Sector minero-energético: llegó el momento del balance

“La estrategia no ha sido buena para mí”. Esta fue la frase que dijo el automovilista Lewis Hamilton en el gran premio de Miami (EE UU). Parece ser la frase que explica al sector minero gobierno tras gobierno. En menos de 100 días, los colombianos tendremos nuevo Presidente y congresistas.

Alejándonos de las discusiones electorales, vámonos a la arena de lo programático. Para esto, considero que, para evitar el “síndrome de Adán”, debemos ver cómo le fue al sector minero frente a lo que el actual Gobierno prometió y plasmó en los objetivos incorporados en el Plan Nacional de Desarrollo (PND).

Objetivos

Los dos objetivos del sector eran: (i) consolidar el sector minero-energético como dinamizador del desarrollo de territorios sostenibles y (ii) promover el desarrollo y la competitividad de la industria minero-energética. De manera transversal, se propuso fortalecer la institucionalidad y la coordinación minero-energética, ambiental y social del país. Para presentar un balance de cómo le fue al sector, tomemos algunas de las estrategias planteadas. Ubicándonos desde 100.000 pies de altura, el balance de cumplimiento de las estrategias resulta positivo; procedimentalmente se cumplió, debemos reconocer que los equipos de las entidades han sido juiciosos y meticulosos en hacer una verdadera transformación con pandemia y todo. No obstante, estamos corriendo con “Virtual Safety Car”.

Según el PND, las entidades pondrían en marcha un nuevo modelo de relacionamiento con los entes territoriales, basado en los principios de coordinación y concurrencia. Si bien diseñaron estrategias para mejorar la relación entre los actores, los conflictos siguen presentes. Por ejemplo, a pesar de tener un incremento en el precio del carbón durante los dos últimos años, la producción de carbón ha caído entre un 20 % y 30 %. Hoy, el país no puede aprovechar la bonanza.

También se resalta la estrategia activa de la Agencia Nacional de Minería en las regiones, que propició un acercamiento con los territorios desde el nivel central. Sin embargo, estamos en mora de tener la ley de coordinación y concurrencia, la cual debe darnos un marco claro de participación y aterrizar las expectativas de las comunidades.

Cada inicio de Gobierno, el sector recibe un respaldo, sin embargo, la sensación es que todavía falta mucho. Los problemas parecen ser más profundos. Tenemos un Fórmula 1 (F1) que está a 10 segundo de su competencia, que tiene problemas de balance y diseño, y que requiere de muchísimo desarrollo.

Regalías

Otra de las estrategias del Gobierno era que el Departamento Nacional de Planeación (DNP) fortalecería las capacidades de los actores regionales y territoriales para la estructuración de proyectos con dinero de las regalías. Este es un punto clave, por cuanto las regiones empezarían a ver el impacto positivo de la actividad minera. Efectivamente, el DNP realizó una tarea de dotar de capacidades a estos actores, pero, de acuerdo con información de la misma entidad, todavía había 19 billones de pesos sin usarse, de 22 billones. Esto es gravísimo, porque si las regiones no ven el impacto, no podemos decir que la minería es buena para país y para las regiones.

Por el lado de la informalidad también se hicieron esfuerzos. El primer avance, el contrato con enfoque diferencial, se empezó a otorgar este año. Aún no hay manera de determinar sus efectos, pero, sin lugar a dudas, es un logro. Hay que aplaudir el esfuerzo por seguir con la tarea de la legalización, tarea nada fácil en Colombia.

Acceso al crédito y modernidad

No es un secreto que el acceso al sistema financiero y al crédito es un reto. En este frente, las entidades mineras activaron lo que en F1 se conoce como el DRS, que es un mecanismo que permite a los pilotos abrir el alerón trasero para alcanzar una mayor velocidad. Se desplegaron un sinfín de acciones para impulsar la inclusión financiera del negocio minero: hubo acercamientos con la banca, se diseñaron mecanismos para el intercambio de información y herramientas de conocimiento del sector minero para entidades financieras, se impulsaron controles para riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (LAFT) en la autoridad minera y se expidió la ley por medio de la cual el sector minero colombiano puede acceder a los servicios del sistema financiero y asegurador nacional.

En la senda de la gestión ágil y moderna del sector, el Gobierno avanzó a pasos agigantados en relación con su punto de origen. Si bien hoy las entidades de gobierno no tienen el mejor carro de la temporada, en este punto estamos cerca de competir por la pole. Se expidió el estándar de recursos y reservas: era un campo en el que estábamos en mora respecto a los países mineros. Este año será un reto para la mediana minería y, el próximo, para la pequeña.

Hoy, ya no es optativo, sino obligatorio que el Gobierno tenga datos e información y que esta última sea abierta y de acceso al público. Por esto, lo que logró la autoridad minera es de aplaudir. Creo que esto se logró porque se dio una continuidad en las estrategias planteadas con antelación. Varias de las promesas que se cumplieron fueron: la implementación en los proyectos de interés nacional de herramientas para el control a la producción; la implementación del nuevo catastro minero colombiano; el expediente minero; el proyecto Génesis, para la inscripción de mineros de subsistencia y aprobación por parte de los alcaldes municipales, y el lanzamiento, por fin, de las rondas mineras.

Tecnología y trámites

Creo que seguimos cortos como sector en implementación de tecnología, pero vamos en camino. Ojalá se profundice y se pongan en funcionamiento todos los módulos de AnnA Minería y su articulación con el catastro multipropósito, así como que el expediente minero digital sea accesible por todos.

Por el lado de trámites, hubo varios cambios. Primero, se ajustaron las normas aplicables a mecanismos de otorgamiento de derechos, su modificación, las prórrogas de cualquier régimen, la cesión de derechos y la obtención de servidumbres. No podemos negar que hay avances, que se han estado resolviendo los trámites. Los principales efectos de los cambios es que se aumentó la agilidad, pero, como el equipo de Mercedes de este año, todavía queda por mejorar. Con la caída de algunos artículos ante la revisión de la Corte Constitucional, se generaron traumatismos que parecen innecesarios en términos de seguridad jurídica y transparencia, por ejemplo, con la liberación de área.

Un punto flaco

Finalmente, queda el punto más flaco: la articulación entre los sectores minero-energético y ambiente. En los trámites como otorgamientos y modificaciones de instrumentos ambientales, la relación ante las corporaciones sigue siendo difícil. Hubo un avance en sustracción.

Quiero hacer una mención sobre dos temas. El primero es el Plan Integral de Gestión de Cambio Climático, equidad de género y acciones contra el cambio climático con más de 39 empresas participando y, el segundo, el enfoque de género en el sector, donde desde el minuto cero el Ministerio de Minas y Energía hizo un trabajo riguroso y novedoso de la incorporación de este asunto como un tema relevante y no accesorio para el sector.

Ojalá el nuevo Gobierno y el Congreso no pierdan el rumbo que ya ha tomado este sector, pero, sobre todo, que no se avergüencen del mismo: “no pueden patear la lonchera”, de la que podrían obtener los recursos para implementar las promesas que costarían cerca de 40 billones de pesos. Actualmente, las empresas del sector operan y hay condiciones para que los empresarios mineros mantengan y aumenten sus operaciones, pues no hay compañías que no quieran mejorar. Esperemos que, en el 2026, podamos hacer un balance en este sentido.

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