El proyecto, donde el nuevo presidente es coautor, fue presentado apenas el 6 de febrero, por Américo Gonza, su correligionario en Perú Libre. ¿Qué busca en detalle?
El nuevo presidente del Perú, José María Balcázar, es coautor de un proyecto de ley que busca eliminar los services, la intermediación y la tercerización laboral.
Para lograrlo, se plantea derogar la Ley 29245, Ley que regula los servicios de tercerización y; la Ley 27626, Ley que regula la actividad de las empresas especiales de servicios de las cooperativas de los trabajadores, así como las normas derivadas, conexas y reglamentarias.
El proyecto fue presentado recientemente, apenas el 6 de febrero, por Américo Gonza, su correligionario en Perú Libre. Está, actualmente, a la espera de ser debatido en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social y también fue derivado a la de Economía.
Uno de los artículos de esta propuesta, respaldada por Balcázar siendo congresista, precisa que, para darle “garantía a los trabajadores”, quienes se encuentren bajo estos esquemas “serán incorporados al régimen laboral mayoritario de la entidad, conservando su tiempo de servicio y todos los derechos sociolaborales adquiridos”.
Asimismo, desde Perú Libre, se considera que con esta propuesta se “reducirán conflictos laborales, con una mejora en la imagen institucional del Estado” sobre los derechos laborales en estas modalidades de trabajo.
Además, es importante recordar que las intenciones de estos cambios en la política laboral del país no son recientes. El partido del prófugo Vladimir Cerrón, inicialmente con el rostro del encarcelado Pedro Castillo, impulsó la denominada “Agenda 19”, que contemplaba restricciones para el uso de la tercerización laboral y más.
GRAVES RIESGOS PARA LA ECONOMÍA
Jorge Toyama, socio de Vinatea & Toyama, consideró que esta es la propuesta “más radical” entre todas las anteriores impulsadas durante la época de Pedro Castillo sobre el tema. Si bien anteriormente se buscaban restricciones o límites, esta busca su prohibición total.
Junto con Lidia Vichez, socia del equipo laboral de PPU, coincidieron al indicar que la derogación son significativas perjudiciales para la competitividad y productividad del país, con afectación directa en el dinamismo de las empresas y empleos.
“Además, esta propuesta es claramente inconstitucional. Atenta contra la libertad de empresa y de contratación. [Con su derogación] se perdería productividad porque, al final, todo va a salir más caro, oneroso”, refirió Toyama.
Vílchez comentó que una de las principales observaciones es que la medida busca homologar los conceptos de intermediación con tercerización, cuando son distintos e, incluso, tienen marcos normativos propios.
“Sobre la intermediación, la ley permite destinar personal a actividades que no son centrales para el giro del negocio, como los servicios de limpieza y vigilancia. La ley exige una serie de requisitos legales para su validez: una carta fianza, que tengan responsabilidad solidaria, entre otros”, anotó.
Del otro lado, recordó, la tercerización consiste en la entrega de una servicio integral, considerando personal, recursos, entre otros.
“Asumamos que se derogan, ¿cuántas empresa que trabajan por tercerización desaparecerán? Una empresa no puede absorber a todo este personal. La consecuencia es que se incrementará el desempleo. El mensaje que se quiere dar es que se entra a planilla o nada. La propuesta es totalmente nociva, es un error”, indicó Vílchez.
Toyama sumó que, bajo este escenario que se busca desde Perú Libre, cada empresa del país, sin importar si es privada o pública o su tamaño, debería tener en planilla a su propio personal de limpieza, vigilancia y de jardinería.
“Con esto, cada empresa deberá tener su especialista en seguridad, catering, reparaciones y todas las tareas más que se tercerizan. Entonces, una empresa tendrá que, por ejemplo, comprar uniformes para estos trabajadores y herramientas, armas en el caso de la seguridad. Estamos hablando de cargar responsabilidades en lo que la empresa no es especialista”, ejemplificó.
Ahora bien, Toyama indicó que, si bien Balcázar tuvo esta posición como legislador, ahora desde el Ejecutivo debe tener puntos de equilibrio y agrupar el punto de vista de los diferentes actores. “Estamos hablando de un riesgo significativo, de la pérdida de varios puntos del PBI”, anotó.
En tanto, Vílchez observó que siempre que se intenta impulsar estas propuestas, bajo la premisa de atender un escenario abolicionista, se hace sin calcular sus consecuencias económicas.
“Es peligroso por el impacto ante el universo masivo de empresas, de diferentes tamaños, que serían alcanzados. Nunca hay un plan B”, anotó.
Por último, Toyama recordó que los países más desarrollados permiten las tercerizaciones o intermediaciones. A nivel de la OCDE, todos salvo México con las actividades principales, también las aplican. Estas también cuentan con el respaldo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Para el socio de Vinatea & Toyama, el esfuerzo que se requiere en este rubro es de elevar y volver más eficiente la fiscalización a los services “fantasmas” o las contrataciones simuladas, por ejemplo.
