El Congreso viene tomando los reflectores por las modificaciones al Nuevo Código Procesal Constitucional y a diversas normas penales. En dicho contexto, la bancada Perú Libre ha presentado cinco proyectos de ley que afectan la labor judicial y fiscal:
- Proyecto de Ley N.° 08657/2024-CR, que propone la destitución automática de jueces o fiscales que acumulen cierto número de decisiones revocadas o requerimientos rechazados.
- Proyecto de Ley N.° 08678/2024-CR, que propone crear una Comisión de Fiscalización de Jueces y Fiscales en el Congreso.
- Proyecto de Ley N.° 08694/2024-CR, que propone que el Presidente del Poder Judicial y el Fiscal de la Nación sean designados por criterio de antigüedad y cesen al finalizar su gestión.
- Proyecto de Ley N.° 08913/2024-CR, que propone habilitar a los congresistas para solicitar información de procesos e investigaciones en curso.
- Proyecto de Ley N.° 09171/2024-CR, que propone concentrar el control de constitucionalidad de las leyes del Congreso en el Tribunal Constitucional, despojando a los jueces de tal potestad.
El Proyecto de Ley N.° 08657/2024-CR propone modificar la Ley N.° 29277, Ley de la Carrera Judicial, y la Ley N.° 30483, Ley de la Carrera Fiscal, a fin de que sean automáticamente destituidos los jueces que acumulen 10 autos o 5 sentencias revocadas o anuladas y los fiscales que acumulen 10 acusaciones con pronunciamiento absolutorio. Este proyecto compromete la independencia judicial, pues la reversión de decisiones no necesariamente se debe a un desempeño deficiente. Surge el riesgo de que se penalicen las diferencias interpretativas y se desincentive a los jueces y fiscales a adoptar medidas que consideren controversiales, aunque correctas.
El Proyecto de Ley N.° 8678/2024-CR propone modificar el Reglamento del Congreso a fin de crear una Comisión de fiscalización de jueces y fiscales dentro del Poder Legislativo. Este proyecto genera el riesgo de que la fiscalización congresal sea utilizada como una herramienta de presión política. Además es redundante, pues la labor de los jueces y fiscales ya es fiscalizada por las Autoridades Nacionales de Control del Poder Judicial y del Ministerio Público, además de las evaluaciones de desempeño de la Junta Nacional de Justicia.
El Proyecto de Ley N.° 8694/2024-CR propone, entre otros, que el Presidente del Poder Judicial no sea elegido por la Sala Plena de la Corte Suprema, sino que sea un cargo asumido por el Juez Supremo Titular más antiguo y que este, así como el Fiscal de la Nación, cesen en sus cargos de Juez Supremo y Fiscal Supremo, respectivamente, al culminar sus periodos de gestión. Esta propuesta agrava el problema de la provisionalidad de jueces y fiscales al forzar el cese de magistrados supremos con experiencia que podrían continuar con sus funciones. Lo más peligroso, sin embargo, es que se dispone el cese inmediato de los magistrados que han encabezado sus instituciones, lo que afectaría a 3 Jueces Supremos y a 2 Fiscales Supremos. Esto último dejaría a la Junta de Fiscales Supremos con solo 2 integrantes, paralizándola en tanto se realiza el proceso de selección de nuevos Fiscales Supremos.
El Proyecto de Ley N.° 8913/2024-CR propone modificar los artículos 96° y 154° de la Constitución a fin de que los congresistas se encuentren habilitados para requerir “informes documentados” de toda entidad pública o privada, incluyendo procesos judiciales e investigaciones policiales o fiscales en curso, aunque sean reservadas. Conforme a este proyecto, los funcionarios están obligados a enviar información sobre los procesos en curso dentro del plazo de 10 días o, de lo contrario, incurrirá en falta muy grave. El que puedan acceder libremente a información sobre procesos e investigaciones en curso puede generar presiones políticas indebidas.
El Proyecto de Ley N.° 9171/2024-CR propone modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial a fin de eliminar el control difuso de la constitucionalidad contra las leyes del Congreso. Bajo esta propuesta, las Salas Superiores y la Corte Suprema, al conocer un caso donde consideren que una ley del Congreso es incompatible con la Constitución, deberán suspender el proceso y formular cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, el que determinará si la ley debe ser inaplicada o no. Esta propuesta es contraria al sistema de control dual de constitucionalidad fijado por la Constitución, donde todos los jueces deben inaplicar las normas legales que sean inconstitucionales al caso que conocen (control difuso y concreto) y el Tribunal Constitucional tiene el poder exclusivo de expulsar del ordenamiento las normas que sean inconstitucionales en general (control concentrado y abstracto). Además, si se pretende cambiar a un sistema de control concentrado, correspondería que este se aplique a toda norma legal y no solo a las leyes del Congreso, las que pasan a tener un trato privilegiado en comparación con los Decretos Legislativos, Decretos de Urgencia y Ordenanzas regionales y municipales.
Las funciones de jueces y fiscales se legitiman desde el derecho y, como tales, sirven de contrapeso a la política en la construcción de la democracia. Por ende, el recorte de funciones de control constitucional y el incremento de la injerencia política sobre los magistrados que estos proyectos proponen tendría un impacto significativo y peligroso sobre el sistema constitucional. Es por ello que consideramos de vital importancia mantenernos atentos a su desarrollo.
