Apuntes sobre la informalidad laboral y el Anteproyecto de Código del Trabajo

En el mercado laboral peruano, alrededor del 77 % de la Población Económicamente Activa (PEA) labora en informalidad. / Unslapsh, Josh Olalde.

En el mercado laboral peruano, alrededor del 77 % de la Población Económicamente Activa (PEA) labora en informalidad. / Unslapsh, Josh Olalde.

Las iniciativas del gobierno nacional, lejos de promover mecanismos de formalización del mercado laboral, impulsan propuestas normativas que generarán el incremento de los costos laborales en el sector formal de la economía.

La conmemoración del Día Internacional del Trabajo —que reivindica la lucha de los trabajadores por sus derechos laborales— constituye una buena oportunidad para aproximarnos al estado de la cuestión en el Perú, a efectos de apreciar si su protección es adecuada y cuál es la proyección del Gobierno nacional.

En el mercado laboral peruano, alrededor del 77 % de la Población Económicamente Activa (PEA) labora en informalidad, esto es, sin reconocimiento de ningún derecho laboral. Por ello, en buena lógica, un tarea ineludible del Poder Ejecutivo sería enfocarse en desplegar políticas públicas tendentes a reducir esta penosa situación.

Desafortunadamente, la realidad nos muestra que las iniciativas del Gobierno están alejadas de este propósito y, por el contrario, lejos de promover mecanismos de formalización del mercado laboral, impulsan propuestas normativas que traerán como consecuencia el incremento de los costos laborales en el sector formal de la economía. Por ende, se desalentará la formalización y, es probable, habrá desplazamiento de un considerable porcentaje de micro y pequeñas empresas hacia la economía informal por la imposibilidad de asumir mayores costos laborales que, actualmente, asumen con grandes dificultades. Precisamente, la mayor actividad empresarial en nuestro país la desarrollan estas empresas.

Por ejemplo, la reciente presentación del Anteproyecto de Código de Trabajo (ACT), promovida por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), enunciada con el propósito de integrar en un mismo cuerpo a la (dispersa) legislación laboral existente, contempla modificaciones sustantivas, cuya implementación impactaría directamente en los costos asociados al trabajo, como la extensión de derechos en la contratación a tiempo parcial, la prohibición de la tercerización con destaque continuo de personal a la empresa principal, la eliminación del monto máximo de la indemnización por despido y la eliminación de la contratación temporal por incremento de actividad, sin mencionar las medidas que impactan en materia de sindicación, así como la preocupante facilitación del ejercicio del derecho de huelga que, a su vez, desalentará la incorporación de empresas que operan en la informalidad al sector formal y desplazarán a micro y pequeñas empresas a la informalidad.

Resulta evidente que el reconocimiento de mayores derechos, como la indemnización por despido a los trabajadores a tiempo parcial, generará mayores obligaciones dinerarias a los empleadores, al igual que la eliminación del tope de 12 remuneraciones en caso de indemnizar por despido, pues llevaría a que se aplique sin límite alguno sobre la base de un pago de 1,5 remuneraciones por cada año de servicios.

A ello se suma la cuestionable propuesta de eliminar la tercerización interna, que ha permitido la especialización de la empresa en el núcleo de su negocio con múltiples efectos positivos en la organización empresarial y proyección de servicios a empresas terceras, lo que genera mayor empleo en la formalidad, así como la inconveniente eliminación del contrato temporal por incremento de actividad. Esta última modalidad habilita al empresario a atenuar el riesgo del negocio, sabiendo que si la búsqueda de nuevos mercados no resulta exitosa no solo no se concretarán estos, sino que habrá un mayor número de trabajadores permanentes que, en muchos casos, no tendrán labor efectiva que desarrollar.

Como puede apreciarse, la cristalización de esta iniciativa legislativa bien podría verse acompañada por el siguiente slogan: ¡más derechos para menos trabajadores!

Además, lejos de canalizar su propuesta a través de la vía institucional del tripartismo presente en el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE), el ACT ha sido sometido directamente a consideración de la población en general, minimizando el trascendente rol que tiene atribuido este foro como mecanismo de consenso entre trabajadores, empleadores, Estado y sociedad civil. Esperemos que dicho proceder no sea preludio de un rápido paso por la instancia del CNTPE, solo para cumplir con la presentación y evitar la búsqueda del necesario consenso que requiere una norma de capital trascendencia como esta. No olvidemos que la mejor norma es aquella que es producto de su discusión y acuerdo entre las partes involucradas.

Respecto de los derechos previsionales de los trabajadores, la mirada de su actualización es igualmente sombría. Si bien las sucesivas normas sobre el retiro parcial de los fondos pensionarios en el Sistema Privado de Pensiones (SPP) han generado un alivio transitorio a la economía familiar, inexorablemente han de afectar fatalmente las pensiones de los partícipes de dicho sistema pensionario. El slogan que en esta materia podrían compartir el Congreso de la República y el Poder Ejecutivo es: ¡pan hoy, hambre mañana!

Como puede apreciarse en esta apretada síntesis de los derechos laborales y previsionales que conciernen a los trabajadores en el Perú, este 1 de mayo antes que razones para conmemorar esta festividad tenemos válidos motivos de gran preocupación en torno al rumbo que viene tomando la política laboral del Gobierno Nacional.  

* César Gonzales Hunt es socio de Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría, cuenta con Maestría en Estudios Avanzados en Seguridad Social por el Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social (CIESS) y con Maestría en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social por la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde actualmente es docente.

Compartir: