplia de G2G, pero no hay capacidad presupuestal”, agrega la fuente antes citada, en alusión a un paquete de proyectos que el Estado difícilmente podría financiar sin afectar la regla fiscal.
Con el cambio de rumbo, la nueva búsqueda del MEF pasó a ser el implementar un esquema de gobernanza que, más bien, le reste peso a ProInversión. El ministro Pérez-Reyes ha anunciado que creará un consejo compuesto por ministros, que defina cuáles son los proyectos a realizarse por APP. Un cambio de visión que supondría una traba al avance de las APP, en beneficio del modelo de G2G.
Así, no sería la primera vez en la cual surgen tensiones entre ProInversión y el Ejecutivo. “El MEF considera necesario controlar los riesgos al presupuesto, pero ProInversión tiene una visión de ejecución de proyectos. Considera necesario tener más relevancia en sus lineamientos para sacarlos adelante”, afirma el ex director ejecutivo de ProInversión, Alberto Ñecco. Si bien Consejo Fiscal tiene una opinión similar, también ha remarcado que la reforma de APP no debe afectar el control presupuestal del MEF. “No es correcto que se anuncien proyectos y métodos de contratación sin una evaluación previa”, advierte el presidente del Consejo Fiscal, Alonso Segura. SEMANAeconómica buscó la participación del MEF en este informe, sin éxito hasta el cierre de la edición.
En paralelo, el sector privado espera con interés los cambios que Pérez-Reyes propondrá al Congreso para reformar las APP, prometidos para agosto. Dos representantes de gremios empresariales confirmaron a esta revista que el ministro les comentó la decisión, pero no brindó detalles más allá de la necesidad de un cambio de gobernanza. El principal temor es que ProInversión siga perdiendo terreno como entidad líder para sacar adelante los proyectos. «Era la gran oportunidad de devolverle la fortaleza que tuvo durante el gobierno de Ollanta Humala. El temor es que se mantenga la figura de un ProInversión sin capacidad de decisión», advierte Camilo Carrillo, infrastructure associate partner de EY. Otro revés sería que la reforma termine por no concretarse en el parlamento, lo que propiciaría incertidumbre en el mercado. «La observación implica que el impulso de los inversionistas por las APP se ralentice también. Era una norma ya aprobada y que recogía comentarios de gremios del sector», remarca el socio de Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría, Ronald Fernández-Dávila.
