La seguridad energética de Colombia atraviesa una coyuntura en la que confluyen riesgos estructurales de abastecimiento y expansión de infraestructura mientras el crecimiento de la demanda refleja una tendencia creciente. En la medida en que la demanda no pueda ser atendida de forma confiable, se limita la capacidad del país para atraer inversión, ampliar la actividad productiva, incorporar nuevas tecnologías y sostener el crecimiento urbano e industrial.
La coyuntura actual evidencia este reto: el sistema enfrenta una combinación relevante de menor holgura en gas natural por la mayor dependencia de importaciones ante la falta de desarrollo de fuentes locales de producción y, por otro lado, rezagos en la expansión de generación y transmisión, y una demanda que sigue creciendo más rápido que la infraestructura eléctrica que debe atenderla. Este diagnóstico adquiere mayor relevancia ante el fenómeno de El Niño, dado que una hidrología deficitaria exige mayor generación térmica y, con ello, el reto de garantizar la disponibilidad de energéticos para preservar la continuidad del servicio.
De esta manera, la ruta de solución debe partir de una gestión preventiva y coordinada para garantizar seguridad, estabilidad legal y regulatoria para la política pública, aprobación de permisos y ejecución de proyectos. Colombia necesita una política energética que entienda la transición como una agregación ordenada de fuentes y no como una sustitución inmediata de los energéticos que garantizan firmeza, respaldo y continuidad. Las Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER) para la generación eléctrica cumplen un papel fundamental en la diversificación de la matriz, pero su incorporación debe estar acompañada de reglas y tiempos expeditos para la conexión, almacenamiento y respaldo operativo con las señales regulatorias suficientes.
La seguridad energética exige, además, asumir que el gas natural, la generación térmica, la infraestructura de transporte, las redes de transmisión y los mecanismos de confiabilidad siguen siendo piezas centrales del sistema. La transición debe estructurarse sobre una base realista, de forma que la diversificación energética no comprometa la continuidad del servicio, la competitividad tarifaria ni la calidad de vida de los usuarios.
En hidrocarburos, se requiere el soporte institucional para garantizar que los contratos vigentes deben respaldarse, cumplirse y ejecutarse con reglas claras y tiempos razonables. La ejecución de estos contratos requiere la coordinación institucional para atender oportunamente licencias, permisos y demás trámites que condicionan el avance de sus fases contractuales. Honrar los contratos vigentes es una señal central de seguridad jurídica, pero también una decisión estratégica de abastecimiento.
Colombia mantiene horizontes de reservas que invitan a actuar con rigor, especialmente en gas natural, donde la relación reservas-producción continúa siendo estrecha y donde los recursos contingentes solo se convierten en seguridad real cuando superan sus contingencias técnicas, ambientales, sociales y comerciales. En paralelo, la Agencia Nacional de Hidrocarburos debe reactivar su principal rol y adelantar nuevas rondas de asignación de áreas, porque sin exploración no hay reemplazo sostenible de reservas, y sin reemplazo se reduce la capacidad de estructurar una política robusta de seguridad energética.
También resulta necesario plantear, con seriedad técnica y jurídica, la discusión referente a los yacimientos no convencionales como una potencial fuente alterna para aumentar la oferta nacional ante el déficit actual que atraviesa Colombia. La discusión no debe constituirse como una excepción a los estándares ambientales o sociales, sino como una alternativa que, de ser evaluada, tendría que estructurarse bajo el principio de precaución, licenciamiento ambiental robusto y supervisión técnica permanente. En un país con declinación de campos convencionales y necesidades crecientes de gas para hogares, industria y generación térmica, resulta razonable mantener abierta la evaluación de estas alternativas, siempre que su eventual desarrollo se sujete a estándares exigentes. La decisión más prudente no es improvisar, ni prohibir por asimilación de criterios de otras jurisdicciones, sino construir una ruta regulatoria exigente, verificable y compatible con los compromisos ambientales del país.
En el frente eléctrico, la confiabilidad depende de energía en firme, no solo de capacidad anunciada. En escenarios de hidrología deficitaria, la operación del sistema exige mayor respaldo térmico y disponibilidad suficiente de gas, carbón y combustibles líquidos, de modo que la preparación debe ser preventiva y no simplemente reactiva. Los retrasos en proyectos de generación, las barreras de licenciamiento ambiental y territorial, y las demoras en conexiones incrementan la vulnerabilidad del sistema en un contexto de crecimiento sostenido de la demanda.
Las subastas de Obligaciones de Energía Firme del Cargo por Confiabilidad cumplen una función esencial, porque permiten remunerar inversiones capaces de atender la demanda en condiciones críticas, pero su eficacia depende de que los proyectos adjudicados entren realmente en operación. Si una planta no cuenta con conexión aprobada rápidamente, permisos ambientales, combustible disponible o cronograma ejecutable, su aporte a la confiabilidad puede ser limitado frente a las necesidades reales del sistema. Por eso, antes de seguir acumulando señales de expansión, el país debe hacer seguimiento efectivo al estado real de qué proyectos pueden construirse, cuáles requieren intervención institucional y cuáles presentan riesgos materiales de retraso.
La infraestructura de redes eléctricas del Sistema Interconectado Nacional (SIN) es otro elemento que amerita traer a esta discusión. No basta con tener oferta si la energía no puede llegar a los centros de consumo. La transmisión y la distribución viabilizan el intercambio físico de energía y permite que la capacidad de generación se traduzca en atención efectiva de la demanda. Por ello, los cuellos de botella en redes, subestaciones, capacidad de transformación y conexión pueden convertirse en restricciones relevantes para el crecimiento económico. A manera de ejemplo, podemos hablar de cómo la región central concentra una porción crítica de la demanda nacional y enfrenta necesidades urgentes de refuerzo, asociadas al crecimiento urbano, industrial, tecnológico y de movilidad eléctrica; o de cómo las líneas de trasmisión del norte del país requieren de apoyo institucional.
Los proyectos de transmisión no son obras complementarias o secundarias; son condiciones para evitar demanda no atendida y mayores riesgos de interrupción. La confiabilidad se compromete no solo cuando falta generación, sino también cuando la red no puede transportar la energía en el lugar y momento en que la demanda la requiere.
Por lo anterior, con una mirada prospectiva a los próximos años, las decisiones regulatorias y de política pública que adopte el Gobierno Nacional serán determinantes para superar las vulnerabilidades actuales. Es imperativo definir con prontitud las medidas para que la política pública pueda apostar en simultáneo por la importación y por la explotación doméstica, la soberanía en gas natural, de forma que las señales regulatorias sean coherentes con esa decisión. También deberá respaldar los contratos vigentes, evaluar nuevas rondas, acelerar la infraestructura de importación y transporte de gas, adelantar nuevas subastas del Cargo por Confiabilidad, y resolver los cuellos de botella en conexión, licenciamiento, consulta previa, servidumbres y cronogramas para la expansión en generación y transmisión. No basta adjudicar subastas ni anunciar proyectos; se requiere que la energía comprometida cuente con respaldo técnico, permisos, conexión, garantías y cronogramas ejecutables.
La falta de decisiones oportunas podría condenar al país a mantenerse en una tendencia de administración de escasez, en lugar de promover aumentos estructurales de oferta que permitan fomentar la competitividad de los mercados y, por ende, las tarifas de la prestación a usuarios finales. En los próximos años se definirá si el país consolida una transición confiable, competitiva y ordenada, o si enfrenta mayores restricciones de suministro, importaciones costosas y pérdida de inversión. La competitividad energética de Colombia dependerá, en buena medida, de cerrar la brecha entre planeación y ejecución y de convertir los instrumentos regulatorios existentes en proyectos que efectivamente entren en operación.
