Ministerio de Infraestructura: una propuesta con puntos positivos, que deberá superar la fragilidad institucional

El nuevo Ministerio de Infraestructura nacería a partir de la fusión de 17 entidades públicas, cada una con distintas problemáticas. Estará a cargo de la planificación, formulación, ejecución y gestión de los proyectos de inversión en todo el país, anunció la presidenta Dina Boluarte en su Mensaje a la Nación.


Foto: Andina

La creación del Ministerio de Infraestructura, anunciada por la presidenta Dina Boluarte en su mensaje de 28 de julio, permitirá que se fomenten y ejecuten nuevos proyectos de inversión, pero su efectividad dependería de la transición de las 17 entidades de distintos sectores que se fusionarán para formar esta nueva institución.

Durante su Mensaje a la Nación, la presidenta Dina Boluarte adelantó que el ministerio propuesto se encargará de la planificación, formulación, ejecución y gestión de la infraestructura pública a nivel nacional. “[El Ministerio tiene] la finalidad de brindar infraestructura para el soporte de los servicios públicos para la población, considerando el enfoque territorial y social, la eficiencia y la sostenibilidad, así como contribuir con la competitividad”, manifestó.

Según la exposición de motivos del proyecto de ley que el Ejecutivo presentará al Congreso, se plantea la instalación del nuevo ministerio por las debilidades de los tres niveles de gobierno en la ejecución de proyectos, las pérdidas de viabilidad de los mismos y por la alta cantidad de entidades responsables de regular la infraestructura pública. “El Sistema Nacional de Programación Multianual de Inversiones enfrenta importantes desafíos debido a la fragmentación de roles y responsabilidades en la gestión de proyectos de inversión pública. Actualmente, existen varias entidades públicas involucradas en las cuatro fases del ciclo de inversión, lo que genera problemas de descoordinación y duplicación de esfuerzos”, señala el documento.

En ese sentido, enumera entidades que tienen responsabilidades específicas y separadas en el proceso de promoción y ejecución de proyectos de infraestructura, lo que conduce a descoordinaciones, retrasos, y sobrecostos. “En primer lugar, [el Ministerio] facilitaría una mejor coordinación de los proyectos de infraestructura, reduciendo la duplicación de esfuerzos y mejorando la eficiencia en la ejecución. En segundo lugar, se podría asegurar una supervisión más estrecha y una gestión más eficiente de los recursos, lo que reduciría los retrasos y los sobrecostos. Además, una única entidad responsable facilitaría la asignación de responsabilidad y la rendición de cuentas”, detalla la propuesta.

Entre las 17 entidades que serán absorbidas por el nuevo Ministerio se encuentran la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), ProInversión, Agrorural, Provías Nacional, Provías Descentralizado, el Programa Nacional de Inversiones en Salud y el Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied).

Si bien centralizar la responsabilidad de las cuatro etapas de la inversión es positivo, la fragilidad institucional que caracteriza a las entidades que lo conformaría lleva a pensar que una fusión de entidades puede tener falencias. “No está bien crear un nuevo ministerio por el hecho de hacerlo. Este gobierno creó la ANIN y hasta la fecha no tiene resultados concretos. No hay un argumento que demostrará que esta transferencia de capacidades se hará bien”, opina Aldo Reggiardo, socio de Cuatrecasas.

Para Ronald Fernández Dávila, socio de PPU, para asegurar una mejor transición se debería de hacer un plan a nivel estructural, considerando la participación de entidades internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo o de especialistas que fueron parte de los procesos de creación de ministerios en otros países, como en Chile. “Puede tardar dos años o más, pero se debe de hacer. No es tan fácil como emitir una norma y que por eso va a funcionar. Debe haber una estructura, porque es una buena idea pero nada asegura que va a funcionar”, explica.

Ambos especialistas coinciden en que un ministerio que concentre los proyectos será positivo en el largo plazo y podría reducir la burocracia que suele retrasar las inversiones. “Tiene sentido que en un país como el Perú se tenga un ente rector. Se debe hacer de tal forma que no se tenga duplicidad de funciones con los otros ministerios y entidades que serán absorbidas”, agrega Reggiardo.

Proyectos de infraestructura
Durante su discurso, la presidenta anunció que añadió un proyecto ferroviario “desde Pucallpa a la costa”, sin brindar más detalle. Este se trataría del Tren Bioceánico, que iniciaría en el Puerto de Chancay y se extendería hasta Brasil. Este proyecto se planteó como una posibilidad en el 2013, pero desde entonces no pasó de ser una idea. La mandataria no brindó detalles sobre los costos de inversión o los plazos de ejecución, lo que hace intuir que no será construido en el corto plazo. “Una cosa es que se anuncie el Tren Bioceánico y otra que llegue a entrar al Plan Multianual de Inversiones. Más allá de los proyectos de la cartera que ya tienen viabilidad, dudo que se tenga presupuesto para ejecutar más”, comenta Fernández Dávila.

Boluarte resaltó que dos proyectos ferroviarios ya cuentan con declaratoria de viabilidad: el que unirá Lima e Ica y el que hará lo propio entre Andahuaylas y Marcona. Al respecto, en un reciente informe, SEMANAeconómica ha advertido que la cartera de trenes del Ejecutivo sería inviable por la creciente presión fiscal que enfrenta el país. Sin embargo, también indicó que ambos proyectos serían los más propicios para realizarse por la alta demanda que tendrían.

Asimismo, la mandataria mencionó que el nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez estará listo en enero del 2025. Si bien el contrato de concesión del proyecto especifica que esa es la fecha límite, Boluarte solicitó que se apuraran los plazos para que pueda llegar a la Cumbre de la APEC, a realizarse en noviembre. Esta revista pudo confirmar que LAP viene avanzando las obras del nuevo terminal teniendo como fecha de inauguración el 18 de diciembre, como tenía previsto desde hace meses. “LAP sigue trabajando con miras a esta fecha y no ha recibido ninguna comunicación oficial cambiando la fecha para enero”, indicó la empresa.

Además, Boluarte anunció que en el cuarto trimestre del año se daría la adjudicación de la Longitudinal de la Sierra Tramo 4, obra que representará una inversión de US$1.180 millones, y del Parque Industrial de Ancón, por US$762 millones. Por otro lado, se adjudicaría el ferrocarril Huancayo – Huancavelica (US$394 millones) en el segundo semestre. En tanto, indicó que este año se licitarán 12 proyectos eléctricos del plan de transmisión en nueve regiones (US$612 millones); el Nuevo Hospital de Emergencia de Villa El Salvador (US$154 millones); y la PTAR de Puerto Maldonado (US$98 millones).

Cabe resaltar que no hizo mención sobre los avances del fideicomiso de las Líneas 3 y 4 del Metro de Lima.

Impulso a la minería
En tanto, Boluarte anunció que “a partir de ahora” se iniciará la construcción de la Ampliación de Quellaveco, Corani, Reposición Raura, Chalcobamba Fase I y Romina en Apurímac, Áncash, Huánuco, Lima y Puno respectivamente. Estos proyectos requerirán una inversión conjunta de US$2,025 millones.

Además, destacó que Tía María ya inició su etapa de construcción. El megaproyecto requerirá de una inversión de US$1,400 millones y 120,000 toneladas de cobre refinado al año. “Tía María no constituye un proyecto impuesto, eso es una falsa narrativa enarbolada por reducidos sectores ideologizados que se resisten a admitir que la minería es la actividad que afianza el crecimiento económico de nuestro país”, dijo.

Fuente:

Semana Económica

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