El contexto político y social por el que atraviesa Chile ha abierto una discusión que se creía zanjada acerca de la contribución de la industria minera al país. Ello, aprovechando el ciclo de precios de los commodities mineros al alza y el proceso constituyente en curso.constituyente
Primero, hablando de “devolverle al Estado lo que es suyo”, cuando efectivamente el Estado ya es dueño de las minas; principio que se encuentra consagrado en nuestra Constitución. Y luego, proponiendo un alza del impuesto específico a la minería con el objeto de financiar los problemas sociales y económicos que enfrenta actualmente nuestro país.constituyente
Pero, hagámonos la siguiente pregunta: ¿castigar a la minería es realmente la solución? Hablamos de una actividad económica que es en esencia riesgosa e incierta en todas sus fases y efectivamente donde es el concesionario – y no el Estado – quien asume todos esos riesgos, ¿Podría el Estado asumir directamente dichos riesgos? ¿Tiene el Estado los recursos suficientes para hacerlo? ¿Podría el Estado haberlo logrado sin el concurso de los privados? Esto bajo el contexto de que la minería privada en Chile representa más del 50% de la actividad minera del país.constituyente
Quizás se plantea esta discusión porque la minería está nuevamente en auge después de casi una década en estancamiento o, quizás y más grave aún, – por un anhelo de reivindicación e ideológicamente cargado sobre la propiedad de estos recursos y su destino.
¿No será mejor enfocarnos en una manera más eficiente de distribuir estos recursos y así incentivar el desarrollo de la actividad minera? ¿No será mejor promover ideas que hagan al Estado más eficiente en el desarrollo de esta actividad? No olvidemos que Chile ya es uno de los países con las tasas más altas de impuestos a la minería a nivel mundial, siendo la actividad minera un aporte importante del PIB, lo que ha logrado contribuir enormemente en el desarrollo y crecimiento de nuestro país.
