PPULEGAL

También se afectarán diversos procesos en marcha por un número de delitos. Expertos señalan que, bajo esta nueva norma, un número de delitos cometidos en la época de los presidentes Toledo y García ya habrían prescrito.

El día de ayer concluyó la vigencia de la Emergencia Sanitaria declarada en marzo de 2020 por la pandemia de la COVID-19, sin que hubiese sido prorrogada como había venido ocurriendo hasta la fecha. En consecuencia, las obligaciones laborales que aquella suspendió o modificó serán nuevamente exigibles en los términos preexistentes.

Gobierno publicó decreto legislativo que busca agilizar la ejecución de proyectos. También se exonera a entidades públicas de la ley de contrataciones para consultorías en obras del Plan Nacional de Infraestructura Sostenible para la Competitividad.

Mediante el Decreto Legislativo publicado en el diario el Peruano en fecha 26 de mayo de 2023, se han realizado diversos cambios a la Ley del Procedimiento Administrativo General vinculadas con los servicios prestados en exclusividad, la estandarización de procedimientos administrativos en conjunto con la Presidencia del Consejo de Ministros; así como la emisión de actualizaciones de Textos Únicos de Procedimientos Administrativos y los derechos de tramitación de los procedimientos.

El 25 de mayo de 2023 se publicó en el diario oficial El Peruano la Ley N° 31751, que tiene por objeto modificar el plazo de suspensión de prescripción de la acción penal.

Los criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo {conocidos como “ESG” (por sus siglas en inglés) son indicadores que buscan integrar en las empresas buenas prácticas en estos ámbitos. más allá del tradicional ámbito de la rentabilidad financiera. De esta forma, los inversionistas. instituciones financieras, autoridades gubernamentales. entre otros. tendrán criterios adicionales para evaluar a la empresa. Uno de los aspectos fundamentales del ESG es su naturaleza -al menos al inicio- no obligatoria, sino que surge principalmente desde el ámbito privado. Con el tiempo. y dependiendo de cada jurisdicción involucrada. algunos de sus componentes pueden convertirse en exigibles legalmente.

Predictamen que une los proyectos de Sigrid Bazán, Isabel Cortez y Jaime Quito no especifica qué se considera como un perjuicio grave. Imposibilidad de despedir a malos trabajadores afectaría a la productividad de las empresas.

IFLR reconoció la innovación jurídica de PPU en el mercado transfronterizo de la región y su participación en transacciones de alta complejidad

PPU fue reconocida como la firma Corporativa del Año

La abrupta salida de María Jara trasciende al transporte informal. Documentos oficiales dan cuenta de cómo las disputas entre la ATU y el MTC retrasan desde hace meses la recepción de obra y la incierta puesta en marcha del tramo 1A de la Línea 2.

¿Quién podría poner en duda los avances normativos y culturales relacionados con la protección del medio ambiente en Chile en los últimos 20 años? Sin perjuicio de lo anterior, y atendiendo a la necesidad constante de avanzar en el perfeccionamiento de nuestros instrumentos de gestión ambiental, es posible identificar un flanco prácticamente desprotegido: los suelos.

El gobierno emitió una nueva norma que buscaría dinamizar el mercado de los fondos de pensiones entre México, Colombia, Chile y Perú, países miembros de la Alianza del Pacífico, al eliminar el Impuesto a la Renta en el marco de la doble tributación, a pagar por las ganancias de capital generadas entre dichos países.

Tras la elección de consejeros constitucionales, entre los clientes de auditoras y estudios especializados en impuestos se ha transmitido la expectativa de cambios más acotados, pero también una alta incertidumbre por la posibilidad de que el tema de la carta magna continúe abierto tras el plebiscito de diciembre.

De forma muy rápida, pues el jueves pasado el pleno del Congreso la aprobó por insistencia, el fin de semana se publicó la Ley N° 31740, que si bien dice promover el buen gobierno corporativo en las empresas y personas jurídicas en general, con el argumento de fortalecer las normas anticorrupción, en realidad podría generar un retroceso en las medidas de prevención que implementan las firmas.