En PPU asesoramos a clientes del sector público y privado en diversas materias relacionadas con el Derecho Público (Administrativo y Constitucional) y Regulatorio. Contamos con un equipo de expertos que asesoran en la interpretación y aplicación de normativas nacionales e internacionales, así como en la elaboración y revisión de políticas públicas, proyectos de ley y regulaciones sectoriales.
Nuestra práctica abarca tanto la defensa de los intereses de nuestros clientes en procedimientos administrativos y judiciales, como la elaboración de proyectos de ley, marcos regulatorios y otros instrumentos normativos. Además, apoyamos otras áreas del Estudio cuando se requieren aspectos vinculados al Derecho Público para ofrecer soluciones completas y bien fundamentadas.
Gracias a la amplia experiencia y enfoque multidisciplinario, hemos sido reconocidos tanto a nivel nacional como internacional como líderes en esta área, destacándonos por nuestro trabajo en la asesoría en materias tan diversas como el Derecho Constitucional, Administrativo, la Contratación Estatal, reclamaciones administrativas y el cumplimiento normativo en sectores regulados.
Ofrecemos asesoría legal en las siguientes materias:
Asesoría en acciones y cuestiones de constitucionalidad, defensa de derechos fundamentales, control de constitucionalidad y análisis de reformas constitucionales.
Asesoría en procedimientos administrativos especiales y representaciones ante la jurisdicción contencioso-administrativa, con un enfoque práctico en la resolución de controversias administrativas.
Asistencia en procedimientos precontractuales (licitaciones, concursos) y en la ejecución de contratos con el Estado, asegurando el cumplimiento de la normativa y la optimización de procesos.
Defensa y representación en procedimientos administrativos relacionados con sanciones y multas, garantizando el debido proceso y la correcta interpretación de la normativa aplicable.
Asesoramos en la creación, revisión y modificación de leyes y reglamentos, con un enfoque estratégico que asegura que las propuestas sean viables y alineadas con los intereses de nuestros clientes y el ordenamiento jurídico.
También prestamos apoyo regulatorio en la asesoría en diversas materias relacionadas al Derecho Público, tales como el Derecho Aduanero, Derecho de Aguas, Derecho Ambiental, Derecho Concesional, Derecho Eléctrico, Derecho Marítimo, Derecho Portuario, Derecho Sanitario, Derecho de las Telecomunicaciones, Empresas Públicas, Infraestructura y Proyectos, Urbanismo, Servicios Públicos y Otras regulaciones sectoriales.
Nuestra práctica cubre integralmente la relación entre las empresas privadas y el Estado. Asesoramos en contratación estatal, licitaciones públicas, estructuración de Proyectos e Infraestructura (APP y concesiones), procedimientos sancionatorios administrativos, regulación sectorial (energía, servicios públicos, telecomunicaciones, transporte, pharma) y litigación contencioso-administrativa y constitucional.
Acompañamos a inversionistas y empresas en todo el ciclo de la contratación pública: desde la revisión de pliegos de condiciones y bases de licitación, preparación de ofertas legales y estructuración de consorcios, hasta la representación en audiencias de adjudicación y eventuales impugnaciones, recursos administrativos y/ o jurisdiccionales en cada una de las jurisdicciones donde operamos.
Ante el inicio de una investigación o formulación de cargos por parte de superintendencias, contralorías u organismos regulatorio o de control sectorial. PPU diseña estrategias de defensa técnica y legal. Intervenimos en la etapa de descargos, aportes probatorios, recursos de reposición/apelación e instancias contencioso-administrativas y/o judiciales para resguardar los intereses de la compañía.
Brindamos asesoría legal de principio a fin en proyectos de infraestructura pública y privada. Esto incluye el diseño e iniciativa de APPs, la fase de licitación y adjudicación, la negociación de contratos de concesión, el reequilibrio económico-financiero de contratos, la gestión de reclamos (claims) y la resolución de controversias ante paneles técnicos, tribunales arbitrales u otras entidades judiciales o administrativas.
Sí. Contamos con amplia experiencia en la interposición y defensa de acciones constitucionales (como recursos de protección, reclamos ante Contraloría o ante el Tribunal Constitucional en Chile, acciones de tutela y de nulidad en Colombia, o procesos de amparo y populares en Perú) para proteger derechos fundamentales, garantías de propiedad o libertad de empresa frente a decisiones arbitrarias de la administración pública.
Nuestra práctica cubre integralmente la relación entre las empresas privadas y el Estado. Asesoramos en contratación estatal, licitaciones públicas, estructuración de Proyectos e Infraestructura (APP y concesiones), procedimientos sancionatorios administrativos, regulación sectorial (energía, servicios públicos, telecomunicaciones, transporte, pharma) y litigación contencioso-administrativa y constitucional.
Acompañamos a inversionistas y empresas en todo el ciclo de la contratación pública: desde la revisión de pliegos de condiciones y bases de licitación, preparación de ofertas legales y estructuración de consorcios, hasta la representación en audiencias de adjudicación y eventuales impugnaciones, recursos administrativos y/ o jurisdiccionales en cada una de las jurisdicciones donde operamos.
Ante el inicio de una investigación o formulación de cargos por parte de superintendencias, contralorías u organismos regulatorio o de control sectorial. PPU diseña estrategias de defensa técnica y legal. Intervenimos en la etapa de descargos, aportes probatorios, recursos de reposición/apelación e instancias contencioso-administrativas y/o judiciales para resguardar los intereses de la compañía.
Brindamos asesoría legal de principio a fin en proyectos de infraestructura pública y privada. Esto incluye el diseño e iniciativa de APPs, la fase de licitación y adjudicación, la negociación de contratos de concesión, el reequilibrio económico-financiero de contratos, la gestión de reclamos (claims) y la resolución de controversias ante paneles técnicos, tribunales arbitrales u otras entidades judiciales o administrativas.
Sí. Contamos con amplia experiencia en la interposición y defensa de acciones constitucionales (como recursos de protección, reclamos ante Contraloría o ante el Tribunal Constitucional en Chile, acciones de tutela y de nulidad en Colombia, o procesos de amparo y populares en Perú) para proteger derechos fundamentales, garantías de propiedad o libertad de empresa frente a decisiones arbitrarias de la administración pública.