La reducción del ámbito sancionador de la Contraloría, a manos del Tribunal Constitucional, apunta a dar cierta protección a las decisiones técnicas de los funcionarios.
La reciente decisión del Tribunal Constitucional, que declaró inconstitucionales diversos artículos de la Ley que tipifica las conductas infractoras para el adecuado ejercicio sancionador de la Contraloría General de la República, apunta a ‘liberar’ a funcionarios públicos de distintos niveles. Funcionarios que, en los últimos años, solían ser excesivamente medrosos, debido al temor de que una Contraloría más poderosa los ‘empapele’.
Con el fallo del último 30 de julio, el Tribunal Constitucional le quitó a la Contraloría la potestad sancionadora fuera de actos que involucren la ejecución presupuestal del Estado u operaciones de deuda pública. Esta decisión va en contra de las pretensiones de la Contraloría, que venía buscando ampliar sus facultades sancionadoras. Prueba de ello es que dicha institución presentó al Congreso, en abril pasado, dos proyectos de ley para poder sancionar a privados, como contratistas, subcontratistas y supervisores. Ahora, esos proyectos quedarán en suspenso y la Contraloría deberá enviar una nueva propuesta legislativa, que delimite con exactitud los alcances de su brazo sancionador. “La sentencia comienza a aplicarse desde ya y queda en manos del Congreso la aprobación de la ley que establezca los límites”, anticipa Angie Umezawa, counsel de Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría.
Las observaciones de la Contraloría por temas administrativos han afectado el avance de importantes proyectos en los últimos años. El Gasoducto del Sur y la Carretera Interoceánica son sólo algunos ejemplos de ello, como señala Juan José Cárdenas, socio de Damma Legal Advisors. “Contraloría analizaba la decisión técnica de un funcionario del sector. Pero las decisiones no son ‘buenas’ ni ‘malas’, sino ‘mejores’ o ‘peores’”, agrega Cárdenas.
De acuerdo con la presidenta de Ositran, Verónica Zambrano, el organismo de control incluso ha llegado a sancionar funcionarios por su desempeño, sin que ello suponga necesariamente dolo o perjuicio al Estado. “En las últimas semanas nos observó que aprobamos la construcción de las vías internas del nuevo aeropuerto Jorge Chávez. No podemos oponernos. Está en el plan de desarrollo aeroportuario. Sería incorrecto que nosotros detengamos el avance de la obra. Eso nos pasaba todos los días”, cuenta Zambrano.
Ahora, el velo de mayor protección que representa el fallo del Tribunal Constitucional podría incluso propiciar, a mediano plazo, una mejora en la calidad de los funcionarios. “Esas sanciones desincentivaban a las personas adecuadas a encargarse de la labor pública, además de paralizar a los funcionarios que ya estaban dentro del sistema”, advierte Carlos Monteza, socio de Cuatrecasas.
SEMANAeconómica solicitó una entrevista a la Contraloría para la elaboración de este informe. Al cierre de la edición, la entidad declinó participar.
