El triunfo del Partido Republicano en la elección de consejeros constitucionales continúa generando repercusiones. Y no solo en materia política, sino también económica y jurídica.
Desde la jornada electoral del domingo 7 de mayo, las consultas de los clientes en las auditoras y estudios de abogados especializados en impuestos se han concentrado en las implicancias que el nuevo panorama traerá para los cambios impositivos en discusión.
Y, en esta línea, las cabezas de las áreas de impuestos de diversas firmas coinciden en que si bien no se modifican las mayorías relativas en el Parlamento tras la elección de consejeros, aquello sí tiene incidencia respecto al marco de negociación en el Congreso de cara a la nueva reforma tributaria que el Gobierno espera ingresar al Senado antes del 30 de junio.
Asimismo, uno de los principales efectos, coinciden en el mercado, es poner en compás de espera las modificaciones al domicilio tributario de varios contribuyentes, a la espera de que se resuelva la nueva reforma y cuál será la “bajada” en materia de impuestos en la potencial nueva Constitución.
“Algunos clientes ya no planean su cambio de domicilio o residencia al extranjero. Sin embargo, los que ya se desplazaron, es difícil que vuelvan y las inversiones en el exterior son un fenómeno que llegó para quedarse”, explica el socio líder de BLTA-SW Chile, Rodrigo Benítez.
El especialista agrega que varias consultas se repiten en torno a dos temas: la probabilidad de que se deseche el impuesto al patrimonio o que en la nueva Constitución se establezca un quórum superior a la mayoría simple para aprobar aumentos de impuestos.
La socia de Tax and Legal de Mazars, Consuelo Muñoz, percibe que continúa el interés por evaluar reorganizaciones empresariales que “minimizan” las operaciones en Chile ante la incertidumbre por las discusiones tributarias y constitucionales. “Sin embargo, éstas no necesariamente se han materializado a la fecha. Ante estos resultados, vemos que los contribuyentes son más cautos al minuto de tomar este tipo de decisiones”, complementa.
Alex Mansilla, partner de Tax & Legal de HLB Surlatina, ha visto una “postergación” en la toma de decisiones, especialmente en lo relativo al cambio de residencia fiscal, “pues se espera que una de las medidas tributarias que ha impulsado con fuerza el gobierno, como el impuesto al patrimonio, dada la nueva correlación de fuerzas, tendrá casi nulas probabilidades de ser aprobada en el Congreso”.
Se moderan expectativas
Otro efecto del escenario post elecciones del 7 de mayo es que entre los contribuyentes y empresas se comienzan a moderar las expectativas de cara a la reforma tributaria, pero todavía con una alta cuota de incertidumbre, agrega el socio de Bustos Tax & Legal, Claudio Bustos.
“Existe, en general, una actitud de cautela y de algo de incertidumbre, la cual, probablemente, se irá disipando con el tiempo en la medida que se vislumbre un proyecto de reforma tributaria que integre también factores de incentivo a la actividad económica, y que excluya iniciativas radicales focalizadas en un sector de la población, como el impuesto al patrimonio, aumento de impuesto a las rentas más altas o gravamen sobre utilidades retenidas”, dice.
Después de las elecciones, a Hugo Hurtado, socio de Tax & Legal de Deloitte, lo han contactado clientes para abordar los efectos en la reforma tributaria, royalty e impuestos correctivos.
“Esa votación podría ser considerada como una señal a no querer cambios tan profundos y eso puede tener un efecto de moderación en -por ejemplo- la reforma tributaria. En efecto, temas que antes hubiesen tenido un largo debate, probablemente ahora no tendrán mucho espacio de diálogo, como el impuesto al patrimonio y a las utilidades retenidas. Por otra parte, la desintegración del sistema es un cambio bastante profundo que probablemente no reunirá los votos suficientes para su aprobación en el Congreso”, complementa.
Las principales dudas de personas y empresas dicen relación sobre si el Gobierno incorporará “nuevas opiniones y visiones” en la reforma tributaria, explica Andrés Ossandón, de Arteaga Gorziglia.
“Se espera que el Gobierno modere sus expectativas de recaudación, y como resultado de acuerdos amplios, incorporé en su agenda tributaria elementos novedosos, no solo asociados a una mayor recaudación sino que también a incentivar ahorro, inversión, I+D y empleo”.
Incertidumbre por la reapertura del proceso
El socio adjunto de Impuestos de EY Chile, Víctor Fenner, es de la opinión que todavía no hay que cantar victoria, debido a que las mayorías relativas en el Parlamento no se han modificado tras el 7M.
“Hay posibilidades que el proyecto constitucional sea de corte minimalista -y, por ende, guarde silencio respecto de aspectos demasiado específicos del sistema tributario-, por lo cual todavía deben pasar muchas cosas antes de afirmar un vuelco en el escenario tributario en Chile”, complementa.
El socio líder de Consultoría Tributaria de KPMG Chile, Andrés Martínez, lo grafica de la siguiente manera: “Si bien hay cierto ambiente positivo post elecciones, la incertidumbre y el proceso de reformas estructurales que está viviendo el país continúan incidiendo en el ánimo de los inversionistas y empresas, por lo que la cautela se mantiene”, agregando que los clientes mantienen la atención en el efectivo cierre del proceso constitucional.
Para el socio de Derecho Tributario y Comercio Internacional de PPU, Mario Silva, dado lo reciente del resultado y que aún no hay indicios seguros del éxito o fracaso del nuevo texto que se propondrá, aún no se ven grandes movimientos de parte de los contribuyentes.
“Temas como la seguridad jurídica, estabilidad a largo plazo, protección de inversiones, son variables tanto o más relevantes que la tributaria, sin perjuicio de lo cual el impuesto al patrimonio, sin duda, es un factor de los que se deben considerar”, argumenta.
Andrés Alessandri, socio de Mena Alessandri & Asociados, argumenta que si bien ha “disminuido” la preocupación respecto de una reforma tributaria “excesivamente agresiva”, se mantiene la “preocupación respecto de la estabilidad social y política del país. En ese sentido, se mantiene un grado de incertidumbre post estallido social”.
