Los ánimos están caldeados. En medio de los escándalos por las investigaciones que adelanta la Fiscalía General de la Nación sobre el desvío de recursos públicos, la situación económica de las familias, el aumento del gasto y la caída del recaudo tributario, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, confirmó la decisión del Gobierno de presentar al Congreso una reforma tributaria.
El propósito es financiar un hueco fiscal de 12 billones de pesos para 2025, 0,7 por ciento del producto interno bruto (PIB), y, a decir del propio ministro, estabilizar el déficit fiscal.
Si bien no se han conocido mayores detalles sobre lo que traería la propuesta, ha trascendido que se analiza incorporar patrimonio, pero no tocar el IVA. Habrá medidas para impulsar el turismo y una propuesta para modificar la regla fiscal. La apuesta mayor se centraría en la tarifa corporativa del impuesto de renta.
Propondría al Congreso bajar esa tasa del 35 al 30 por ciento de manera gradual para impulsar el aparato productivo, mover el consumo y estimular la economía.
El anuncio no ha caído nada bien y, por el contrario, analistas, exministros de Hacienda y firmas de abogados han encendido las alarmas, pues el remedio sería peor que la enfermedad.
“No es una buena idea en una economía que crece poco, en parte por los efectos de las últimas dos reformas tributarias (2021 y 2022). Esto sumaría aún más a la incertidumbre económica, otro de los factores que ha afectado negativamente el crecimiento y la inversión”, dijo Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo.
Estima que lo mejor que puede hacer el Gobierno en estos momentos es ajustar el Presupuesto General de la Nación a la realidad de los ingresos sin la reforma.
El exministro de Hacienda y rector de la Universidad EIA, José Manuel Restrepo, califica la propuesta.
“El mensaje más importante en este momento es una reforma fiscal, que el Gobierno se apriete el cinturón, elimine tanto gasto y derroche, porque estamos en un nivel de gasto primario casi de pandemia”, dijo Restrepo.
A su vez, las firmas de abogados especialistas en temas tributarios rechazan una iniciativa en este sentido y consideran que el principal problema de las finanzas públicas es el gasto y ahí está la clave para la solución.
“El problema de exceso de gasto no se soluciona con una reforma tributaria. La primera reforma que requiere Colombia es una fiscal que ajuste y controle el gasto público de funcionamiento al nivel que puede asumir la economía”, señaló Juan Guillermo Ruiz, socio de la firma Posse Herrera Ruiz.
El crecimiento del tamaño del Estado con la creación de nuevos ministerios, organismos y embajadas son solo algunos de los ejemplos a los que atribuyen el excesivo gasto.
A esto se suma el incumplimiento en las metas de recaudo, las cuales se sustentaron en proyecciones que no correspondían a la realidad.
“En este panorama de las finanzas del Estado, antes que una reforma tributaria debería plantearse una propuesta para la reducción del gasto público innecesario”, manifestó Carolina Rozo, socia de la firma Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU Legal).
Incertidumbre
Colombia es un país en el que, en promedio, se presenta una reforma tributaria cada 16 o 18 meses, lo equivalente a inestabilidad tributaria y jurídica.
“Mientras que en la mayoría de los países de la Ocde y la CAN acuden a reformas tributarias estructurales, que permitan proyectar la generación de ingresos fiscales de manera permanente en el tiempo bajo principios de eficiencia, equidad, capacidad económica, progresividad, legalidad y no confiscatoriedad, en nuestro país ha reinado la temporalidad”, explicó Santiago Arbouin, de la firma CMS Rodríguez-Azuero.
Agregó que “se ha vuelto tradición que cada Gobierno de turno resuelva el déficit fiscal con la generación de nuevas situaciones de derecho, muchas antitécnicas, a través de reformas tributarias apresuradas y sin mayor fundamento jurídico-tributario, carentes de técnica y poco eficientes en términos de recaudo”.
Esta reformitis alienta la incertidumbre y crea un círculo vicioso, pues frena la inversión privada, tanto nacional como extranjera, detiene proyectos e impacta el empleo, el consumo y el crecimiento económico.
A este caldo de cultivo se suman las demandas a la Ley 2277 de 2022, la primera reforma tributaria del presidente Gustavo Petro, que terminan de enrarecer el ambiente.
Esa norma ha sido la de mayor número de demandas, 83, varias de las cuales están aún sin resolver, lo que genera más incertidumbre frente a cualquier propuesta que en este sentido pretenda presentar el Ejecutivo. Los abogados Alexandra Durán, Ana María Barbosa, Luis Sánchez y Andrés Parra, de la firma EY, explicaron que, de esas demandas, 35 fueron admitidas, 5 se encuentran aún pendientes de decisión sobre su admisión y otras 43 fueron rechazadas. De las ya admitidas, algunas cuentan con decisiones de fondo, pero hay todavía por lo menos 9 sentencias frente a temas relevantes, como impuesto al patrimonio, tasa mínima de tributación y algunos relacionados con plásticos de un solo uso.
Así que estos pendientes le suman a la inseguridad jurídica frente a cualquier propuesta que el Gobierno presente y que puedan tener relación con temas que la Corte Constitucional aún esté estudiando.
“Por ejemplo, el Gobierno ha anunciado su interés por la disminución de la tarifa de renta, no obstante, hay por lo menos un par de demandas pendientes de resolver sobre el esquema tarifario de las personas naturales y jurídicas, y una más sobre la tasa mínima de tributación”, señalaron los expertos de EY.
Ahora bien, algunos abogados como Mauricio Piñeros, socio de la firma Gómez Pinzón, consideran que sería una buena oportunidad para aprobar una reforma que baje impuestos y que se convierta así en un instrumento que estimule la inversión y ayude a reactivar la economía.
“Una reducción de las tasas puede ser en alguna medida un motor para la inversión y el empleo, pero entendería que es una apuesta que este Gobierno no está dispuesto a hacer”, dijo.
Por su parte, Juan G. Ruiz, de Posse Herrera Ruiz, coincide con que la propuesta teórica de bajar la tasa corporativa de renta y generar ciertos beneficios para inversiones en áreas estratégicas para el país, como infraestructura, energías renovables, turismo y vivienda, es atractiva, pero se puede quedar en buenas intenciones si las necesidades de gasto público siguen aumentando.
Las cuentas alegres
Un tema que provocó controversia en torno a la billetera estatal este año fue el de los litigios de la Dian, y más exactamente que el Ministerio de Hacienda contara con esos recursos como ciertos, cuando en realidad eran muy inseguros, pues dependen de decisiones de los tribunales, que por lo general toman años y pueden ser desfavorables para el Estado.
En su plan financiero para 2024, el Ministerio incluyó 10 billones de pesos provenientes de esos litigios para financiar parte del presupuesto y después los estimó en menos de 2 billones, lo que, a decir de centros de análisis como Anif, aumentó el hueco fiscal.
Por eso, las firmas de abogados llaman la atención y advierten que las proyecciones sobreestimadas de ingresos fiscales provenientes de litigios y controversias tributarias no deben repetirse, pero sí es necesario retomar la propuesta que hizo el propio Gobierno en su momento de introducir en la legislación colombiana el arbitramento en materia tributaria.
“Mientras que un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en materia tributaria toma entre cinco y siete años, y a veces más, un proceso arbitral toma entre ocho meses y un año”, explicó Piñeros, de Gómez Pinzón.
Los expertos de la firma EY consideran que esta figura permitiría contar con un mecanismo adicional al judicial para resolver los conflictos entre la Dian y los contribuyentes, lo cual aportaría a la descongestión de los tribunales administrativos y el Consejo de Estado, y a una solución en menor tiempo.
“Permitiría también imprimir mayor especialidad a las discusiones con el fisco, pues en la mayoría de tribunales del país no se cuenta con salas especializadas en materia tributaria”, señalaron.
Ahora bien, para Carolina Rozo, de la firma PPU Legal, las figuras del arbitraje y del Consejo de Estado no son excluyentes y, por el contrario, sería una oportunidad para que el segundo órgano siga en la línea de adoptar sentencias innovadoras que dinamicen el derecho tributario colombiano.
Factura electrónica, herramienta contra la ilegalidad
La factura electrónica no es el coco. Aunque ha implicado nuevos procesos y adaptaciones tecnológicas para los obligados a expedirla, se trata de un instrumento que permite hacer frente a la evasión y da más transparencia y formalidad a los procesos que adelantan los contribuyentes.
“Si bien en el corto plazo puede generar ciertos inconvenientes dentro de la etapa de implementación, en el largo plazo se erige como una herramienta conducente y eficaz para evitar los escenarios de fraude fiscal”, explicó Ruiz.
Camilo Zarama, socio de la firma Garrigues, considera que la factura electrónica es una herramienta que facilita el cumplimiento de las obligaciones tributarias y las gestiones de fiscalización.
“Debe ayudar a prevenir prácticas de evasión y elusión fiscal. Sin embargo, por sus características técnicas requiere asignar esfuerzos y recursos de la administración tributaria y de los contribuyentes para que cumpla su función. Era previsible que el proceso de implementación planteara ciertos retos. Es importante continuar reforzando en los contribuyentes la concientización sobre los beneficios del sistema, así como el reconocimiento por parte de la autoridad tributaria de las dificultades”, concluyó Zarama.
