El 25 de mayo de 2023 se publicó en el diario oficial El Peruano la Ley N° 31751, que tiene por objeto modificar el plazo de suspensión de prescripción de la acción penal.
El plazo prescriptorio de la acción penal es el tiempo que tiene el Estado Peruano para denunciar, investigar y sancionar un delito; el cual no puede ser ilimitado.
Las modificaciones legislativas se han realizado sobre los artículos 84° del Código Penal, y 339° núm. 1) del Código Procesal Penal, conforme a lo siguiente.
Modificación en el Código Penal
Modificación en el Código Procesal Penal
Es decir, y a modo de ejemplo, con la anterior regulación, si se incurría en la presunta comisión de un delito cuya pena máxima es de 4 años, la prescripción extraordinaria de la acción penal ocurría a los 6 años; sin embargo, si durante dicho periodo de tiempo se formalizaba de la investigación preparatoria, este acto generaba que el plazo de prescripción de la acción penal se suspenda hasta por un máximo de 6 años, y luego de transcurridos estos 6 años, recién volvía a computarse el plazo de prescripción de la acción penal. Entonces, en la práctica, el Estado Peruano tenía hasta 12 años para perseguir la comisión de un delito con una pena de 4 años de privación de la libertad.
Sobre la base del ejemplo anterior y aplicando la nueva regulación, si se incurre en la presunta comisión de un delito cuya pena máxima es de 4 años, la prescripción extraordinaria de la acción penal ocurrirá a los 6 años; sin embargo, si durante dicho periodo de tiempo se produce la formalización de la investigación preparatoria, este acto generará que el plazo de prescripción de la acción penal se suspenda hasta por el plazo máximo de 1 año, y luego de lo cual volverá a computarse el plazo de prescripción de la acción penal. Entonces, con la nueva normativa, el Estado Peruano tiene hasta 7 años para perseguir la comisión de un delito con una pena de 4 años de privación de libertad.
Es importante acotar que esta nueva regulación puede aplicarse de manera retroactiva, es decir, se puede aplicar a todos los procesos penales en trámite, en aplicación del principio de retroactividad benigna de la Ley Penal.
