En medio de un debate que trasciende los límites del tecnicismo legal, los defensores de la permanencia en el ISDS (Investor-State Dispute Settlement) aducen la garantía ofrecida a las empresas para solucionar conflictos surgidos ante un eventual cambio en las reglas de juego, mientras que los detractores apuntan a la vulneración de la soberanía y la gobernabilidad implícitas en este tipo de convenios arbitrales.
Aunque hasta ahora se trata solo de un anuncio político, bufetes dentro y fuera de Colombia han advertido a sus clientes sobre las implicaciones que tendría una concreción de la amenaza. Entre los principales riesgos mencionan una posible fuga de capitales, un aumento de las demandas contra el Estado y una eventual degradación de la calificación crediticia del país, factor clave para atraer las inversiones extranjeras necesarias para sostener el crecimiento económico del país.
Otras vías
Juan Sebastián Arias, socio del bufete Philippi Pietrocarrizosa Ferrero Du & Uría en Colombia, ratifica que el sistema de protección de inversiones aplicable a Colombia es robusto y va más allá el Convenio CIADI, garantizando a los inversionistas extranjeros conservar, bajo ciertas condiciones, el acceso a mecanismos alternativos, como el arbitraje bajo las Reglas de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) o el Mecanismo Complementario del CIADI, entre otros, según el instrumento aplicable.
Más demandas
El escenario deja a Colombia con un menor margen de maniobra para prevenir nuevas disputas y expone al país a un doble riesgo: un posible aumento de las demandas internacionales y una menor confianza de los inversionistas.
En el primer caso, es oportuno recordar que, en 2018, Colombia fue el país más querellado del mundo: recibió seis demandas. En los últimos 10 años, sumó un total de 29 demandas, de las cuales, hasta marzo de este año, 18 habían recibido sentencia a favor de alguna de las partes. De las resueltas, seis fueron favorables al inversor, dos discontinuadas y 10 están en proceso tras ser rebatidas por el Estado.
Ahora bien, la historia reciente ha demostrado que la denuncia al CIADI ha redundado en un inusitado incremento de las demandas contra el Estado denunciante. La vecina Venezuela es el mejor ejemplo: en 2012, cuando Hugo Chávez firmó el retiro de Venezuela del Convenio CIADI, el país acumulaba un total de 19 demandas. Tras el anuncio, la cifra se disparó a 40.
Juan Sebastián Arias suscribe esta opinión y añade que, frente a inversiones ya realizadas que aún no hayan dado lugar a una controversia, las cláusulas de supervivencia de los TBI aplicables prolongan la cobertura sustantiva y, junto con la disponibilidad del arbitraje CNUDMI y del Mecanismo Complementario del CIADI, mantienen vías efectivas para hacer valer las protecciones pactadas.
