Así lo indica la exposición de motivos del proyecto de ley para su creación que el Gobierno presentará al Congreso. Gestión, que revisó el documento, identifica los rasgos que rescatará la versión peruana de cada ejemplo extranjero.
Parte de la justificación del nuevo ministerio incluye cifras que alertan de fuertes incrementos en el número de proyectos que perdieron la vigencia de sus expedientes técnicos o documentos equivalentes.
Durante su mensaje a la Nación por Fiestas Patrias, la presidenta Dina Boluarte anunció que el Poder Ejecutivo presentará un proyecto de ley para que Perú tenga un Ministerio de Infraestructura. Según la exposición de motivos de la iniciativa legislativa que el Congreso analizará, el Gobierno peruano se basa en la experiencia de cuatro países que cuentan con entidades similares operativas.
En el caso peruano, esta cartera será la entidad centralizadora de la realización de estudios y la ejecución de infraestructura que realice el gobierno nacional, según dijo la mandataria. ¿Qué destaca el Poder Ejecutivo de los modelos extranjeros? Gestión que revisó el documento, te lo cuenta.
Todo en uno
Según la exposición de motivos del proyecto de ley que presentará el Ejecutivo, de los cuatro modelos considerados para justificar la creación del Ministerio de Infraestructura peruano, dos son experiencias de América Latina y el resto europeas. De cada uno de ellos el Gobierno peruano describe su estructura organizacional y enumera sus funciones.
La primera mención es al Ministerio de Obras Públicas de Chile. Sobre esta entidad, el Ejecutivo resalta que es “responsable de importantes proyectos de concesiones que permiten la participación del sector privado en la construcción y operación de infraestructura pública, mejorando la eficiencia y la calidad de los servicios ofrecidos a los ciudadanos”, según el texto revisado.
De igual forma, rescatan que ejecuta obras de infraestructura vial, gestión de recursos hídricos, puertos y aeropuertos, arquitectura (edificios públicos) y se dedica a la planificación estratégica de proyectos y su respectiva gestión financiera.
También se destaca el caso argentino, que también tiene un Ministerio de Obras Públicas. De esta institución, la exposición de motivos rescata que “su misión es promover el desarrollo con inclusión social a través de la construcción de obras resilientes que mejoren la calidad de vida de la población y fortalezcan la estructura productiva del país”.
Para ello cuenta con 21 dependencias, entre direcciones, secretarias y un instituto nacional de prevención sísmica. En el caso peruano, se propone aglomerar a 13 unidades ejecutoras, entre ellas la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), Provías Nacional y Descentralizado, Legado, entre otras.
El proyecto de ley también describe al “Department for Transport (DfT)” del Reino Unido. Sobre esta entidad, el Ejecutivo indica que es responsable de la política y regulación del transporte en Inglaterra “y de ciertos aspectos del transporte en Escocia, Gales e Irlanda del Norte que no han sido transferidos a sus respectivas administraciones”.
De esta manera, sigue el texto, el DfT orienta proyectos de carreteras, ferrocarriles, aviación y marítimos, promoviendo tecnologías de bajas emisiones. Aparte, además de contar con diversas direcciones y secretarias, opera con 24 agencias y organismos públicos no departamentales (Non-Departmental Public Bodies, NDPB), que regulan aspectos de conducción en tierra y mar.
El último caso de inspiración señalado es el Ministerio de Obras Públicas de Francia. De esta institución, el Ejecutivo resalta que “gestiona una amplia gama de proyectos de infraestructura, incluyendo carreteras, puertos, vías navegables, y ferrocarriles”.
Pero no se queda allí. Según la exposición de motivos, este ministerio francés promueve también el turismo y maneja “asuntos geográficos”. Su estructura organizacional, compuesta por 16 unidades, está diseñada para abarcar diversas áreas de competencia, con un enfoque en la eficiencia administrativa y la excelencia técnica.
En el aspecto administrativo, el Gobierno peruano resalta que principalmente se trata de administradores civiles egresados de la Escuela Nacional de Administración francesa. “Los ingenieros de puentes y caminos supervisan técnicamente los proyectos de infraestructura, mientras que los ingenieros de obras públicas, núcleo fundamental del ministerio, se encargan de la ejecución y supervisión diaria de las obras”, apuntan también.
Mala idea no es
Para justificar la creación del nuevo ministerio, el Poder Ejecutivo también da cifras sobre cómo se están gestionando las inversiones públicas en Perú actualmente, advirtiendo fuertes incrementos, por ejemplo, en el número de proyectos que perdieron la vigencia de sus expedientes técnicos o documentos equivalentes (ET/DE).
“De enero a junio de 2024, se registraron 732 inversiones que perdieron la vigencia de sus ET/DE, mostrando un aumento significativo en comparación con 2023 de un 192%. La tendencia general refleja un crecimiento continuo en la pérdida de vigencia, con picos especialmente altos en marzo y abril, que incrementaron un 91% y 230% respectivamente, indicando la desatención de ET/DE aprobados”, indica el texto.
Repuntes simulares se observan en la cantidad de inversiones que perdieron la vigencia de su viabilidad en lo que va del 2024. Según el Poder Ejecutivo, el nivel de gobierno más afectado es precisamente el suyo: el nacional.
“El nacional es el que más concentra la pérdida de viabilidad, pasando de 220 inversiones en enero a un total de 1,965 en junio, lo que representa un aumento del 793%”, indican.
Fuente: Exposición de motivos del proyecto de creación del Ministerio de Infraestructura.
Para Ronald Fernández Dávila, Socio del área de Infraestructura y Proyectos en PPU, es positivo que el Ejecutivo se guié de ejemplos extranjeros, como el caso chileno.
“Es muy importante que el Gobierno se asesore a nivel nacional e internacional para ver la mejor manera de implementar este ministerio, el no duplicar funciones con otras instituciones y además dotarle de las herramientas necesarias para no solo planear y dirigir el desarrollo de la infraestructura, sino también poder ejecutarla”, indica el abogado.
En una línea similar se pronuncia Alfonso Bustamante, presidente de la Confiep. El líder empresarial indica a Gestión ver con entusiasmo la propuesta, pero ve riesgos en su implementación.
“Esperamos que se traduzca en una reducción del Estado y su burocracia. Tenemos que enfrentar el déficit de infraestructura. Hoy supera los US$ 10 mil millones, no podemos hacer eso solo con proyectos Gobierno a Gobierno (G2G)”, comenta.
De igual forma, Bustamante manifiesta que la creación de este ministerio es una oportunidad para reducir la “permisología” para aprobar proyectos de inversión. En ello, coincide Fernández Dávila.
“Es muy importante su implementación, para que sea una institución eficiente y no simplemente la creación de más burocracia. No tenemos buenos antecedentes en implementación o fusión de entidades al interior del Estado Peruano, como fue la Autoridad Para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) o la ATU, entre otros”, afirma.
