Tres meses después de la salida de Novonor, el Estado aún no logra avances tangibles en la estructuración del proyecto de Asociación Público-Privada del Trasvase Olmos. Hoy, las empresas operadoras ya advierten riesgos por la colmatación de la presa Limón.
A tres meses de que la concesión del Trasvase Olmos volviera al Gobierno Regional (GORE) de Lambayeque, la búsqueda y elección del nuevo operador para su operación y mantenimiento está en el limbo. La autoridad regional sigue esperando la actualización del reglamento de la Ley de Asociaciones Público Privadas (APP) para tener un marco legal que le permita delegar la estructuración del proyecto a ProInversión y hoy no existe claridad sobre los plazos en torno al lanzamiento del concurso público, cuya misión será seleccionar a un nuevo encargado de la concesión.
Mientras tanto, el GORE debe operar una presa Limón que está colmatada por la falta de mantenimiento. Ello incrementa el riesgo para la producción de las empresas agroexportadoras, las cuales esperaban que el proceso para sacar adelante la APP sea expeditivo, a fin de tener mayor claridad sobre el futuro de sus propias operaciones.
Deficiencias de planificación
En abril, el entonces presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, anunció que el Ejecutivo no renovaría el contrato de Novonor como concesionario del proyecto. Fue una decisión política del gobierno de la expresidenta Dina Boluarte, que no deseaba ser percibida como flexible frente a la otrora Odebrecht. El gobernador regional de Lambayeque, Jorge Pérez, se opuso, pues el GORE ya venía negociando una adenda al contrato con Novonor. Desde entonces, se trazó como único camino la estructuración de una APP que integre la operación y mantenimiento del proyecto, además de una serie de construcciones para ampliar la capacidad de la presa Limón; infraestructura que traslada las aguas del río Huancabamba hacia las hectáreas de riego.
Las agroexportadoras de Olmos coinciden en que, hoy, la presa está colmatada y ello supone un riesgo para su operación. “La represa no puede almacenar mayor volumen de agua. Eso puede impedir su abastecimiento en años con bajas lluvias, como en 2023. Por eso es importante que se empiece a dragar y que se trabaje en la ampliación de la misma”, explica el gerente de finanzas y director de Agroindustrial Beta, Raúl Briceño.
Si bien las empresas no observaron una afectación directa a su producción este año, el desgaste de la presa Limón podría generar complicaciones a mediano plazo para sus negocios. “El problema es que la presa fue construida con un tamaño y capacidad inferiores a lo necesario desde un inicio. Eso provoca que la colmatación sea más rápida. Hoy, no sólo es necesario descolmatar y dragar, sino ampliar para evitar una afectación a la producción”, afirma una fuente de alto nivel de una agroexportadora que participó en este informe bajo la reserva de su identidad. “Esperamos que el Gobierno Regional haga los trabajos para descolmatar la presa, pero también para tener un nuevo concesionario”, añade la misma fuente.
El costo real
El GORE de Lambayeque viene sosteniendo reuniones constantes con ProInversión para ultimar detalles previos al lanzamiento del proyecto de APP. Sus autoridades advierten, sin embargo, que no pueden delegar la estructuración del mismo hasta que se actualice el reglamento, tras la reciente reforma de la ley de APP. “Al final, ni el Ejecutivo ni el Gobierno Regional estructuraron la actualización del proyecto. Perdimos meses. Luego se nos delegó y se autorizó la entrega de presupuesto este año y del siguiente para la operación y el mantenimiento. Pero el presupuesto se termina y estamos atrasados para tener el nuevo concesionario que amplíe la presa. La estructuración debió hacerse desde este año”, cuestiona el gobernador Pérez. El Ministerio de Economía y Finanzas ha prometido que el reglamento de la ley de APP sería aprobado en los diez días que le restan al 2025.
Las empresas consultadas por SEMANAeconómica señalan que, de momento, el GORE no ha anunciado sus planes para la descolmatación de la presa mientras se desarrolla la APP. Según el gobernador, los planes de mantenimiento se implementarán en 2026.
Tras la aprobación del reglamento, la firma del nuevo contrato de concesión podría tardar alrededor de tres años, de acuerdo con los estimados de la autoridad regional. Sin embargo, incluso con la nueva ley de APP en operación, los plazos podrían ser más amplios de lo previsto. “Si fuera solo un proyecto de operación y mantenimiento, se entendería el plazo. También se necesitan estudios sobre el estado actual de la presa Limón. Demorará más”, prevé el socio de Philippi, Prietocarrizosa, Ferrero, DU & Uría, Ronald Fernández Dávila.
El incipiente estado del proyecto de APP tampoco le permite estimar al Ejecutivo su valor referencial. El ex ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero, calcula que sería superior a los US$500 millones. “Oficialmente todavía no se sabe cuánto va a costar y cómo se va a financiar. La presa Limón es una estructura preconstruida y que tiene problemas. Considero difícil que el proyecto vaya a estructurarse antes de 2028”, advierte el socio de Damma Legal Advisors, Juan José Cárdenas.
El gobernador Pérez reconoce que la presa Limón fue construida por Novonor con una menor capacidad a la que requería el proyecto Olmos. “Debió tener una capacidad para 190 millones de metros cúbicos de agua o 45,000 hectáreas de riego. Hoy, sólo tiene espacio para 30 millones de metros cúbicos o 10,000 hectáreas”, afirma. Al no cubrir una mayor cantidad de hectáreas, esto también reduce el potencial del proyecto.
El exministro Manero calcula que la producción podría aumentar hasta seis veces con la ampliación de la presa, aunque observa como un riesgo el cambio de gobierno en 2026. “Ante un cambio de Gobierno Nacional, podríamos tener un presidente que no priorice la APP de Olmos y decida usar los recursos en otros grandes proyectos de infraestructura. Y la caja fiscal no aguanta tantos”, concluye Manero.
