Ley FinTech y nueva Constitución bajo la mirada de cinco expertos en banca y finanzas

Representantes de PPU, Cariola, Garrigues y Prieto entregaron sus definiciones y preocupaciones ante los desafíos regulatorios y constitucionales que mira el sector.

Hace pocas semanas se dio a conocer el último ranking especializado IFLR 1000, que clasifica a los mejores estudios en Banca y Finanzas, donde una treintena de firmas chilenas fueron reconocidas en distintas bandas como los mejores del país en dicha especialidad (Ver recuadro).

Se trata de una disciplina acostumbrada a la regulación en un mercado altamente dinámico y en constante evolución, y que ahora mira con detención los desafíos que se avecinan, en particular, con la irrupción de la industria FinTech y la eventual aprobación de una nueva constitución.

Sobre este último punto no todo es negativo. Varios abogados destacan la inclusión del principio de responsabilidad fiscal en el articulado del borrador de la nueva Constitución, además del estatuto constitucional del Banco Central, que coinciden, quedó “razonablemente regulado”.

No obstante, la abogada de Prieto, Isabel Monge, advierte que el texto nuevo impone directrices que pueden resultar contradictorias. “A modo de ejemplo, el borrador señala que, para el cumplimiento de sus objetivos, el Banco Central deberá considerar la protección del empleo, pero al mismo tiempo debe preocuparse del cuidado del medioambiente. No es difícil imaginar un escenario en que estos principios entren en contradicción, y el borrador no indica qué criterio debe prevalecer”, advierte.

Otro punto que consideran los expertos a la hora de analizar el borrador constitucional es el planteamiento de una mayor actividad económica del Estado y la transformación completa del sistema de administración financiera del mismo, al facilitar la creación de empresas públicas, regionales y municipales, al igual que la autonomía financiera de las regiones. 

Esto, a juicio del socio de Garrigues, Pedro García, de aprobarse impondrá un gran desafío en “rediseño de la legislación financiera del sector público”. 

Aunque García señala que “no hay consideraciones apocalípticas” sobre el texto en cuestión, un punto a mirar será la eficacia de los derechos preexistentes a la nueva Constitución (de aprobarse), la que hoy muchos inversionistas están monitoreando, y que si ven “que sus derechos adquiridos bajo la norma anterior se ven afectados, Chile dejará de ser atractivo para invertir y aumentaría la litigiosidad contra el Estado en tribunales internacionales”, algo que ya se ha deslizado en distintos círculos.

Otro punto que preocupa, son los derechos y autonomías a comunidades indígenas, “que implicará mayores restricciones y dificultades para el desarrollo de proyectos de inversión”, dice la socia de PPU, Marcela Silva quien alerta también por la inclusión de la categoría de “bienes comunes naturales”, al no existir claridad del real alcance de las limitaciones de dominio que ello implicará.

Y si de grandes transformaciones se trata. Los expertos en regulación financiera siguen con atención los proyectos de reforma tributaria y de seguridad social que presente el gobierno de Gabriel Boric por los efectos que estos puedan generar en la actividad económica y para mantener los niveles de inversión. Otra preocupación latente -dicen- es que se vuelvan a discutir los retiros de fondos de pensiones, que “puede ser una tentación difícil de resistir para las autoridades” en un contexto de alta inflación y desaceleración económica, advierte García.

Ley FinTech

Una valoración distinta es la que tienen acerca del proyecto de Ley FinTech, que aseguran los especialistas va en el sentido correcto, de generar un marco normativo flexible y tecnológicamente neutral. 

El punto a observar, según Silva es lograr “por un lado, la protección de intereses públicos y resguardo de clientes financieros (usuarios, deudores e inversionistas), y por otro, asegurar la flexibilidad necesaria para propiciar el desarrollo de esta nueva industria”; es decir, “que no frene nuevas alternativas de negocios o financiamiento que puedan surgir de la propia dinámica de innovación que tienen estas empresas”, añade Monge.

Sobre el concepto de “finanzas abiertas”, para los abogados consultados el principal desafío está en la implementación de la normativa, derivada del intercambio de información de clientes financieros bajos estándares de ciberseguridad y privacidad de datos. “El proyecto otorga una amplia responsabilidad a la CMF, la que no solo deberá fiscalizar a las FinTech y otorgar las autorizaciones necesarias para que puedan operar, sino que además deberá dictar una serie de normas necesarias para el funcionamiento de la ley”, señaló Juan Antonio Parodi, de Cariola Diez Pérez-Cotapos.

Del mismo estudio, el abogado Rodrigo Sepúlveda marca un punto distinto de preocupación de las entidades financiera.

Señala que un aspecto que están mirando es la normativa en trámite de la CMF que regula las comisiones de las operaciones de crédito y obligaciones de dinero, sobre todo el alcance de las condiciones y la definición de “comisión”, todo esto debido a la “amplia gama de servicios bancarios asociados a dichas operaciones, que de considerarse “intereses” estarían afectas a los límites máximos permitidos, efectos tributarios relevantes para las partes o posibles disputas y controversias con los entes reguladores, además del encarecimiento de dichas operaciones y la consiguiente exclusión del mercado crediticio de potenciales deudores más riesgosos”, consignó.

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