Una legítima preocupación: ¿Y ahora qué hacemos frente a la política laboral del gobierno?

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Hace ya algunas semanas, el ministro de Trabajo presentó la tan sonada Agenda 19, que recoge los puntos de la problemática laboral que se abordarán dentro de su gestión. Según este documento, todos los esfuerzos del gobierno se concentrarán en cambiar las condiciones de trabajo únicamente del sector formal que representa alrededor del 23% de trabajadores en el país. Así, medidas como el fomento de las actividades sindicales, la eliminación de la tercerización de servicios, el incremento de la remuneración mínima vital son algunas de las prioridades. Esta situación genera una legítima preocupación de las empresas formales, aquellas que compiten con el sector informal en el país con una clara desventaja, pues a diferencia de este último, las formales registran a su personal en planilla, y por ende se les aplica todas las disposiciones previstas en la legislación laboral, que se traduce en mayores costos frente a sus pares que se mantienen al margen. La legislación laboral de naturaleza protectora, de la que lamentablemente están excluidos más del 77% de trabajadores en el país, compromete a los empleadores a promover el trabajo digno y la no discriminación, en el acceso, la ejecución y término del contrato laboral.

Asimismo, reconoce y promueve la sindicalización y la negociación colectiva, la seguridad y salud en el trabajo y la igualdad de derechos. Sin embargo, no podemos negar que hay regulaciones que se podrían mejorar, y que existen anomalías en el cumplimiento que deben permanecer fiscalizadas. Para las mejoras se requiere un dialogo tripartito entre Estado, representantes de los empleadores y representante de los trabajadores, que advertimos no se está dando. Ha habido una franca exclusión del sector empresarial para contemplar los 19 puntos de interés que serán atendidos por el Gobierno, que responden más bien a las reuniones con centrales sindicales que ha tenido el ministro de Trabajo. En cuanto a las anomalías, se debe mantener fortalecida a la SUNAFIL y su alcance fiscalizador, pero de ninguna manera se debe erradicar modalidades que den paso al crecimiento. Precisamente, es lo que se plantea hacer con la tercerización. El gobierno le quiere quitar al sector formal, una de las herramientas de gestión más reconocidas y efectivas para el crecimiento y optimización de recursos. El uso de la tercerización es muy retador para una organización pues implica encontrar buenos aliados y ceder el control. Pero debe ser la empresa y no el estado, quien defina acorde con su estrategia de crecimiento, en qué actividades utiliza la tercerización. Algunas empresas no tercerizan actividades porque son reacias a confiar parte de sus operaciones a otra organización, mientras que otras se inclinarán por aplicarlo a una variedad de tareas de gestión confiando en el conocimiento, la experiencia y la creatividad de sus proveedores. Ambas opciones son plenamente válidas, y deben ser respetadas. El estado sólo debe intervenir en esta ecuación fiscalizando que la tercerización con desplazamiento sea real, es decir, que el tercero se haga cargo bajo su cuenta y riesgo del encargo conferido, usando sus recursos humanos y materiales, en otras palabras, que no se trate de un mero destaque de personal -que en el Perú se conoce como intermediación laboral y cuyo alcance está sumamente parametrado. Frente a este panorama, es importante que las empresas seleccionen adecuadamente a sus aliados, validando que sean buenos empleadores, que cumplan y atiendan todas sus obligaciones laborales e incluso vayan más allá de ellas. También es momento repensar la necesidad de los desplazamientos hacia la empresa principal, y a propósito de la pandemia que nos ha abierto la mente para diseñar esquemas de trabajo a distancia, procurar que el personal del tercero que se movilice físicamente sea el mínimo indispensable. Es muy importante para este y otros problemas que podría enfrentar toda empresa en materia laboral, que busque fortalecerse desde adentro, promoviendo el dialogo con los trabajadores, otorgando mejores condiciones de trabajo, capacitando en relaciones laborales a sus líderes, realizando auditorias de cumplimento laboral, entre otras medidas. Tengamos en cuenta que hay altas probabilidades de que la Agenda 19 trascienda la figura del actual ministro de Trabajo, ya que se ha difundido que el contenido goza de la simpatía del presidente de la República.

(…) se debe mantener fortalecida a la SUNAFIL y su alcance fiscalizador, pero de ninguna manera se debe erradicar modalidades que den paso al crecimiento. Precisamente, es lo que se plantea hacer con la tercerización.

Pág 17 – 18

Fuente:

ASOCIACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA INFRAESTRUCTURA NACIONAL

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