El año 2017 trabajé por algunos meses en Beijing, China. En cada una de las reuniones y actividades a las que asistí, tras enterarse de dónde venía, a los chinos les interesaba que les hablara solo de dos cosas: cerezas y litio. Como de las primeras no tenía mucho que aportar, nuestras conversaciones se basaban principalmente en lo segundo.
A los chinos les costaba entender que por una limitación impuesta el año 79′ y con fundamentos que habían perdido toda vigencia, el desarrollo de proyectos de litio se mantuviese estancado y limitado únicamente a dos empresas que arrendaban concesiones al Estado y a unos pocos titulares de concesiones antiguas. Este sinsentido se agravaba considerando el alza del precio del litio en los últimos años y la fuerte demanda de litio que se proyectaba para los años venideros, dados los avances tecnológicos en múltiples industrias.
Mi respuesta al respecto era siempre la misma: les comentaba que el tema era muy controvertido en Chile, que existía un gran interés por parte de inversionistas locales y extranjeros en entrar a la producción de litio, que en ambientes más técnicos había cierto consenso respecto a la necesidad de definir una política pública nacional que se ajustase a los nuevos tiempos, y que era de esperarse que el gobierno tomase en el corto plazo una posición al respecto, ya que, de lo contrario, Chile perdería mucho terreno en la producción mundial de litio, desaprovechando una gran oportunidad de crecimiento y desarrollo.
Han pasado seis años desde mi estadía en China (y mucho más tiempo desde que el tema comenzó a discutirse en Chile) y mi respuesta seguiría siendo la misma. Salvo un CEOL otorgado por el Estado a una empresa del Estado, y otros procesos licitatorios declarados nulos, no ha habido ningún avance relevante en el tema. El precio del litio se ha disparado, las barreras de entrada siguen existiendo, y el país se ha farreado un período de boom de precio del litio que no se sabe hasta cuándo durará.
El gobierno actual ha venido anunciado desde hace meses que publicará una política nacional del litio, la que se supone considerará, según han declarado, la creación de una Empresa Nacional del Litio, la destinación de recursos para R&D y no descartará la participación de privados. Sin embargo, siguen pasando los meses y todo se mantiene en especulaciones.
Esperemos que el gobierno finalmente publique la tan anhelada política nacional del litio y que ésta sea razonable, ojalá asimilando lo más posible el litio al resto de los minerales concesibles (con un esquema de royalties distintos, si se quiere) y permitiendo la entrada de privados a la industria del litio, en la medida que respeten el alto estándar de exigencias ambientales que actualmente existe.
Felipe Ossa, asociado en Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría.
