Dirigirá el de Antofagasta clave para la minería

En su presentación ante el Senado, Sandra Alvarez, se mostró partidaria de que los tribunales avancen hacia un soft law, para evitar largas judicializaciones.

Hace 15 días el Senado aprobó el 12 de agosto pasado el nombramiento de la abogada Sandra Álvarez (51) como ministra titular del Primer Tribunal Ambiental, quien se transformará además en la primera mujer en presidir uno de los tres tribunales de este tipo que hay en el país, pues el cupo al que llega le corresponde dirigir la instancia por los siguientes dos años.
Así, Álvarez se pone a la cabeza del tribunal de mayor peso económico del país altos flujos de inversión minera que hay en la zona de su jurisdicción, que va desde Arica y Parinacota hasta Coquimbo.
Los otros dos tribunales atienden la zona central (se ubica en Santiago) y la macrozona sur (con sede en Valdivia). Pese a contar con una amplia experiencia en distintas instancias público privadas, Álvarez no es conocida a nivel empresarial ni sectorial por lo que es un misterio el sello que imprimirá a su gestión. “No se conocen publicaciones y aproximaciones propias en materias de derecho ambiental, lo que preocupa al sector minero”, dijo un abogado. Sin embargo, algunas luces dio al presentarse ante la comisión de Constitución del Senado, el 4 de agosto pasado, donde describió su motivación al postular a este cargo. “Calificaría esta institucionalidad de tribunales ambientales como desafiante y perfectible (… ) claramente son un ente regulador que constantemente debería pensar cómo mejor regular”, sostuvo.
En lo desafiante, explicó que se debía principalmente porque en la instancia “confluyen un zoom de intereses públicos, privados, nacionales, de empresas transnacionales y que además son transversales a todos los grupos sociales”, mientras que en lo perfectible dijo que veía posible introducir el concepto de derecho blando (soft law) utilizado en los sistemas europeos, “que básicamente implica que voy a tratar de introducir medidas más blandas que eviten una litigación ounajudicialización que se extienda en el tiempo y que básicamente no beneficia a los intereses comunitarios”. Largo pergamino académico Sandra Álvarez es abogada de la UC -donde entró con un cupo de deportista destacada pues practica atletismo-, además cuenta con varios magíster y diplomados en esa misma casa de estudios y en la U. De Chile, y está cursando estudios de doctorado en derecho, también en la UC. Actualmente, hace clases de derecho administrativo en la U. De Chile y es abogada asesora del ministerio de Defensa (desde 2018), pero antes trabajó en la Subtel, DGA y Contraloría. “Es una persona de muy bajo perfil público, pero de un alto desempeño técnico.
Es una gran conocedora de las reglas aplicables a los litigios públicos, además de gozar de un trato cordial y respetuoso, de modo que será un gran aporte para el funcionamiento del tribunal”, describió el abogado y académico Luis Cordero.
El ex subsecretario de Telecomunicaciones, Pedro Huichalaf, con quien trabajó en la Subtel, la describe como “muy matea” y de un alto perfil técnico, no asociada a una lógica de vinculación política “porque ha trabajado en distintos gobiernos”. Mientras que Matías Desmadryl, ex director de la DGA y hoy socio de PPU, además dice que la recuerda “como una mujer muy estudiosa, con una muy buena formación en derecho administrativo, y con gran capacidad de trabajo”. ¿ Podría ver Dominga? Para Jorge Andrés Cash, de Elías Abogados, el nombramiento de Álvarez “instala ciertas inquietudes e incertezas”, asociadas los complejos litigios del norte entre mineras y y comunidades. “Esto implica que deberá desplegar cualidades que se le desconocen en términos de acercar posiciones y buscar acuerdos y conciliaciones entre las partes. Deberá demostrar capacidades que van más allá de lo que hasta ahora ha sido su carrera profesional, más bien vinculada a tareas administrativas duras”, observa.
Hay varias causas que no aún no avanzan y que ella podría integrar dependiendo del momento en que su nombramiento se haga efectivo, una vez que se publique el decreto en el Diario Oficial y jure ante la Corte Suprema.
Entre ellas, desde el tribunal mencionan la demanda reciente por daño ambiental en contra de minera Cerro Colorado (BHP) y una reclamación de comunidades indígenas en contra del proyecto geotérmico Cerro Pabellón (Enel Green Power y Enap). ¿Podría también caerle encima el polémico proyecto Dominga? Eventualmente sí, si es que una nueva reclamación por la reciente aprobación de la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de Coquimbo, que puede ser reclamada en primera instancia ante el Comité de Ministros y luego al Primer Tribunal Ambiental. Claro que aún están pendientes los fallos de casación ante la Corte Suprema, que podría dejar nula la sentencia del Primer Tribunal Ambiental que retrotrajo el proyecto a la Coeva.