Que se priorice el consumo humano o que se constituya como un bien nacional de uso público son algunos de los temas que suelen estar en el debate sobre el recurso hídrico; sin embargo, especialistas sostienen que estos aspectos hoy ya están garantizados.

La Convención Constitucional asumió hace unos días un llamativo compromiso: aprobó declarar al organismo en Estado de Emergencia Climática y Ecológica, lo que implica redactar la nueva Carta Fundamental en un contexto de crisis climática. Así, se deberán tener presentes en los debates de cada comisión las garantías de educación ambiental, prevención, precaución, no regresión, mitigación, adaptación y transformación para enfrentar la crisis climática y de los ecosistemas.

En este escenario, la discusión en torno a la gestión del agua en el país promete ser uno de los debates más intensos.

Panorama hídrico 

Según la Asociación Nacional de Empresas de Servicios, la agricultura es el principal usuario del agua en Chile, con un 72% de todo lo que se consume al año. La industria sanitaria, en cambio, usa el 11% para abastecer a casi 5,7 millones de hogares en las zonas urbanas de todo el país. 

Los datos de la industria sanitaria muestran que el país mantiene una gestión del recurso bien posicionada a nivel internacional. Así, por ejemplo, el 99,9% de la población urbana tiene cobertura de agua potable y el 97,3% tiene cobertura de alcantarillado. De hecho, Chile encabeza el ranking de saneamiento en la región, según un informe del Banco Interamericano de Desarrollo. En tanto, quienes habitan fuera de las zonas urbanas son abastecidos por sistemas de Agua Potable Rural, cuya instalación está a cargo del Ministerio de Obras Públicas.

Probablemente el mayo desafío para el país en materia hídrica es la sequía, que cada año rompe un nuevo récord. Chile ya acumula los diez años más secos desde que se tiene registro de precipitaciones: 1915. Así lo confirma René Garreaud, el subdirector del Centro de Investigación del Clima y la Resiliencia (CR2) de Chile.

“El derecho al agua, así como también el carácter público, ya están consagrados a nivel legal. Al elevarlos a nivel constitucional lo que se hace es darle un reconocimiento mayor, pero en los hechos nada cambia”, dice el abogado Matías Desmadryl.

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