El especialista advirtió que la propuesta desconoce los plazos reales de la industria, afecta a las empresas junior y podría restar competitividad al Perú como destino de inversión minera.
En entrevista con el programa Rumbo Minero, Rafael Lengua, Socio de Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría, advirtió que la iniciativa para reducir el plazo de vigencia de las concesiones mineras sin producción es altamente riesgosa y parte de un enfoque equivocado. En ese sentido, consideró necesario desmitificar el concepto de ‘concesiones ociosas’. “De hecho, el propio Ingemmet ha expresado públicamente que el término ocioso no tiene ninguna base ni sustento técnico”.
Asimismo, indicó que la propuesta no solo afectaría a la industria minera, sino también a la economía peruana en general, ya que evidencia un desconocimiento sobre el funcionamiento del sector. “La minería es una actividad de largo plazo, donde los proyectos pueden tardar entre 20 y 30 años en pasar de la exploración a la producción, e incluso alcanzar un promedio de hasta 40 años, según estudios del Instituto de Ingenieros de Minas y el IPE”.
Precisó además que alrededor del 60% de ese tiempo corresponde a las etapas de exploración y factibilidad, que consisten principalmente en estudios. En ese contexto, imponer por ley la obligación de producir en un plazo de 15 años, bajo riesgo de perder la concesión, resulta incompatible con la realidad del sector.
“Si un proyecto toma 30 o 40 años, obligar a producir en 15 años básicamente es desalentar toda iniciativa de inversión. No veo cómo un inversionista, con visión de largo plazo, comprometería capital bajo estas condiciones, al existir la posibilidad de perder la concesión y todo lo invertido”, acotó.
Segmento clave
El especialista también puso énfasis en el impacto que esta medida tendría sobre las empresas junior, un segmento clave en la etapa exploratoria de la minería. Estas compañías, explicó, no generan flujos propios y dependen de financiamiento de alto riesgo obtenido en bolsas internacionales, por lo que cualquier incremento en la incertidumbre regulatoria afecta directamente su capacidad de inversión.
“Cada dólar para estas empresas es sumamente relevante y el riesgo ya es alto porque no saben si encontrarán un yacimiento viable. A ello se suma el riesgo regulatorio existente y, con esta propuesta, un plazo reducido de vigencia de las concesiones, lo que podría llevar a que ese capital se redirija hacia otros países con mejores condiciones para la inversión minera”, acotó.
Respecto al objetivo de la iniciativa, Lengua señaló que, aunque en el papel busca ordenar el territorio y fomentar la inversión en concesiones sin actividad, en la práctica generaría el efecto contrario. “Lo que este proyecto va a generar es un desincentivo a la minería formal, que es la que paga impuestos, crea empleo y contribuye al desarrollo de las regiones”.
Aspecto crítico
Asimismo, advirtió que la pérdida de concesiones no implica que las áreas queden sin actividad, sino que podrían quedar expuestas a la minería informal o ilegal, que no está sujeta a las mismas exigencias ni regulaciones que la minería formal. Esto evidencia una tendencia que podría terminar perjudicando a las operaciones formales.
Otro aspecto crítico del proyecto es la introducción de nuevas causales de caducidad vinculadas al incumplimiento de planes de trabajo. Para Lengua, este punto genera alta incertidumbre, ya que no está claramente definido qué constituye un “incumplimiento injustificado” ni quién lo determina, lo que podría quedar sujeto a decisiones discrecionales de funcionarios.
A ello se suma que el cumplimiento estricto de estos planes depende de múltiples factores fuera del control de las empresas, como el acceso a financiamiento, conflictos sociales, disponibilidad de tierras o los propios procesos administrativos del Estado. “Someter al inversionista a ese nivel de riesgo resulta intolerable y pocos estarían dispuestos a asumirlo”.
Finalmente, Lengua sostuvo que la minería formal no es el problema, sino parte central de la solución para el país, por lo que consideró clave incentivar mayores inversiones en este sector.
“Esta actividad genera empleo, divisas y recursos fiscales, y las empresas mineras formales han aportado más de S/ 100.000 millones en canon. Eso es lo que queremos como país: potenciar y multiplicar ese aporte. Apoyemos a la minería formal y no le pongamos más trabas de las que ya tiene, que son bastantes”, concluyó.
