Este artículo tiene como punto de partida el statu quo de la discusión sobre la naturaleza del procedimiento contencioso por casos de colusión, en la jurisprudencia chilena. Luego, efectúa una breve revisión comparada de los derechos de quien se encuentra en la posición de requerido o acusado, dando cuenta de la compleja coexistencia de las garantías y el derecho a defensa de quienes son recurridos por el ente persecutor, respecto de la prohibición de la autoincriminación y sobre garantías relacionadas al acceso a la prueba. Para los autores, la admisión de garantías derivadas del proceso penal es hoy aún más necesaria, en especial respecto de conductas colusorias, dada la posibilidad de recibir sanciones penales.
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