Es cada vez más frecuente escuchar sobre la importancia de ciertos minerales -llamados “críticos” o “estratégicos”- para la transición energética y la lucha global contra el cambio climático. Algunos países han diseñado políticas públicas y aprobado leyes para promover la exploración y explotación de estos minerales, que seguirán siendo altamente demandados por las tecnologías asociadas a las energías renovables y al reemplazo de los combustibles fósiles.

A diferencia de otras clasificaciones para los minerales, por ejemplo, metálicos y no metálicos, la definición de minerales críticos está asociada a sus atributos para generar energías renovables, producir tecnologías no contaminantes y facilitar la transición hacia un futuro más sostenible y con bajos niveles de carbono[1]. Así, los países que han elaborado listas de minerales críticos han aplicado ciertos criterios económicos y geopolíticos, así como también conceptos regulatorios que justifican un tratamiento distinto a estos minerales.

Aunque las listas de minerales estratégicos de cada país difieren en su composición, a nivel internacional existe una visión compartida de que los minerales críticos: (a) tienen pocos o ningún sustituto; (b) son productos estratégicos y algo limitados; o, (c) están cada vez más concentrados en términos de extracción y, aún más, en términos de ubicación de procesamiento[2]. En consideración a estos criterios comunes, hay varios minerales que se repiten en las listas de cada jurisdicción, tales como litio, cobre, níquel, cobalto, grafito y zinc[3].

Como puede observarse, los países aplican el concepto de criticidad a partir de su propia realidad y de factores que pueden variar de una jurisdicción a otra, aun cuando se trate del mismo mineral. Al momento de regular los minerales críticos se ha tenido en consideración, además de su uso en la transición energética y la posible captura de valor económico, su impacto en la economía nacional, el aporte al desarrollo industrial, los riesgos sociales y ambientales asociados a su explotación, y la seguridad, o vulnerabilidad, de la cadena de suministro.

Si bien Chile aún no cuenta con una política o regulación específica para los minerales críticos, a nivel legislativo y de política pública existen referencias que nos acercan a lo que otros países han hecho en la materia, tales como la Estrategia Nacional del Litio, que busca incorporar capital, tecnología, sostenibilidad y agregación de valor al sector productivo en armonía con las comunidades, o la Política Energética “Energía 2050”, que entre sus objetivos estableció que las energías renovables constituyan el 60% en el año 2035, y al menos un 70% de la generación eléctrica al año 2050.

Al momento de definir las políticas públicas para los minerales estratégicos que produce Chile será importante revisar los criterios regulatorios tomados en cuenta por otros países. Entre estos, se debe considerar el rol del Estado como dueño de las sustancias minerales; la estructura de los derechos mineros y los procedimientos para su otorgamiento, sea a través del régimen general, de un procedimiento especial o de contratos de operación; la participación social y de comunidades indígenas; los beneficios fiscales o retribuciones al Estado; el estándar ambiental aplicable; la relación con otros recursos como el agua; y la exploración de áreas fuera del territorio como fondos marinos o el espacio.

De lo que no hay duda, es que, en base a la posición de Chile en la producción de cobre y litio, los minerales estratégicos son una realidad de nuestra industria minera.

[1] Intergovernmental Forum on Mining, Minerals, Metals, and Sustainable Development. Minerales Críticos: Datos Básicos (2022).

[2] The Canadian Critical Minerals Strategy. From Exploration to Recycling: Powering the Green and Digital Economy for Canada and the World (2022).

[3] Por ejemplo: Canadá, Estados Unidos, Unión Europea, Reino Unido, Corea del Sur y Japón.