La ‘poderosa’ municipalidad que buscan López Aliaga, Urresti y Forsyth

Es clara la agenda de los candidatos con más probabilidades de ganar en Lima: aumentar las competencias de la municipalidad. Expertos, sin embargo, critican la mayoría de sus iniciativas.

Las elecciones municipales tendrán lugar el próximo 2 de octubre.
Las elecciones municipales tendrán lugar el próximo 2 de octubre.

A menos de una semana de las elecciones, tres candidatos se alejan del pelotón en la carrera por la alcaldía de Lima: Daniel Urresti, Rafael López Aliaga y George Forsyth. En 430 páginas, sus planes de gobierno plasman los distintos anhelos que tienen para la capital. Y si en algo coinciden, por encima de sus diferencias políticas, es en que todos quieren darle más poder a la municipalidad. Aunque eso signifique una gestión menos eficiente.

Algunas de sus propuestas son ‘recuperar’ peajes, quitarle las competencias en educación y salud al Gobierno central, ‘liberarse’ del Ministerio de Cultura, designar al presidente de Sedapal (para controlarlo), y hasta gravar con impuestos municipales a los casinos digitales.

Los peajes de siempre

López Aliaga señala, expresamente, su intención de “recuperar” lo que él llama “las corruptas concesiones de peaje de Lima”. Su plan de gobierno dice que las concesionarias “no han invertido adecuadamente en la infraestructura vial” y que bajará los precios que cobran.

Pero se trata de una propuesta problemática. Adrián Simons, socio fundador de Simons Abogados, explica que el artículo 62 de la Constitución “garantiza estabilidad de contratos”. “No pueden ser modificados ni alterados sin el consentimiento de las partes”, asegura. De lo contrario, el Estado iría a un arbitraje.

“Una fijación unilateral de una tarifa (reducirla) es una infracción contractual. De ir por ese camino, significa que la MML y Emape desconocen el contrato. Por lo que habrá que pagar el diferencial, más los daños y perjuicios, y los abogados para el arbitraje”, advierte. Según Simons, incluso si se detectaran indicios de corrupción en una concesión, correspondería llevar a la empresa a un arbitraje, presentar las pruebas y que sea el tribunal el que ordene dejar sin efecto el contrato.

Urresti, en cambio, es más cauto. Su plan enlista acciones de fiscalización sobre los peajes: un reporte diario de tránsito vehicular para validar el total de ingresos recaudados, y la valorización de las obras ejecutadas por el concesionario. El objetivo: verificar que han invertido lo que se comprometieron a “precios reales y sin sobrecostos”.

Luis Quispe Candia, presidente de la ONG Luz Ámbar, indica que los concesionarios ya hacen reportes mensualmente, por lo que no se cambiaría nada. “Hace mal un candidato a la alcaldía en hacer creer a los votantes que solucionará el problema así. En todo caso, lo mejor es decir que van a negociar con la empresa”, puntualiza.

Chau Minsa y Minedu

López Aliaga y Forsyth buscarán que les transfieran facultades directivas en educación y salud. Es decir, que estas ya no estén a cargo de sus respectivos ministerios, sino de la municipalidad. En el marco del proceso descentralización -que se inició con Toledo- se transfirieron esas funciones a los gobiernos regionales. El único caso en el que ello no ocurrió fue el de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML).

Para Abel Salinas, exministro de Salud, la transferencia que se hizo a los gobiernos regionales no es para imitar. No solo faltó acompañamiento del Gobierno central, sino que tampoco quedó claro qué funciones iba a retener el Ministerio de Salud y cuáles se irían a los GORE, lo que generó una pérdida de la rectoría del Minsa y una dificultad para que las regiones cumplan estrategias nacionales.

“En consecuencia, (para Lima) es algo que debe ocurrir más adelante. No es buen momento para hacerlo”, remarca. Y asegura que los anteriores alcaldes de la capital no aceptaron la transferencia porque -entre otros- no estaban listos para manejarla.

En el mismo sentido, Daniel Alfaro, exministro de Educación y fundador de Pirka Consultoría, comentó que transferir las funciones de educación “no sería prudente”. “Lima Metropolitana fue la región en abrir con más retraso sus escuelas. A diciembre del año pasado, se tenía solo un 2.5% de escuelas con cierto grado de apertura. Se debe fortalecer a la Dirección Regional de Educación de Lima (DRELM), que depende del Ministerio de Educación (Minedu), en vez de hacer cambios que no son prioritarios”, declara.

La cabeza de Sedapal

Forsyth, de ser alcalde, buscaría que la presidencia del directorio de Sedapal sea asumida por un funcionario designado por el Consejo de Regidores de Lima Metropolitana. ¿Tiene sentido?

Francisco Dumler, expresidente del directorio de Sedapal, dice que no. Para efectos prácticos y una coordinación directa con el sector, considera que el presidente debe estar vinculado al Ministerio de Vivienda. “¿Quién tiene más recursos para cerrar brechas?, ¿el ministerio o el municipio? El ministerio puede transferir recursos a Sedapal. El MML no los tiene. Sedapal necesita al ministerio”, dijo.

Centro histórico de Lima

Los tres candidatos ponen sobre la mesa una revisión del Plan Maestro del Centro Histórico de Lima (CHL), y coinciden en que hoy hay demasiadas restricciones para el uso de los inmuebles en dicha zona. El candidato por Podemos Perú, incluso, menciona en su plan que hay “alta dependencia del Ministerio de Cultura, lo cual frena y ahuyenta la inversión privada”.

Frente a ello, buscará cambiar la normativa nacional para tener “menor dependencia del Ministerio de Cultura para promover la inversión privada en el CHL”. “Si creemos que el patrimonio cultural es un estorbo para el desarrollo, esta lógica se podría usar para justificar un hotel frente a Machu Picchu o derribar Chan Chan porque impide el desarrollo de Trujillo”, critica Luis Jaime Castillo, exministro de Cultura.

¿Incentivos tributarios?

Dos candidatos, Urresti y Forsyth, hablan de tributos. El primero propone que mediante una ordenanza se den incentivos tributarios para ordenar y bajar la densidad de la zona comercial del Centro Histórico. También una norma especial con más incentivos para incentivar la reubicación de los comerciantes ambulantes. No especifica en qué consistirían.

Walker Villanueva, abogado tributarista y socio de PPU, explica que esos incentivos tributarios tendrían que estar vinculados, sí o sí, solo con derechos, licencias y arbitrios. Ello porque sobre impuestos, la municipalidad no tiene injerencia (cualquier modificación debe pasar por el Congreso).

Al respecto, el abogado considera que, igual, cualquier incentivo tributario necesita un análisis de cuánto va a costar. Por ejemplo, en el 2019 los ingresos por concepto de arbitrios (servicios de limpieza pública, serenazgo, y parques y jardines) se contrajeron 1.61%.

Forsyth, además, busca impulsar una norma para que las casas de apuestas virtuales tributen el 1% de sus utilidades a la MML y el 1% a las municipalidades distritales donde se haya obtenido licencia de funcionamiento.

Una municipalidad endeudada

Para los gobiernos regionales y locales, el cumplimiento de la Regla Fiscal del Saldo de Deuda Total (RFSDT) se comprueba observando cuánto representa el saldo de deuda total respecto al promedio anual de los ingresos corrientes de los últimos cuatro años. Si el valor es menor o igual al 100%, una municipalidad cumple la regla fiscal.

¿En qué nivel está la municipalidad de Lima? Al 2021, la relación entre deuda e ingresos promedio es de 160.3%. Ello indicaría, en una situación normal, que incumple la regla fiscal.

Que la salud financiera de la MML esté muy por encima de la denominada “zona de peligro” debería ser un tema urgente a considerar por los candidatos a la alcaldía. Sin embargo, vale notar que la comuna capitalina está exceptuada del cumplimiento de las reglas fiscales y de la aplicación de medidas correctivas por parte del MEF.

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