La Superintendencia Nacional de Migraciones cuenta con una sede central, 17 jefaturas zonales, tres agencias en el Centro Binacional de Atención en Frontera, 34 puestos de control migratorio, otros 21 de carácter fronterizo y tres puestos de verificación migratoria.
El Sindicato Nacional de Trabajadores con Contrato Administrativo de Servicios (CAS) de la Superintendencia Nacional de Migraciones dio a conocer que desde este sábado 27 de julio iniciarían una huelga indefinida a nivel nacional, de acuerdo con un comunicado.
Gestión confirmó, sin embargo, que este jueves 25 de julio habría una reunión entre representantes de ambas partes y del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) para llegar a un acuerdo y evitar el paro de funciones de este grupo de trabajadores.
“El MTPE nos ha citado para una reunión el jueves 25″, señaló Yasser Boluarte, representante del sindicato de trabajadores CAS de Migraciones, en diálogo con Gestión.
Pedidos y alcances
En su comunicado, el sindicato demandó el cumplimento de un convenio colectivo firmado en julio del año pasado y que entraba en vigencia en este. En detalle, Boluarte señaló que entre los acuerdos está la “entrega de una tarjeta de alimentos de S/4 por turno, bono de pasajes, la entrega de uniformes a inspectores migratorios, un bono de S/1,000 para los familiares del trabajador en caso fallezca, entre otros temas no económicos”. A esto se suma un pedido de aumento salarial.
Sobre el pedido de la entrega de 11 bonos, refirió que se está considerando en el pliego de este año para ser ejecutado en el 2025. “Sabemos que pedimos una cifra, pero entre las negociaciones no se termina entregando todo”, agregó.
Otras solicitudes dadas a conocer en su comunicado es mejorar la infraestructura en la sede central, jefaturas zonales, puestos de control migratorios; mayor transparencia en los procesos CAS y cambio de funcionarios, a quienes acusan de falta de diálogo.
Los números detrás
Respecto al grupo de trabajadores que ingresaría a huelga, Boluarte mencionó que son más de 1,200 trabajadores que laboran bajo el régimen CAS. De este total, 700 están afiliados al sindicato.
“Los puestos que ocupan estos trabajadores CAS [en el marco de fechas como Fiestas Patrias] es de operarios en el aeropuerto, a nivel nacional en las fronteras, los puertos y con la emisión de pasaportes de emergencia. Así, por ejemplo, se tiene que en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez son, aproximadamente, 200 trabajadores de Migraciones y CAS son alrededor de 180, el grueso de la cantidad”, explicó Boluarte a este diario.
Es más, argumentó que el impacto ascendería a una pérdida diaria de S/10 millones.
“El impacto inmediato sería una pérdida diaria de S/10 millones, ya que estaríamos afectando el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el ingreso y salida de las personas, tanto peruanos como extranjeros. Tenemos la frontera con Tacna, tenemos la frontera con Tumbes, tenemos los puertos del Callao y a nivel nacional. Entonces, estaría teniendo un impacto fuerte a nivel nacional e internacional”, dijo en una entrevista en Canal N.
De acuerdo con su memoria anual del 2023, Migraciones cuenta con una sede central, 17 jefaturas zonales, tres agencias en el Centro Binacional de Atención en Frontera, 34 puestos de control migratorio, otros 21 de carácter fronterizo y tres puestos de verificación migratoria.
La emisión de pasaportes por el canal de emergencia se podría afectar en una eventual huelga de trabajadores de Migraciones. (Foto: Migraciones)
Preocupación
Para Roxana Del Águila, exjefa de la Superintendencia Nacional de Migraciones, el anuncio de una huelga en fechas de importante movimiento “es preocupante” por la eventual afectación ante personas que ya tienen viajes al exterior programados, necesitan pasaportes y control migratorio.
“Siempre, en todas las fechas de fiestas, las personas aprovechan en viajar. En este contexto, aumenta la incidencia de control migratorio, la adquisición de pasaportes electrónicos, de carnet de extranjería. Sin duda es una etapa de movimiento de personas importante”, comentó.
A decir de Erick Valderrama, socio del Estudio Valderrama Abogados, el impacto por la eventual falta de personal para el ingreso de turistas por estas fechas festivas sería significativo, más aún con una perspectiva ya deteriorada.
“Las cancelaciones de vuelos por falta de personal de migraciones y las largas colas para ingresar al país envían un mensaje negativo. Este año, la imagen del Perú como destino turístico ha sido golpeada por varios incidentes: problemas con las pistas, el incendio del aeropuerto de Tingo María, controladores que se quedan dormidos en sus horarios y generan problemas en el aeropuerto, fallas en el radar y, ahora, una eventual huelga del equipo de migraciones”, apuntó.
Con ello, la percepción internacional que se estaría dando desde el Perú es que no se respeta los mecanismos de incentivo al turismo extranjero, añadió.
“Esto desalienta a los posibles visitantes. Además, Perú es sede de la APEC este año, lo que pone al país bajo el escrutinio de los miembros participantes. La pregunta que surge es si Perú está realmente preparado, desde el punto de vista institucional, para recibir a los turistas extranjeros como se ha prometido”, comentó.
Trabajadores en huelga
Águila indicó que las huelgas son un derecho del trabajo, pero tienen que cumplir con todos los requisitos, como ser anunciada con antelación y obtener su aprobación.
En esa línea, César Puntriano, socio principal del Estudio Muñiz, recordó que las huelgas no pueden realizarse de manera espontánea, sino que tiene que ser comunicadas al MTPE y a la entidad empleadora, en este caso a la Superintendencia Nacional de Migraciones.
“El MTPE tiene que pronunciarse para que el anuncio de una huelga, sea de ámbito público o privada, pueda materializarse. En el caso de actividades esenciales, donde está el sector salud, salubridad, agua, entre otros, se tiene que comunicar, al menos, con 10 días de anticipación. En el caso de las no esenciales, donde calza Migraciones, la comunicación debe ser, mínimo, 5 días antes de su fecha propuesta de inicio”, refirió el laboralista.
Al respecto, Boluarte, representante de los sindicatos, confirmó a Gestión que su comunicación de intención de huelga fue enviada el jueves 18 de julio. A partir de ello, fue que los citaron para una reunión este jueves 25.
Puntriano añadió que, bajo cualquier caso, en el marco de una huelga, no todos los trabajadores alcanzados pueden dejar de operar. “En el contexto de las huelgas también está la obligación de que se mantenga un mínimo indispensable de trabajadores. A inicios de cada año, los empleadores comunican al MTPE y a los sindicatos cuáles son esos servicios que no deben parar. Esto se comunica y, en algunos casos, los sindicatos impugnan. Si no lo hacen, tienen que respetar”, complementó.
Añadió que, si el MTPE declara ilegal una huelga, los trabajadores tienen que regresar a sus funciones en un plazo de 24 horas. De no ser así, empieza a contabilizarse los cuatro días para configurarse un abandono laboral.
A su turno, Lidia Vilchez, socia del equipo laboral de PPU, señaló que anunciar el inicio de una huelga en estas fecha no es casual. “Tampoco es coincidencia. Como la medida de presión busca modificar una situación, no es atípico que una huelga se realice en un momento donde más perjuicio va a generar. Esto busca que la entidad empleadora tenga conversaciones con este sindicato para evitar que la medida se materialice”, refirió.
Con vista a la reunión de este jueves, Águila, exjefa de Migraciones, sostuvo que ambas partes deben tener la intención de llegar a un punto de equilibrio, a bien de evitar diferentes perjuicios.
“Se debe ser consciente que una huelga en esta fecha afectará a la sociedad y que se trata de servidores públicos. Debe existir una modalidad para mejorar el servicio y atender los malestares presentados. La institución como los servidores deben comprender la urgencia del país para continuar recuperándose, que las personas necesitan ingresar y salir del país”, señaló.
La expectativa del representante del sindicato para la reunión de este jueves es que, en caso se deniegue el permiso, se sustente de manera técnica y se brinde espacio al diálogo y a la negociación.
Este medio se comunicó con la Superintendencia Nacional de Migraciones para recoger declaraciones, pero refirieron que no se pronunciarán.
Incidencia de los CAS
Vilchez, de PPU, señaló que la modalidad de CAS es una forma de contratación que se usa transversalmente en el aparato estatal y que supone no reconocer el íntegro de derechos laborales a personas que prestan servicios personales y dependientes al Estado.
“Esta problemática está vinculada a restricciones presupuestales del aparato estatal y, en esa línea, una medida de fuerza, como la huelga, no podría lograr revertir una problemática así, de todo el aparato estatal”, comentó.
Por su parte, Puntriano observó que no hay voluntad política para concretar las reformas laborales en el país, como el tránsito ordenado y bajo criterios técnicos de los trabajadores CAS a Servir.
“Hace 10 años, tenemos trabajadores bajo el régimen CAS. Tiene que haber un tránsito ordenado, pero no hay voluntad política. Se emiten normas laborales que buscan concretarlo al ‘caballazo’”, señaló.
