Durante los últimos años se ha dado una discusión técnica y política respecto del régimen de gobierno interior, con demandas de diversos actores por avanzar hacia un sistema más descentralizado que reconozca una mayor autonomía en los distintos niveles de gobierno subnacional. Asimismo, el debate ha buscado que se determine con claridad el papel que deben cumplir los gobiernos regionales y municipales, y que les entregue a estos las atribuciones necesarias para cumplirlo, junto con la debida rendición de cuentas.
Estas demandas se basan en el bajo nivel de descentralización existente en Chile -incluso comparado con otros países unitarios-, en la desigualdad socioeconómica territorial existente entre las distintas regiones del país (Aninat et al., 2020a), así como en la falta de participación e identidad en el nivel local. En este contexto, el in- forme presentado por la Comisión Asesora Presidencial de Descentralización y Desarrollo Regional (2014) recomendó priorizar la concreción de avances en descentralización política, administrativa y financiera.
Las autoridades han hecho eco de estos llamados, lo que se refleja en importantes modificaciones respecto del proceso de descentralización en términos políticos, principalmente a través de la elección por votación de los gobernadores regionales, y administrativos, a través de la incorporación de un mecanismo de transferencia de competencias a los gobiernos regionales. A estos cambios constitucionales se suma la actual discusión parlamentaria sobre el financiamiento regional1.constitucional
Sin embargo, dado que estas modificaciones solo han sido recientemente aprobadas y no se encuentran en régimen, existe una fuerte incertidumbre sobre los efectos que estas tendrán tanto en términos políticos como de gestión (Irarrázaval y Rodríguez, 2018), por lo que probablemente el debate continuará.
