Dada la gran cantidad de columnas que de muy buena manera han analizado el texto finalmente aprobado por el pleno de la Convención Constituyente en lo que respecta a la industria minera, quiero utilizar estas breves líneas para hablar de algo distinto, como es la creación de un sistema único y centralizado de información que dé cuenta y localice los derechos que el Estado ha conferido a privados a lo largo del país.
Al momento de analizar el desarrollo de cualquier proyecto minero o de energía, resulta de especial importancia para su titular comprender a cabalidad la totalidad de los derechos que coexisten en una determinada área de interés. Para obtener información que sea útil para dicho desarrollador, actualmente hay que consultar a múltiples autoridades o privados (que por sus propios medios han organizado información pública), a efectos de conocer si es que, por ejemplo, en una determinada área existen concesiones mineras de terceros, se han conferido derechos de ocupación predial de cualquier tipo, se han otorgado derechos de aprovechamiento de agua, se han otorgado RCAs para el desarrollo de proyectos, si ésta ha sido declarada área protegida o ha sido afectada para el desarrollo de otro tipo de actividad, etc.
Considerando las herramientas que poseen actualmente cada una de las autoridades encargadas de llevar los registros de la información antes indicada, y el nivel de detalle y precisión con que dichos derechos se confieren a privados, resulta razonable exigir a dichas autoridades que pongan la información con que cuentan a disposición de una autoridad encargada de compilarla, para que luego ésta sea ofrecida al público.
En cuanto a aquella información que aún no ha sido digitalizada –pienso en esas inscripciones eternas de predios fiscales, plagadas de anotaciones marginales ininteligibles –, la creación de este sistema único podría ser la instancia para, de una vez por todas, catastrar en detalle dichos predios y comprender cuáles y cuántos derechos ya han sido otorgados a privados sobre éstos. En un esfuerzo conjunto, los Conservadores de Bienes Raíces y el Ministerio de Bienes Nacionales podrían proponerse realizar esta tarea y hacer que esa información esté disponible al público a través de este sistema centralizado de información.
Dar acceso a esta información ahorraría muchísimos costos de transacción y facilitaría enormemente el estudio de determinadas áreas a efectos de analizar la viabilidad o no de un proyecto, de establecer desde un principio relaciones con terceros interesados y de identificar a quienes únicamente han obtenido derechos aislados con fines especulativos.
