Cuando se piensa en las grandes potencias de la aviación mundial, los nombres que suelen venir a la mente son Estados Unidos, Francia o los Emiratos Árabes Unidos. Sin embargo, hay un país que, con apenas cinco millones de habitantes y una superficie menor a la de la Región de Aysén, se ha convertido en el epicentro global del leasing aeronáutico: Irlanda. Más de la mitad de los aviones comerciales del mundo son propiedad de empresas con sede en Dublín. Ryanair es una las aerolíneas, por cantidad de pasajeros transportados, más grandes del mundo y la más grande de Europa. El fondo de la familia Ryan, IrelandiaAviation es responsable de la creación de aerolíneas lowcost en todo el mundo.
Este fenómeno no es casual ni responde a una tradición industrial ligada a la construcción de aeronaves. La explicación es esencialmente jurídico-tributaria. Desde la década de 1970, Irlanda diseñó un marco regulatorio que combinó tasas corporativas reducidas, una extensa red de convenios para evitar la doble tributación, depreciación acelerada de activos aeronáuticos y un régimen favorable para las operaciones de arrendamiento de aeronaves. A ello se sumó una institucionalidad sólida y estable, con resultados previsibles, profesionales especializados y una decidida voluntad política de posicionar al país como hub de servicios financieros para la aviación. El resultado es un ecosistema que atrae a las principales compañías de leasing del planeta y que genera miles de empleos de alta calificación. La pregunta que motiva esta columna es directa: ¿puede Chile replicar, en escala sudamericana, lo que Irlanda logró a nivel global?
La respuesta, a nuestro juicio, no solo es afirmativa, sino que nuestro ordenamiento jurídico ya contiene varias de las piezas necesarias para armar ese rompecabezas. Chile cuenta hoy con un conjunto de beneficios tributarios aplicables a la industria de la aviación que, analizados en su conjunto, configuran un entorno normativo notablemente competitivo en la región y que se justifica en la intención de reducir nuestra natural barrera geográfica, mejorando la conectividad y competitividad del país. Entre ellos destaca la exención de gravámenes en la importación y arrendamiento de aeronaves destinadas al transporte internacional (nuestro régimen de admisión temporal), la exención de pago de impuesto adicional a las aerolíneas, así como el tratamiento preferente que la legislación otorga a las rentas obtenidas por empresas extranjeras que prestan servicios de transporte aéreo desde y hacia Chile, sujetas a una tributación efectiva considerablemente menor que la tasa general aplicable a las personas jurídicas. A esto se suma la posibilidad de aplicar depreciación acelerada sobre los activos aeronáuticos, lo que mejora sustancialmente el flujo de caja de las compañías que invierten en flota dentro del país.
Pero los beneficios no se agotan en la esfera tributaria. Chile posee una red de convenios para evitar la doble tributación que, aunque aún presenta brechas de cobertura para ciertos estándares internacionales de economías más avanzadas, crecientemente se encuentra entre las más amplias de América Latina, con tratados vigentes con las principales economías del mundo. Esta red permite que las rentas derivadas de operaciones aeronáuticas tributen de manera eficiente, evitando la superposición de cargas fiscales que desincentivan la inversión en otras jurisdicciones de la región. Si a ello le sumamos la estabilidad macroeconómica del país, la solidez de su sistema judicial, la existencia de un banco central autónomo y un marco regulatorio aeronáutico alineado con los estándares de la Organización de Aviación Civil Internacional, el panorama resulta más que prometedor.
Incluso más, Chile ya tiene tres aerolíneas de estándar mundial, con experiencia probada. Lo anterior genera que tengamos capacidades profesionales y técnicas de sobra en nuestro país. El cuerpo de profesionales y técnicos que trabajan en el mundo de la aviación a nivel local son de primerísimo nivel. No es raro encontrarse chilenos trabajando en las empresas de leasing aéreo más grandes del mundo, después de haber pasado por la “escuela” de una aerolínea chilena.
No obstante, sería ingenuo sostener que basta con la legislación vigente para que Santiago se transforme automáticamente en el Dublín del Cono Sur. La experiencia irlandesa enseña que el éxito de un hub aeronáutico de servicios financieros requiere una política pública deliberada, sostenida en el tiempo y articulada entre múltiples actores. Irlanda no llegó a dominar el mercado del leasing de aeronaves por accidente; lo hizo porque durante décadas existió una estrategia coordinada entre el gobierno, la autoridad tributaria, los reguladores financieros y el sector privado. Chile necesita avanzar en una dirección similar, generando, por ejemplo, incentivos específicos para la radicación de compañías de leasing aeronáutico, fortaleciendo la formación de capital humano especializado en derecho aeronáutico y financiamiento de activos, y asegurando que las ventajas tributarias existentes se mantengan estables y predecibles para los inversionistas de largo plazo. Por ejemplo, un paso positivo sería la ratificación de la Convención de Ciudad del Cabo y su Protocolo sobre Aeronaves.
Existe, además, un aspecto geopolítico que juega a favor de Chile. En nuestro subcontinente es más rápido comprar aeronaves y hacerlas volar sobre cordilleras que construir carreteras. En un continente donde la demanda por transporte aéreo crece sostenidamente y donde la renovación de flotas será una necesidad ineludible en los próximos años, contar con un centro regional de arrendamiento y financiamiento de aeronaves generaría externalidades positivas que trascienden la mera recaudación fiscal. Estamos hablando de la creación de un polo de servicios profesionales de alto valor, de la atracción de inversión extranjera directa sofisticada y y de la consolidación del país como un actor relevante en la cadena de valor global de la aviación.
En definitiva, las condiciones normativas y económicas para que Chile se convierta en la Irlanda de Sudamérica en materia de aviación están, en buena medida, dadas. Lo que falta es la decisión estratégica de articular esas ventajas dispersas en una política coherente, con visión de largo plazo y con la ambición de competir no solo a nivel regional, sino de insertarse en las redes globales de financiamiento aeronáutico. El desafío es grande, pero la oportunidad lo es aún más. Y en un país que históricamente ha sabido construir institucionalidad desde la periferia geográfica, apostar por la aviación como vector de desarrollo económico no es una fantasía: es una posibilidad concreta que merece ser tomada en serio.
"...Sería ingenuo sostener que basta con la legislación vigente para que Santiago se transforme automáticamente en el Dublín del Cono Sur. La experiencia irlandesa enseña que el éxito de un hub aeronáutico de servicios financieros requiere una política pública deliberada, sostenida en el tiempo y articulada entre múltiples actores (...). Chile necesita avanzar en una dirección similar..."
