PPU, WDR y AIH realizaron el evento “Liderazgo femenino: desafíos y oportunidades” en el ámbito legal
El evento reunió alrededor de 70 abogadas de ambas asociaciones, que llegaron hasta las oficinas de PPU. El pasado jueves 17 de octubre, en las oficinas de Philippi Prietocarrizosa DU & Uría (PPU) se realizó el evento organizado en conjunto por Women in Dispute Resolution Chile (WDR Chile) y Abogadas In House Chile (AIH). Bajo el tema central “Liderazgo femenino: desafíos y oportunidades”, esta iniciativa reunió por primera vez a ambas organizaciones, quienes comparten el objetivo común de potenciar el talento femenino en el ámbito legal. El evento reunió alrededor de 70 abogadas de ambas asociaciones, que llegaron hasta las oficinas de PPU donde fueron bienvenidas por Manuela Cross, directora del área de Resolución de Conflictos de PPU. “Estar aquí reunidas nos llena de entusiasmo y optimismo por el futuro de las mujeres en la industria legal, con el que PPU está comprometido”, afirmó Manuela Cross. La expositora principal de la jornada fue la reconocida empresaria Alejandra Mustakis, una pionera del emprendimiento en Chile y ex presidenta de la Asociación de Empresarios de Chile. Alejandra, cofundadora de empresas innovadoras como 1ko, IF y Modular, compartió sus experiencias y aprendizajes sobre liderazgo y emprendimiento, inspirando a las asistentes con sus palabras y su visión. El diálogo continuó en una sesión de preguntas liderada por Francisca Ossa, cofundadora de WDR Chile. AIH destacó la importancia de estos espacios: “La oportunidad de escuchar a Alejandra Mustakis, referente fundamental en materias de liderazgo, nos impulsa a fomentar nuestro propósito y potenciar los encuentros con organizaciones como WDR. Este tipo de iniciativas no solo empoderan a las mujeres en nuestra profesión, sino que también impulsan el sentido de AIH”. El evento cerró con un cóctel, donde las asistentes pudieron conectar, intercambiar ideas y profundizar sobre los desafíos y oportunidades que enfrentan las mujeres en el mundo jurídico. “Fue un cierre lleno de sinergia, que sin duda dejó sembrada la inspiración para el futuro del liderazgo femenino en el ámbito del derecho”, comenta el Comité Ejecutivo de WDR Chile.
Sentencia Favorable: Declaran Inconstitucional el Artículo 252 del Plan Nacional de Desarrollo
Nuestros abogados Luis Fernando Macías y Santiago Cruz, de la práctica de acciones públicas, obtuvieron una sentencia favorable en la acción pública de inconstitucionalidad que presentaron en contra del Artículo 252 de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo. La norma ampliaba las facultades de la Superintendencia de Transporte para ejercer inspección, vigilancia y control sobre, entre otros, zonas de enturnamiento e infraestructura fluvial y marítima no concesionada, así como sobre agentes marítimos y líneas navieras. La Corte Constitucional por unanimidad decidió que la norma violaba el principio de unidad de materia y que la regulación de las competencias de la Superintendencia de Transporte debía realizarse a través de ley ordinaria. Conoce más aquí:
Nuevos Proyectos de Ley afectan labor de jueces y fiscales y ponen en peligro el sistema democrático
El Congreso viene tomando los reflectores por las modificaciones al Nuevo Código Procesal Constitucional y a diversas normas penales. En dicho contexto, la bancada Perú Libre ha presentado cinco proyectos de ley que afectan la labor judicial y fiscal: El Proyecto de Ley N.° 08657/2024-CR propone modificar la Ley N.° 29277, Ley de la Carrera Judicial, y la Ley N.° 30483, Ley de la Carrera Fiscal, a fin de que sean automáticamente destituidos los jueces que acumulen 10 autos o 5 sentencias revocadas o anuladas y los fiscales que acumulen 10 acusaciones con pronunciamiento absolutorio. Este proyecto compromete la independencia judicial, pues la reversión de decisiones no necesariamente se debe a un desempeño deficiente. Surge el riesgo de que se penalicen las diferencias interpretativas y se desincentive a los jueces y fiscales a adoptar medidas que consideren controversiales, aunque correctas. El Proyecto de Ley N.° 8678/2024-CR propone modificar el Reglamento del Congreso a fin de crear una Comisión de fiscalización de jueces y fiscales dentro del Poder Legislativo. Este proyecto genera el riesgo de que la fiscalización congresal sea utilizada como una herramienta de presión política. Además es redundante, pues la labor de los jueces y fiscales ya es fiscalizada por las Autoridades Nacionales de Control del Poder Judicial y del Ministerio Público, además de las evaluaciones de desempeño de la Junta Nacional de Justicia. El Proyecto de Ley N.° 8694/2024-CR propone, entre otros, que el Presidente del Poder Judicial no sea elegido por la Sala Plena de la Corte Suprema, sino que sea un cargo asumido por el Juez Supremo Titular más antiguo y que este, así como el Fiscal de la Nación, cesen en sus cargos de Juez Supremo y Fiscal Supremo, respectivamente, al culminar sus periodos de gestión. Esta propuesta agrava el problema de la provisionalidad de jueces y fiscales al forzar el cese de magistrados supremos con experiencia que podrían continuar con sus funciones. Lo más peligroso, sin embargo, es que se dispone el cese inmediato de los magistrados que han encabezado sus instituciones, lo que afectaría a 3 Jueces Supremos y a 2 Fiscales Supremos. Esto último dejaría a la Junta de Fiscales Supremos con solo 2 integrantes, paralizándola en tanto se realiza el proceso de selección de nuevos Fiscales Supremos. El Proyecto de Ley N.° 8913/2024-CR propone modificar los artículos 96° y 154° de la Constitución a fin de que los congresistas se encuentren habilitados para requerir “informes documentados” de toda entidad pública o privada, incluyendo procesos judiciales e investigaciones policiales o fiscales en curso, aunque sean reservadas. Conforme a este proyecto, los funcionarios están obligados a enviar información sobre los procesos en curso dentro del plazo de 10 días o, de lo contrario, incurrirá en falta muy grave. El que puedan acceder libremente a información sobre procesos e investigaciones en curso puede generar presiones políticas indebidas. El Proyecto de Ley N.° 9171/2024-CR propone modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial a fin de eliminar el control difuso de la constitucionalidad contra las leyes del Congreso. Bajo esta propuesta, las Salas Superiores y la Corte Suprema, al conocer un caso donde consideren que una ley del Congreso es incompatible con la Constitución, deberán suspender el proceso y formular cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, el que determinará si la ley debe ser inaplicada o no. Esta propuesta es contraria al sistema de control dual de constitucionalidad fijado por la Constitución, donde todos los jueces deben inaplicar las normas legales que sean inconstitucionales al caso que conocen (control difuso y concreto) y el Tribunal Constitucional tiene el poder exclusivo de expulsar del ordenamiento las normas que sean inconstitucionales en general (control concentrado y abstracto). Además, si se pretende cambiar a un sistema de control concentrado, correspondería que este se aplique a toda norma legal y no solo a las leyes del Congreso, las que pasan a tener un trato privilegiado en comparación con los Decretos Legislativos, Decretos de Urgencia y Ordenanzas regionales y municipales. Las funciones de jueces y fiscales se legitiman desde el derecho y, como tales, sirven de contrapeso a la política en la construcción de la democracia. Por ende, el recorte de funciones de control constitucional y el incremento de la injerencia política sobre los magistrados que estos proyectos proponen tendría un impacto significativo y peligroso sobre el sistema constitucional. Es por ello que consideramos de vital importancia mantenernos atentos a su desarrollo.
Luis Luna
Miembro del equipo de Resolución de Conflictos. Su ejercicio profesional se centra en la defensa en procesos judiciales y arbitrales. Cuenta con experiencia en el patrocinio de procesos judiciales civiles, comerciales y contencioso-administrativos, así como en arbitrajes comerciales y de construcción y en la asistencia a tribunales arbitrales.
Manuel Triviño
Miembro del equipo de Resolución de Conflictos. Su ejercicio profesional se centra en litigios, arbitrajes y en los demás medios alternativos de resolución de conflictos. Particularmente, cuenta con experiencia en el trámite de recursos extraordinarios ante las altas cortes colombianas y trámites arbitrales tanto nacionales como internacionales.
Gonzalo Palao
Miembro del equipo de Resolución de Conflictos. Su práctica profesional se centra en el diseño y ejecución de estrategias de prevención y solución de controversias en el marco de procesos judiciales y arbitrajes. Cuenta con experiencia en litigios de alta complejidad en derecho constitucional, regulatorio, civil y comercial. Asimismo, brinda consultaría en materia constitucional a diversas instituciones públicas y empresas nacionales y extranjeras.
Carlos Weston
Miembro del equipo Corporativo/M&A y Resolución de Conflictos. Su ejercicio profesional se centra en derecho de contratos y arbitrajes, con experiencia en la estructuración, elaboración y negociación de todo tipo de contratos, habiendo actuado como asesor legal y negociador tanto para propietarios como para contratistas, subcontratistas y prestamistas. En lo individual, su experiencia incluye elaboración de acuerdos de financiamiento y transacciones corporativas, vinculándose más que todo en acuerdos de infraestructura y en el campo del derecho de la construcción.
Eduardo Villagra
Miembro del equipo de Resolución de Conflictos. Concentra su práctica en litigios penales y de responsabilidad penal de las personas jurídicas, con especial énfasis en materias sobre delitos económicos, delitos contra la propiedad y el patrimonio. Asimismo, cuenta con experiencia en el diseño e implementación de modelos de prevención del delito al tenor de lo dispuesto en la Ley N°20.393.
Pablo Villachica
Miembro del equipo de Resolución de Conflictos. Su ejercicio profesional se centra en las áreas de derecho civil, procesal civil, arbitraje y contrataciones con el Estado.
Jessica Morales
Miembro del equipo Corporativo/M&A. Su práctica profesional se centra en asuntos de diversa naturaleza y complejidad, principalmente asesorando a empresas del área automotriz, industrial y financiera en materias contractuales, de responsabilidad civil, resolución de conflictos y en procedimientos concursales. A su cargo se encuentra un equipo especializado en el ejercicio de acciones extrajudiciales y judiciales destinadas a la recuperación de créditos, bienes y ejecución de garantías reales y/o personales. Con más de 20 años de ejercicio profesional en materias civiles, comerciales, inmobiliarias y judiciales.
