El camino hacia la consolidación de una reforma agraria que le permita al país saldar deudas históricas con el campo colombiano y que de paso garantice la soberanía alimentaria, ha tenido más retos que oportunidades o vías libres para avanzar.
Para el Gobierno Petro este es uno de los instrumentos fundamentales para lograr el cambio social que le planteó al país, especialmente a una población que a lo largo de la historia ha debido enfrentar la violencia, el desplazamiento forzado, el robo de tierras a manos de grupos ilegales armados y hasta el uso indebido de los recursos naturales, entre otras problemáticas.
El objetivo con la reforma es ofrecer una vida digna a los campesinos, la tenencia de la tierra, la promoción del desarrollo rural y la producción de alimentos.
En dos años, el Ejecutivo ha hecho uso de diferentes herramientas que le permite la ley para poder avanzar en ese camino: la jurisdicción agraria, contemplada en los acuerdos de paz; el establecimiento de los territorios campesinos agroalimentarios y un énfasis muy importante en la compra y el acceso a la tierra, entre otros. Pero el avance ha sido lento y la meta planteada está lejana. En todo esto las firmas de abogados están atentas, pues son varios los retos legales que enfrenta un proceso como este.
Inseguridad jurídica, compras irregulares de tierras y falsas tradiciones, falta de planeación en el uso de mecanismos para la adquisición de predios, falta de conocimiento en los procedimientos legales y contractuales y ausencia de un mecanismo amplio de participación, son algunos de los problemas planteados por firmas de abogados consultadas.
Más allá de la compra de predios
Para empezar, y sin desconocer la problemática de la concentración de la tierra en el país, el Gobierno actual ha tratado de implementar un modelo basado en una visión parcial: enfrentar básicamente la concentración de la tierra.
“Hay factores sociales, culturales y económicos fundamentales que se están dejando de lado en la implementación de la reforma agraria. El enfoque se simplifica a tal punto que las metas se miden esencialmente en número de hectáreas, cuando el fondo debe ser el mejoramiento de los índices de desarrollo y reducción de la pobreza en el campo”, señala Esteban García Jimeno, de la firma Holland & Knight.
Y agrega que si bien algunos mecanismos para la adquisición de tierras podrían funcionar, especialmente el de la concertación con propietarios dispuestos a aportar, la burocratización y politización del proceso, impiden un desarrollo sustancial.
A esto se suma la inseguridad jurídica, producto de regulaciones ambiguas, incluso cuestionables desde el punto de vista legal y constitucional, que impiden que se materialice una política real para el desarrollo del campo.
“La tierra rural, en ciertas ocasiones, enfrenta problemas de titulación como falsas tradiciones, procesos de sucesión no concluidos, posesiones de largo plazo, pleitos y litigios no concluidos. Pero esos inconvenientes no necesariamente convierten a la propiedad privada en un bien baldío. Las altas cortes han sentado jurisprudencia clara en relación con la confianza legítima y la buena fe, y los funcionarios públicos tienen el deber de actuar con máxima diligencia y prudencia en estas operaciones de compra”, señaló Juan Carlos Rocha, socio de la firma Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU Legal).
Por su parte, Julián Cardona, director de Derecho Urbanístico de Dentons Cárdenas & Cárdenas, explicó que si bien las compras irregulares y las falsas tradiciones son el pan de cada día, una cosa es que se generen por temas jurídicos y otra por corrupción.
“Una cosa es que a nivel de problemática jurídica las compras irregulares y falsas tradiciones sean normales, y otra cosa muy distinta es que se compren tierras con pleno conocimiento de la existencia de estas problemáticas sin medir los riesgos legales y con el agravante de que, en el caso de la reforma agraria, el comprador es el Estado, quien adquiere, no con recursos privados, sino con recursos públicos”, señaló.
Planeación
Otros de los retos planteados son la falta de planeación para implementar los mecanismos en la adquisición de tierras, así como la ausencia de conocimiento en los procedimientos legales y contractuales y la falta de previsión de riesgos legales, propios de la situación predial en Colombia.
Todos estos son factores que incidieron en la problemática de compra de predios que originó un informe de la Procuraduría General de la República en el que se mencionan varias irregularidades en el proceso.
“La ejecución del programa no tuvo la rigurosidad en los estudios legales y técnicos para la identificación de los riesgos. La ansiedad por un anuncio político incide de forma muy negativa en los resultados”, dijo García Jimeno, de Holland & Knight.
Y otro reto, que pareciera de menor relevancia pero que es fundamental, es la participación de todos los actores involucrados en la implementación de una reforma agraria.
“Para que haya reforma agraria es necesario que participen los empresarios y los gremios. No solo las organizaciones campesinas y las reivindicaciones políticas pueden orientar las reformas legales. Se necesita la participación de todos los sectores y se necesita seguridad jurídica y garantía del ejercicio del derecho de propiedad. Son ya innumerables los testimonios sobre invasiones, ocupaciones, amenazas y vías de hecho. El desarrollo del campo necesita infraestructura y seguridad; sin estos dos pilares perdemos todos”, dijo Rocha, de PPU Legal.
Finalmente, llaman la atención sobre la necesidad de que el Estado cuente con un inventario de los terrenos baldíos y de los bienes fiscales que le pertenecen para dedicarlos al desarrollo agrícola, pues el último recurso debería ser la compra a los particulares.
Aporte de las firmas de abogados
Las firmas de abogados pueden desempeñar un papel fundamental en esta reforma agraria, siempre y cuando haya un escenario de participación receptivo.
Cuentan con conocimiento de la problemática predial en las zonas rurales y de los mecanismos de saneamiento, lo que les permite encender las alarmas ante probables riesgos y contingencias y aplicar así los correctivos jurídicos necesarios.
Los abogados en general obran como garantes del debido proceso, en este caso, en la compra de tierras rurales y es ahí donde debe estar el mayor énfasis: hacer que los derechos a la propiedad privada sean debidamente limitados, con reglas del juego claras, para evitar que se cometan arbitrariedades en nombre del interés general.
