Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas

Fuente: Equipo de Derecho Público de PPU

El miércoles 22 de enero de 2025, se publicó el Decreto Supremo N° 009-2025-EF Públicas (en adelante, el “Reglamento”) que aprobó el Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones (en adelante, la “Ley”).

El Reglamento consta de trece (13) títulos, trescientos ochenta y nueve (389) artículos, catorce (14) Disposiciones Complementarias Finales, veintidós (22) Disposiciones Complementarias Transitorias, una (1) Disposición Complementaria Derogatoria y dos (2) Anexos, los cuales regulan, principalmente, el ámbito de aplicación, los actores involucrados en el proceso de contratación pública, la regulación general de bienes, servicios y obras contratados por entidades del Estado, los procesos de contratación, las modalidades de contratación pública eficiente, la solución de controversias derivadas de las contrataciones, y el régimen de infracciones y sanciones.

Al respecto, debemos resaltar que el Reglamento es una norma de alta complejidad por lo que su implementación por parte de las autoridades requiere de mecanismos de que integren a todos los actores involucrados en las contrataciones públicas.

Entre las principales regulaciones del Reglamento, se encuentran las siguientes:

Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas – DGA: se constituye como máxima autoridad técnico normativa del Sistema Nacional de Abastecimiento y el responsable de dictar las normas sobre contrataciones públicas, en el marco de la cadena de abastecimiento público, así como emitir opinión vinculante sobre la interpretación de la Ley y el Reglamento (Art. 5).
Fuentes de acceso al público del Registro Nacional de Proveedores – RNP: éste comprenderá la relación de proveedores sancionados en los últimos cinco años, incluyendo la información de socios, titulares e integrantes de los órganos de administración del proveedor al momento de la sanción (Art. 22.4). Ello facilitará la verificación de impedimentos en los proveedores.
Mecanismos de interoperabilidad: para lo cual se verificará la Ficha Única de Proveedor y se sustituye la responsabilidad de los proveedores de presentar la información que sea exigida en los procedimientos de selección para acreditar los requisitos de calificación y/o los factores de evaluación, debiendo los evaluadores revisar en la FUP del proveedor la información correspondiente (Art. 36.4).
Mecanismo de evaluación del desempeño del proveedor: se han establecido los incentivos para proveedores mejor calificados precisando que el Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes-OECE clasifica a los proveedores en cinco categorías dependiendo del puntaje obtenido: A, B, C, D y E; y, a aquellos que cuenten con la categoría A, B, o C se les otorga puntaje en el factor de evaluación de desempeño, conforme a los rangos establecidos en las bases estándar y en los documentos asociados al catálogo electrónico de acuerdo marco, durante la vigencia de su clasificación (Art. 38).
Impedimentos para contratar con el Estado:
- Se ha precisado el alcance de la inaplicación temporal de los impedimentos por riesgo de desabastecimiento y para su acreditación se deberá tener en cuenta lo siguiente (Art. 40):
- Se deberá sustentar que en la estrategia de contratación se ha verificado que el proveedor es el único con habilitación legal o con capacidad de brindar el servicio o con capacidad para proveer bienes en el momento de la contratación.
- Que exista un riesgo de desabastecimiento de servicios públicos esenciales a cargo de la entidad contratante, o cuyo desabastecimiento ponga en peligro la salud, la vida o la integridad de las personas o el medio ambiente.
- Esta inaplicación se sustenta por la entidad contratante previo a la aprobación del procedimiento de selección no competitivo por causal de desabastecimiento inminente o proveedor único.
- Asimismo, la entidad contratante puede inaplicar temporalmente el impedimento para contratar al contratista en caso requiera realizar una contratación complementaria.
En cuanto al impedimento referido a las “personas naturales o jurídicas que pertenecen a un mismo grupo económico” se ha definido al “grupo económico” como el “conjunto de personas, naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, conformadas por al menos dos de ellas, donde alguna ejerce el control sobre la o las demás o cuando el control corresponde a una o varias personas naturales que actúan como unidad de decisión” (Anexo de Definiciones).
Cuantía de la contratación: Se ha señalado que no es obligatorio dar a conocer a los proveedores esta cuantía durante la fase de selección, salvo que ésta sea punto de referencia para la presentación de ofertas (Art. 53), lo cual ocurre en los siguientes casos:
- Servicios de operación y/o mantenimiento o de mantenimiento vial.
- Sistema de entrega de solo construcción.
- Obras y consultoría de obras bajo sistemas de entrega distintos a solo construcción.

Graduación de sanciones (Art. 375):

Infracciones	Gradualidad
Desistirse o retirar injustificadamente su propuesta de manera reiterada. Incumplir injustificadamente con su obligación de perfeccionar el contrato o de perfeccionar acuerdos marco. Subcontratar prestaciones sin autorización de la entidad contratante o en porcentaje mayor al permitido por el reglamento, o cuando el subcontratista no cuenta con inscripción vigente en el RNP o esté impedido para contratar con el Estado. Negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben ejecutarse con posterioridad al pago.	Multa: 1 – 3 UIT
Suscribir contratos o acuerdos marco sin contar con inscripción vigente en el RNP o suscribir contratos por montos mayores a su capacidad libre de contratación, en especialidades o categorías distintas a las autorizadas por el RNP. Elaborar expedientes técnicos de obra con deficiencias o información equivocada, aun cuando se haya otorgado la conformidad respectiva, siempre que estos hayan generado el retraso en la ejecución de la obra al ser detectados, o no absolver oportunamente las consultas formuladas por la entidad contratante respecto del expediente técnico durante la ejecución contractual de la obra, de modo que ocasionen retraso en su ejecución. Supervisar la ejecución de obras de manera negligente, de modo que perjudique económicamente a las entidades contratantes.	Multa: 4 – 5 UIT Retiro temporal: 03 meses – 12 meses
Perfeccionar el contrato, luego de notificada la suspensión en la Plataforma Digital para las Contrataciones Públicas (Pladicop) o recomendación de nulidad por el OECE o la nulidad del proceso de contratación dispuesta por el Tribunal de Contrataciones Públicas, en el ejercicio de sus funciones. Contratar con el Estado estando impedido conforme a ley, con independencia del régimen legal de contratación aplicable.	Retiro temporal: 13 meses – 24 meses.
Ocasionar que la entidad contratante resuelva el contrato, incluidos aquellos contratos que se perfeccionen a través de los catálogos electrónicos de acuerdos marco, siempre que dicha resolución no haya sido sometida a los mecanismos de solución de controversias o haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral.	Retiro temporal: 25 meses – 36 meses.

Normativa de los regímenes especiales: se ha precisado que éstos son los establecidos como tales por normas de rango de Ley y que cuentan con opinión previa favorable de la DGA, con excepción del régimen especial para las contrataciones de la Agencia de la Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) y que incluye de manera obligatoria las siguientes disposiciones (Primera Disposición Complementaria Final):

Se someten a los principios de la Ley, así como a las disposiciones de los acuerdos comerciales y a otros compromisos internacionales que haya suscrito el Perú.
La obligatoriedad de que los proveedores se encuentren registrados en el RNP, salvo los casos debidamente sustentados por la naturaleza del régimen especial.
Sus actos se registran en la Pladicop.
Les son aplicables los impedimentos previstos en la Ley.
El régimen de infracciones y sanciones aplicable, así como la autoridad competente para determinar las infracciones e imponer las sanciones.
El régimen de solución de controversias en la fase de selección y la de ejecución contractual, así como la autoridad competente para resolverlas.

De conformidad con la Disposición Complementaria Final Vigésima Novena de la Ley, dicho dispositivo legal y su Reglamento entran en vigencia a los noventa (90) días calendario desde el día siguiente de publicado el Reglamento[1], es decir el 22 de abril de 2025.

[1] Excepto la décima tercera, décima sexta, décima novena y vigésima octava disposiciones complementarias finales, así como la única disposición complementaria modificatoria de la Ley que entraron en vigor a partir del día siguiente de la publicación de la Ley en el diario oficial El Peruano.