El sector legal no solo se ha enfrentado al duro proceso de desaceleración de la economía, también a la incertidumbre que han generado los anuncios, reformas y ajustes del Gobierno. ¿Está en juego la seguridad jurídica?
El sector legal, como muchos otros, hoy está en medio de la turbulencia que vive la economía, lo que también le permite convertirse en el mejor termómetro de lo que pasa en el país.
Como algunos advierten, es un sector “bendecido” porque puede acompañar a sus clientes en las buenas y en las malas, pero que no se sustrae de los tiempos de desaceleración y bajos crecimientos, y tiene que ajustarse a un trabajo que cambia.
Hace un par de años, cuando el país crecía a tasas superiores al 7 por ciento, las inversiones, fusiones y adquisiciones, así como el aporte legal a los esquemas de financiamiento de nuevos proyectos y crecimiento, eran parte primordial de su agenda. Pero ahora, los retos son distintos y apuntan hacia mayores actividades en litigios, temas regulatorios, aspectos laborales y una más profunda asesoría tributaria, entre otros frentes.
Sin embargo, la coyuntura se convierte en un escenario propicio para generar un mayor valor e identificar y capitalizar oportunidades retadoras.
Como un todo, a la operación del sector legal el año pasado le fue mucho mejor que al resto de la economía. Según cálculos de la Cámara de Servicios Legales de la Andi, en 2023, 865 empresas prestadoras de servicios jurídicos reportaron ingresos por más de 1.000 millones de pesos ante la Superintendencia de Sociedades y las Cámaras de Comercio. En total, alcanzaron los 4,1 billones de pesos, lo que representa un crecimiento del 10,9 por ciento frente al año anterior.
De hecho, el ranking que construye Dinero con la información de las firmas y fuentes oficiales evidencia que para 2023, Brigard Urrutia fue líder en facturación, seguida de Baker McKenzie, EY y PPU Legal.
Agrega el análisis del gremio que el sector de servicios legales contribuye con el 0,97 por ciento del impuesto de renta del país, mientras que las compras públicas de este tipo de servicios registradas en el Secop se incrementaron 26 por ciento en cuantía, y 15 por ciento en el número de contratos en el último año. La tendencia que se observa es la integración de firmas y las alianzas, como la de Esguerra Asesores Jurídicos y Jiménez Higuita Rodríguez, hoy convertida en Esguerra JHR.
¿Qué se mueve y qué no?
Carlos Fradique-Méndez, socio director de Brigard Urrutia, firma que este año llega a su aniversario 90, advierte que, en este tipo de ambientes económicos, las firmas suelen tener algunas prácticas contracíclicas que se asocian con las de reestructuración e insolvencia, la regulatoria, así como litigios y solución de controversias. “Es muy frecuente que nuestros clientes tengan que atravesar situaciones de potenciales discusiones o disputas en sus relaciones contractuales y en general con aspectos regulatorios y de compliance”, afirma.
También, en este entorno de turbulencias económicas toman particular importancia las prácticas específicas de impuestos, los temas laborales y la anticipación a los aspectos regulatorios.
Para Martín Acero, socio director de Philippi Prietocarrizosa Ferrero Du & Uría (PPU Legal), la práctica laboral ha tomado auge por la reestructuración de operaciones de empresas. Así mismo, la práctica fiscal, relacionada con planeación, diferimiento de gastos e ingresos. “Y, naturalmente, la práctica de litigio se reactiva”, señala.
En este aspecto, también pesa la estrategia del Gobierno en el camino para sacar adelante sus iniciativas. Como advierte Mauricio Piñeros, socio director de Gómez Pinzón, el Ejecutivo ha visto la dificultad de aprobar sus reformas en el Congreso, y, por lo tanto, ha cambiado el escenario. “Ha aprendido que puede intentar reformas o modificaciones por la vía de la regulación, de la actuación de las superintendencias, de la actuación de ministerios. La discusión ha cambiado de terreno. Ya no es solo en el ámbito del Congreso. También vía decretos y resoluciones de las autoridades administrativas. Ahí es donde se está dando la discusión a nivel jurídico”, agrega.
En la otra cara de la moneda, las áreas de práctica que se han resentido son las transaccionales, como el área financiera y el financiamiento de nuevos proyectos. “Se ha perdido dinamismo en minería, y el sector de infraestructura está estancado. En ambos casos, como consecuencia de políticas que han desincentivado o bloqueado las inversiones privadas. En estos sectores, el trabajo que hemos tenido es más de carácter consultivo para atender coyunturas complejas”, dice Jaime Herrera, socio director de Posse Herrera Ruiz.
Para Alejandro Mesa, socio director de Baker McKenzie, la industria extractiva ha adoptado una posición de esperar y ver qué pasa. “Se han hecho muchos anuncios a nivel gubernamental, pero entre los anuncios y lo que efectivamente pasa en términos regulatorios hay una diferencia”, advierte.
El mercado de fusiones se ha visto golpeado por la incertidumbre, se ha ralentizado y no tiene la dinámica de los años recientes. Sin embargo, varias firmas aseguran que se han dado operaciones icónicas, como la compra de Nutresa por parte del Grupo Gilinski e IHC, o la del Éxito, que quedó en manos del Grupo Callejas. De hecho, para algunos aún se mantienen operaciones e interés de inversionistas, incluso en sectores que tienen dificultades.
Camilo Martínez, socio director de Martínez Quintero Mendoza González Laguado & De La Rosa (MQMGL&D),–firma que nació este año, tras la separación con DLA Piper, explica que, por ejemplo, en vías, si bien en el desarrollo de proyectos las oportunidades todavía no se cristalizan, hay obras que han terminado su fase de construcción y están en etapa de operación, y en las que los inversionistas han manifestado interés. “Ahí hay movimiento”, dice.
La incertidumbre
Los distintos anuncios del Gobierno han marcado una época de incertidumbre por lo que podría significar el cambio en las reglas del juego, no solo por los impactos en sectores específicos, sino también por factores como la convocatoria a una constituyente.
Lo que más afecta al sector legal, dice Herrera, es la falta de confianza que generan estos mensajes, que, en su concepto, dan una idea de que se desconoce el Estado de derecho y se estigmatiza al sector empresarial.
Sin embargo, otros coinciden en que lo relevante son las modificaciones específicas que tengan lugar y que hacen que algunos sectores adquieran o pierdan dinamismo.
Para Mesa, una cosa es lo que el Gobierno dice o las manifestaciones que hace, y otra los trámites que deben surtirse con respecto a iniciativas de tan gran envergadura como una modificación constitucional. “Lo que definitivamente es relevante son las modificaciones específicas que tienen lugar y que sin duda hacen que diferentes sectores adquieran o pierdan dinamismo”, reitera.
Como advierte Acero, las decisiones que en efecto se han tomado han sido menos perjudiciales que las decisiones que se anuncian a través de las redes sociales y que, aunque no se tomen después, finalmente afectan la inversión. Uno de los casos que previene es que se ha puesto en duda la factibilidad de las vigencias futuras para proyectos de infraestructura, con base en comunicados, no en decretos ni en resoluciones específicas.
Una de las mayores preocupaciones en el país es la caída de la inversión, pues los proyectos de hoy son el crecimiento del mañana, y en el último año y medio la dinámica ha estado lejana de años de bonanza y de mayor dinamismo de la economía, por ejemplo, en áreas como fusiones y adquisiciones.
Para Piñeros, se está viendo un “frenazo”. Explica que los anuncios del Gobierno y las contradicciones generan una inestabilidad que frena la inversión, aplaza las decisiones o lleva a empresas colombianas a invertir más fuera del país.
Según Fradique-Méndez, hay una combinación de factores. Por un lado, macroeconómicos, y por otro, un impacto que califica como “desafortunado” y es el de haber puesto en duda, en más de un episodio, la seguridad jurídica en distintos sectores.
La confianza, explica Acero, es lo que mueve la inversión, y esta es esencialmente la que dinamiza los negocios. Y es una responsabilidad de todos: si se opta por vender un país destrozado o, por el contrario, la imagen de un país que está dando una defensa institucional.
En medio de las dificultades y la desaceleración, también hay posibilidades. “Finalmente, cuando el mercado está deprimido existen mejores oportunidades de precios, hay actores en el mercado con una gran liquidez que siguen encontrando en Colombia, y con su gran capacidad de consumo, una oportunidad importante de negocios”, dice Herrera.
Aunque este es un periodo complejo, Martínez considera que es precisamente en estas épocas en las que se puede generar mayor valor. “Las dificultades y los retos que se han presentado se han convertido en oportunidades”, opina, y pone como ejemplo la dinámica en infraestructura, en la cual están invirtiendo clientes nacionales y extranjeros, a pesar de ser uno de los sectores más golpeados por las decisiones del Gobierno.
Seguridad jurídica
La gran amenaza radica en determinar si la seguridad jurídica en el país está en riesgo o si, por el contrario, han prevalecido la fortaleza institucional del Estado y el ejercicio de sus poderes.
Para Mesa, la seguridad jurídica es muy importante, “pero su falta no puede predicarse en un escenario en donde, de alguna manera, lo que está pasando justamente es que las instituciones están operando”.
Allí es donde pesa la tradición institucional y democrática en Colombia, como reconoce Fradique-Méndez. “Ese tipo de pesos y contrapesos están bien pensados y diseñados con ese propósito. Tanto así que hoy no dan como para llegar a considerar que hay una situación inminente de riesgo. Pero habiendo dicho eso, es importante asegurar que no lleguemos a una situación de este estilo, que sería indeseable para todos”, asegura.
Sin embargo, otros tienen una mayor preocupación. “Hay una amenaza clara a la seguridad jurídica. Por ejemplo, con el anuncio de una constituyente o un fast track, hay indudablemente una gran incertidumbre sobre las reglas del juego, y eso representa una amenaza para la seguridad jurídica, y para la estabilidad necesaria para el desarrollo de los negocios. Sin embargo, al mismo tiempo, creo que el mecanismo de pesos y contrapesos ha funcionado, y eso da cierta tranquilidad. Pero, indudablemente, estamos en un momento de gran incertidumbre desde el punto de vista de seguridad jurídica, por los anuncios que hace el Gobierno”, advierte Piñeros.
Para Martínez, la seguridad jurídica sí está en riesgo. “Si la normatividad se cambia y si se hace de una forma abrupta, pues está afectando la seguridad jurídica, que es a partir de la cual uno tomó las decisiones para formar y construir su futuro. Entonces, esos anuncios, sin duda alguna, tienen un impacto”, señala.
La reactivación
Los resultados de la economía del segundo trimestre de este año muestran una recuperación, tras varios trimestres con crecimiento muy modesto que, incluso, tocó las puertas de la recesión.
Gobierno y sector privado, a pesar de las diferencias, avanzan en el desarrollo de una estrategia para reactivar la economía. Para este año se prevé un crecimiento de 2 por ciento, como estiman los analistas. Si bien es mucho mejor que el tímido 0,6 por ciento del año pasado, no es suficiente para las necesidades que tiene el país.
¿Cuál será el papel del sector legal en esta etapa de reactivación? Mesa considera que todas las firmas están listas con sus equipos para apoyar lo que se necesite en términos de lo que serían los nuevos negocios asociados a una reactivación. “Hemos visto momentos muy importantes de incremento en el volumen de transacciones donde el sector legal ha respondido. Eso lo vimos nosotros entre 2009 y 2012. Si eso vuelve a pasar, creo que el sector legal estará ahí para apoyar de una manera muy sofisticada”, afirma. Y agrega que en la medida en que se presente una reactivación, se tendrán más inversionistas extranjeros que se encuentran en los mercados con interés en el país.
Herrera señala que la tarea se trata de proteger la legalidad y acompañar a todos los actores a entender cómo navegar y cómo buscar soluciones de carácter legal que ayuden a incentivar el crecimiento económico. “Nuestra meta en estos tiempos difíciles, más que ponernos a criticar lo que esté pasando en el entorno, es ayudar a todos estos actores a buscar las soluciones adecuadas que le ayuden al país, a la economía, a los sectores, a los empresarios y al mismo Estado a lograr sus objetivos”.
Otros, como Martínez, consideran que la mejor manera de actuar en contextos como el actual “es permitiendo a nuestros clientes y a nuestros colegas que puedan desarrollar sus negocios y la proyección de su creación de valor. Nosotros tenemos una función de acompañamiento”.
En ese mismo sentido se pronunció Piñeros. “Los abogados somos unos meros instrumentos para el desarrollo de los negocios, convirtiéndonos en una talanquera de la arbitrariedad en interés del propio derecho. Para decirlo en términos de moda: volvernos la primera línea en esa defensa”, puntualiza.
El sector legal ha sido resiliente a la desaceleración y a los cambios. Ha tenido que ajustar su operación y no solo enfrentar desafíos externos, sino también las complejidades que trae el desarrollo de la tecnología, por ejemplo, con la inteligencia artificial. Sin duda, es hora de ajustes.
