Apertura de salas judiciales no reducirá demoras en litigios tributarios

Si bien la propuesta del Ministerio de Economía y Finanzas permitiría que haya más especialización para resolver los casos, no atiende el cuello de botella del Tribunal Fiscal, donde se concentra la mayor cantidad de deudas tributarias en litigio.

Abrir una sala especializada en asuntos tributarios y aduaneros en la Corte Suprema, como anunció recientemente el Ministerio de Economía y Finanzas, daría predictibilidad y seguridad jurídica. Pero, es insuficiente para que el sistema de resolución de controversias tributarias sea más rápido para zanjar litigios.

Los jueces más especializados están en la Corte Superior, instancia en la que existen dos salas dedicadas a temas tributarios y aduaneros. Pero no ocurre lo mismo en la Corte Suprema, la última instancia que resuelve los casos. “Allí hay una sala de derecho constitucional y social que es la que ve los recursos de casación, explica Rocío Liu, socia de Damma Legal. 

Gran parte de los litigios que llegan hasta esa instancia tienen más de diez años y están relacionados con normas tributarias que hoy ya no están vigentes, por lo que requieren un alto nivel de conocimiento técnico. Por eso, abrir una sala especializada en la Corte Suprema permitirá que los casos se “resuelvan con jueces técnicamente bien informados y con un sentido de justicia”, estima Walker Villanueva, socio del estudio PPU.

Pero las demoras en el sistema de resolución de controversias tributarias continuarán si no se desincentiva al contribuyente y a la Sunat a recurrir al Poder Judicial, donde el litigio puede durar hasta cinco años, aproximadamente. “Tendemos al conflicto, tanto Sunat como el contribuyente, y llevar las cosas hasta las últimas consecuencias”, dice Fernando Zuzunaga, socio de Zuzunaga, Asseretto & Zegarra. “El mínimo de casos debería llegar al Poder Judicial, hay que cortar ese asunto lo antes posible”, agrega.

De otro lado, la mayoría de los casos no están estancados en el Poder Judicial, sino en el Tribunal Fiscal (TF). A noviembre del 2020, existían S/32,000 millones de deuda tributaria en controversia, según un estudio de Macroconsult. El 80% de esa cantidad estaba en apelación, es decir, en el TF, donde los procesos pueden retrasarse hasta 3 años y 7 meses, según estimaciones realizadas por Zuzunaga. “El Tribunal Fiscal tiene 12 meses para resolver pero suele hacerlo mucho más allá de eso”, dice Leonardo López, socio del estudio Hernández. Si el TF no resuelve más rápido los casos que involucran mayores cantidades de deuda, persistirán los altos costos para el sector privado y la ineficiencia para el Estado en cobrar los tributos.  

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