Inteligencia artificial: Congreso busca regular la IA en dos sectores

El Parlamento aprobó en mayo una ley que fomenta el uso de la IA en Perú. Pero, ahora quiere abordar el tema de manera sectorial. ¿Es pertinente?

Congreso plantea que la inteligencia artificial se utilice para administrar justicia en el Perú.

La inteligencia artificial (IA) es valorada por su capacidad para optimizar procesos y mejorar la toma de decisiones. A nivel empresarial, lo anterior puede fomentar la eficiencia operacional y reducir errores en la práctica.

Por ello, el Congreso de la República aprobó en mayo una ley que fomenta el uso de la IA en Perú. Una iniciativa que fue saludada, ya que sentaba las bases para su desarrollo en territorio nacional.

Sin embargo, ahora el Poder Legislativo ha dado un paso más respecto a esta tecnología avanzada. Hay cuatro proyectos referidos a la IA que buscan su uso en áreas determinadas. Tres de ellos abordan el sistema de justicia, mientras que uno busca regular la IA en el sistema de transporte. ¿Qué proponen y cómo afectarán el desarrollo de dichas actividades?

Las propuestas
El congresista Flavio Cruz, de Perú Libre, presentó en mayo un proyecto que busca regular el uso del IA en los sistemas de transporte terrestre, lo que incluye a los camiones de alto tonelaje.

En concreto, su propuesta pretende usar esta herramienta para optimizar la logística “a través de datos históricos y en tiempo real, la predicción del mantenimiento de vehículos, la optimización de la cadena de suministro y la planificación de rutas con predicción del tráfico y actualizaciones en tiempo real”, según el documento.

Como justificación, el congresista alude que servicios de taxi por aplicativo como Uber o Cabify ya usan esta tecnología. “Estas empresas usan algoritmos para calcular el tiempo de llegada de los conductores y para sugerir rutas más eficientes”, asegura el proyecto.

La propuesta de Cruz también encarga al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) el trabajo de implementar la IA en el sistema de transporte público.

Las otras tres iniciativas de ley abordan el sistema de justicia peruano. Dos de ellas, a propuesta de la congresista Katy Ugarte, buscan modificar la Constitución con el objetivo de fijar ahí la necesidad de utilizar la IA en el derecho.

En un caso se instala a la IA como una de las “atribuciones” de la Fiscalía para acelerar sus investigaciones y en el otro proyecto se fija su uso para “la resolución de casos judiciales”.

En su exposición de motivos, la legisladora de Unidad y Diálogo Parlamentario, alega que otros países de la región ya usan la IA en la administración de justicia. Entre ellos, recuerda a Prometea, un sistema aplicado en Buenos Aires, Argentina.

“Se lanzó en el año 2017 y se encarga de analizar los casos y prepara un borrador de la decisión o dictamen que es revisado y validado por un humano. Según indica su desarrollador, este programa llega al 96% de precisión en su predicción”, asegura Ugarte en su propuesta.

La última propuesta es del congresista Paul Gutierrez, de la bancada Bloque Magisterial. Su proyecto busca incorporar la IA en el Expediente Judicial Electrónico (EJE).

El EJE, dice la iniciativa, es un “sistema informático que permite la gestión de los procesos judiciales de manera electrónica, incluyendo la presentación de escritos, notificaciones, y almacenamiento de documentos y resoluciones judiciales”.

¿Pertinente?
Aunque todavía la Comisión de Transportes estudia su proyecto, la propuesta de Cruz para regular la IA en el transporte ya cuenta con opiniones desfavorables. ComexPerú señaló que la ley vigente ya es abarcativa, lo que incluye al sector que el congresista pretende regular.

Además, indicó, que tiene más sentido fomentar la reglamentación de dicha ley general antes que una específica. También que sentaría un riesgo para la confianza en la normativa del sector transportes.

“La aprobación de la iniciativa supondría una señal nociva para el ecosistema regulatorio, en tanto sentaría un precedente e intención de regular la IA sectorialmente. Esto resulta innecesario al mediano y largo plazo, además de inconsecuente, al contarse ya con una norma general en la materia”, señala Jessica Luna, directora ejecutiva del gremio, en una carta dirigida al Congreso.

Para Rafael Boisset, socio director de PPU, regular sectorialmente la IA es un error porque su misión es generar eficiencias operativas a partir de ella.

“Es una herramienta a disposición del mercado, depende de ellos. La regulación no debería obligarlos a usarla, a menos que sea para que las empresas puedan cumplir la regulación ya establecida, por ejemplo, cumplir las horas en las que determinados vehículos pueden circular o fomentar la seguridad en el sistema de transporte”, indica a Gestión.

Por su lado, Mario Zúñiga, líder de competencia y mercados en EY Law, considera la propuesta innecesaria. “No precisa a qué punto el Estado ya utiliza estos mecanismos. El comentario de Comex es oportuno. Podría generar una complejidad innecesaria a un sistema de transporte que ya es complejo por sí mismo”, señala a este diario.

Sobre los proyectos que buscan implementar el uso de la IA en la justicia peruana, los expertos advierten que su aplicación podría generar riesgos.

Boisset advierte que son propuestas que podrían generar desconfianza en la justicia de ser mal orientada. “La IA no puede ser deliberativa porque el sistema judicial peruano se rige bajo responsabilidad personal. Cada decisión tiene una consecuencia legal, ya sea buena o mala, que puede impactar tu patrimonio o tu libertad”, puntualiza.

“El efecto de las decisiones siempre tiene que recaer en una persona natural o jurídica. Así funciona el sistema en el mundo. Ahora la IA es una herramienta para que una persona tome una decisión. Con eso quiero decir que una máquina sugerirá decisiones, pero finalmente ello recaerá en alguien, ya sea una persona natural o una empresa. Siempre debe haber un responsable final”, agrega.

Zúñiga, por su lado, asegura que a nivel mundial ya hubieron casos donde la respuesta de la justicia fue cuestionada por recurrir a herramientas de IA en Estados Unidos y Colombia.

Por ello, cuestiona que las propuestas legislativas no sean minuciosas en el nivel de libertad que se tendría al usar estos mecanismos tecnológicos. “Si van a regular que Fiscalía use la IA para investigar delitos de manera tan abierta, me preocupa. Es un incentivo negativo también para los jueces porque suelen estar sobrecargados de casos”, refiere.