Especialistas del sector advierten que medidas aprobadas y propuestas elevan los costos laborales y pueden tener un efecto negativo en la generación del empleo formal.
La Agenda 19 fue presentada en septiembre pasado por Iber Maraví, entonces ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, como la hoja de ruta que seguiría el Gobierno en materia laboral. El documento fue debatido y aprobado entre representantes del Ejecutivo y de centrales sindicales peruanas, sin la participación del sector privado.
A pesar de que el Gobierno de Pedro Castillo anunció que ya había cumplido con diez de los 19 puntos en agenda, son tres los que se siguieron al pie de la letra. Durante el primer año de gestión se derogó el Decreto de Urgencia que permitía la suspensión perfecta de labores debido a la emergencia sanitaria, se incrementó la remuneración mínima vital a S/1.025 y se emitió el decreto supremo que modifica la ley de relaciones colectivas de trabajo, reduciendo restricciones para la realización de huelgas y fortaleciendo el poder de los sindicatos.
Otras seis medidas se encuentran en proceso. La Ley General de Trabajo no fue aprobada en los términos planteados por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), sino que hoy está siendo debatida en el diálogo tripartito del Consejo Nacional de Trabajo (CNT). Por otro lado, la agenda 19 planteaba la prohibición de la tercerización de servicios laborales. El Ejecutivo, de momento, aprobó la restricción de esta modalidad de contratación en las áreas nucleares de los negocios.
Otros acuerdos que se encuentran en carpeta son la adscripción de Servir al MTPE, el aumento de las pensiones en la ONP, la condonación de horas de licencia para el grupo de riesgo en el sector privado a consecuencia de las licencias otorgadas durante la emergencia sanitaria y la vacunación de la totalidad de trabajadores presenciales.
Julio Lira, el tercer titular de la cartera de Trabajo en lo que va del Gobierno, anunció el 30 de mayo pasado que el ministerio seguirá la ruta de la agenda 19.
“Vamos a continuar con el trabajo que han venido realizando mis antecesores, tocando los temas en materia laboral, como la agenda 19, el Código de Trabajo y también el dialogo social tripartido, entre trabajadores, empleadores y el Estado”, indicó.
Enfoque
Según especialistas consultados, el enfoque de las medidas priorizadas por el Ejecutivo no busca la promoción del empleo formal y que responden a propuestas de campaña más que a criterios técnicos.
“El Gobierno tiene una agenda laboral de carácter predominantemente político y no ha ido de la mano con un análisis técnico que favorezca la promoción del empleo en general. Así, podríamos hablar de improvisación y de decisiones poco sustentadas técnicamente”, afirmó Diego Castillo, socio del estudio Hernández y Cía.
Para Cesar Gonzales Hunt, socio de Philippi Prietocarrizosa Ferrero Du & Uría, las medidas planteadas por el Gobierno fortalecen los derechos del trabajador formal, dejando de lado al 76% de la población económicamente activa (PEA) que labora en el mercado informal.
“Si el 76% trabaja en la informalidad, debería ser una tarea ineludible del Gobierno realizar políticas públicas que permitan reducir esta lamentable situación, pero la realidad nos muestra que las iniciativas están alejadas de este propósito” señaló.
Así, regular la tercerización laboral, aumentar el salario mínimo y el incremento de costos derivados a los riesgos de más huelgas terminan elevando las barreras para que los trabajadores accedan al empleo formal.
“Lejos de proponer la formalización laboral, lo que generan estas propuestas es incrementar los costos laborales en el sector formal, fomentando las contrataciones de trabajadores informales. Los mayores costos pueden llevar a un número considerable de empresas pequeñas y micro empresas al lado informal al no poder costear los cambios”, agregó Gonzales Hunt.
A pesar de que el Gobierno busca defender a los trabajadores, la agenda 19 termina siendo una hoja de ruta que aleja la confianza del mercado para la generación de nuevos puestos de trabajo formales, afirmó Franco Muschi, profesor de ESAN Business Law.
“Ante tantas restricciones, el empresario prefiere no contratar, no meterse en el problema de contratar porque si llega a tomar la decisión de no continuar con un vínculo laboral no sabrá cómo salir de ese problema. Además, con el contexto internacional, la inflación, el precio de la gasolina, la confianza de los empresarios por invertir sigue siendo baja”, señaló Muschi.
A largo plazo, la confianza solo podría ser recuperada a través de un análisis más profundo de las medidas laborales que se aprobarán, además de la inclusión de las mismas dentro del diálogo tripartito. Sin embargo, las decisiones del Gobierno en el sector no permiten presagiar un cambio de rumbo.
“Lo mínimo que podría hacer la cartera de Trabajo es pasar las propuestas por consulta en el CNT. Muchas propuestas del Gobierno no cumplen con estándares de constitucionalidad y ya hay personas jurídicas que acuden a la vía judicial por estas situaciones. Todo depende de la voluntad política, pero hoy se ha pasado por alto de manera grosera al CNT en la revisión de políticas tan importantes como las restricciones en la tercerización”, sentenció Castillo.
Datos
-Según el INEI, entre abril del 2021 y marzo del 2022 el empleo formal en Perú se ubicó en 23,9%. En el área urbana se llegó al 29,4%, mientras que en el área rural solo el 4,7% de los empleos son formales.
– En el área urbana del país hubo 13′519.100 trabajadores en dicho periodo de tiempo. Solo 3′969.500 eran formales.
