Latinoamérica se mantiene en un constante desafío para cumplir el Acuerdo de París, el tratado internacional para neutralizar las emisiones de gases de efecto invernadero para mediados del siglo. Para este, la región destina —desde 2023 y hasta 2030, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal)— hasta 2,8 billones de dólares, equivalentes al 4,9 % del Producto Interno Bruto (PIB) anual, un monto muy por encima del 0,5 % registrado en 2020.
La taxonomía verde de Colombia
Colombia es otra de las naciones de América Latina cuyo presupuesto está por debajo de lo esperado en esta materia.
En 2023, el Departamento Nacional de Planeación acusó un déficit de financiamiento para cumplir la agenda sostenible y reveló que el 51 % del financiamiento climático estaba destinado especialmente a mitigación y provenía de fondos públicos. En promedio, el país ha invertido 2,7 billones por año en la última década, equivalente a 697,5 millones de dólares.
Sin embargo, hay acciones que se vienen ejecutando para mejorar los indicadores. Una de ellas, la taxonomía verde, dada a conocer por la Superintendencia Financiera en 2021, tiene por objetivo orientar al sector financiero hacia inversiones sostenibles con foco en infraestructura, uso de la tierra, gestión de residuos y aguas, buscando una orientación en torno al cambio climático y articulando las inversiones con la política pública.
De acuerdo con Luis Fernando Macías, socio de Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría – Colombia, el país cuenta con las herramientas relacionadas con la taxonomía verde, la dificultad está en su implementación y en orientarla a un mayor número de sectores, además de exigir siempre un mayor cumplimiento de políticas ambientales a los proyectos que financien.
¿Dónde se debe poner atención?
Colombia cuenta con una política de cambio climático que se ha venido desarrollando en coordinación con el sector privado, que también busca reducir su huella de carbono, mediante diversas acciones que ha adoptado en los últimos años, comenta el abogado de PPU.
“Ha promovido el desarrollo de los negocios verdes, pero tal vez se debe poner atención a la deforestación, mostrando al país los efectos causados por actividades ilícitas. También ha contribuido con procesos de reforestación a lo largo del país, pues señala los proyectos que deben cumplir con la compensación por pérdida de biodiversidad, casos de licencias ambientales y permisos de aprovechamiento forestal”, detalla.
En este contexto, los sectores que se han considerado prioritarios son las actividades extractivas, sobre todo en el momento actual, en el que existe un gran debate sobre su papel en el desarrollo del país.
Macías considera que se han descuidado sectores menos visibles y no menos importantes, como las actividades industriales que generan emisiones atmosféricas que impactan el cambio climático.
“Uno de los mayores retos del país es controlar aquellas actividades ilegales que generan bien sea deforestación o emisiones atmosféricas sin mayor control por parte de las autoridades ambientales, así como vertimientos de ciertas actividades industriales a las que las autoridades no les realizan un seguimiento más estricto”, detalla el abogado.
